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La Justicia dispuso que el Gobierno de la Ciudad externe y reubique a unos once pacientes con padecimientos mentales que permanecen alojados en un instituto neuropsiquiátrico denunciado por irregularidades graves. La medida se adoptó a raíz de una medida cautelar presentada por la Asesoría General Tutelar porteña. “Desde hace años venimos intimando al gobierno que dé de baja el contrato con esa institución, a raíz de las condiciones indignas y aberrantes en las que estaban alojados niños, jóvenes y adultos”, dijo a Página/12 la asesora tutelar Mabel López Oliva.

El juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Nº 13, Guillermo Scheibler, hizo lugar a una medida cautelar y ordenó que el gobierno porteño suspenda el ingreso de los pacientes derivados por sus organismos a las diferentes sedes del Instituto de Psicopatología Nuestra Señora de Luján y dispuso que “con carácter urgente adopte las medidas pertinentes para que en un plazo máximo de 30 días proceda a la externación y reubicación” de las personas allí internadas.

“El Gobierno de la Ciudad terceriza la atención de pacientes de salud mental porque no siempre alcanzan las vacantes en las instituciones públicas, pero no hace una supervisión seria de las condiciones en que son tratados estos pacientes una vez derivados”, advirtió López Oliva. “Y si no controla, es cómplice del maltrato.”

El recurso fue presentado por López Oliva, con el respaldo de la asesora general tutelar, Laura Musa, el 18 de febrero de 2013, con el objetivo de que el gobierno “cumpla con su obligación de garantizar el derecho a la protección y cuidado integral de la salud mental de niños, niñas y jóvenes que viven actual o potencialmente” en el establecimiento.

“Los pacientes estaban internados en condiciones de hacinamiento, en un lugar con mal olor; algunos estaban desnudos y otros con ropas inadecuadas”, relató López Oliva a este diario. “Se detectó un exceso de medicación psiquiátrica, porque la medicación es la única herramienta terapéutica que reciben; no hacen actividades, no tienen vinculación familiar, y hay una insuficiente cantidad de enfermeros, uno para treinta pacientes”, agregó la defensora, que visitó en numerosas ocasiones el lugar. También se encontraron “pacientes atados con sábanas a una cama o con ropas sujetadas con cinta de embalar”, entre otras situaciones degradantes.

“Venimos insistiendo al Gobierno de la Ciudad, desde hace años, que rescinda el contrato con esta institución, pero hizo caso omiso. Por eso decidimos reunir todas las pruebas y hacer la presentación judicial”.

Según la asesora, ésa no es la única institución contratada por el Gobierno de la Ciudad que presenta irregularidades. “En febrero presentamos una cautelar contra el Centro de Asistencia Preventiva Púrpura, donde hay 25 niños y jóvenes internados en condiciones indignas”, informó. A diferencia del Nuestra Señora de Luján, donde hay internados de obras sociales y privados, Púrpura sólo trabaja con derivados del Estado porteño.