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El caso de las hermanas Ailén y Marina Jara remite a otros, donde mujeres jóvenes y pobres pasan de víctimas a victimarias, a partir de la mirada sexista y discriminatoria de un aparato policial/judicial que naturaliza e invisibiliza la violencia de género y devalúa las voces femeninas que se animan a defenderse de la opresión masculina.

En Jujuy, Romina Tejerina fue condenada a 14 años de cárcel en 2005 por matar a la beba que acababa de dar a luz, después de ocultar el embarazo, que ella dijo –y ni la policía ni la Justicia le creyó– había sido producto de una violación perpetrada por un vecino. ¿Cómo probar si una relación sexual fue consentida o forzada si a veces para evitar mayor violencia, para sobrevivir al ataque, en un punto la resistencia cede? Es una palabra contra la otra: y la policía y ciertos jueces y juezas pareciera que prefieren estigmatizar a esas mujeres antes que creerles. Ni siquiera se investigó en profundidad su versión de los hechos. Para la Justicia jujeña, Tejerina fue una mentirosa.

Las hermanas Jara alegaron que se defendieron de Juan Leguizamón, porque las acosaba hacía tiempo, que le tenían miedo, que era violento e iba armado. El Tribunal en lo Criminal N 2 de Mercedes no tuvo en cuenta esa historia de agresiones porque dijo que fue relatada a destiempo, que no estuvo en sus primeras declaraciones. ¿El hecho de que hayan optado por contarla más tarde la convierte en una versión menos creíble? Los jueces lanzaron un manto de sospechas sobre las organizaciones de derechos humanos y de mujeres que acompañaron el reclamo de absolución de las dos jóvenes, poniendo el énfasis en ese aspecto, como si hubieran inventado la cuestión de la violencia de género para mejorar la situación procesal de las jóvenes, que estuvieron más de dos años presas, acusadas de tentativa de homicidio. Para el Tribunal de Mercedes, las hermanas Jara mintieron. Tampoco la Justicia de Tucumán creyó a las jóvenes que habían estado esclavizadas en los prostíbulos de La Rioja, en donde vieron secuestrada a Marita Verón. Su palabra también fue devaluada y ellas estigmatizadas como putas mentirosas. Víctimas de violaciones sucesivas, de tratos inhumanos, sus relatos fueron considerados incongruentes y, por tanto, no verídicos. Muchas veces, tampoco cree la Justicia penal a las madres que acompañan a niños y niñas que denuncian incesto y las acusan de manipular a sus hijos para que acusen al padre en disputas por tenencia y divorcios conflictivos. Las señalan como madres mentirosas, impulsoras de denuncias falsas.

Las hermanas Jara, como Romina Tejerina, salen del estereotipo de las víctimas sufrientes. Ailén y Marina son pintadas en el fallo por la jueza María Graciela Larroque –a cuyo voto adhirieron los otros dos integrantes del Tribunal– como matonas, prepotentes, violentas. Tejerina encarna el peor modelo de mujer: aquella que mata a su propio hijo. No son víctimas amigables. ¿Esa característica influye para que la Justicia les crea menos? Las hermanas Jara alegaron que atacaron a Leguizamón en legítima defensa. Tejerina se defendió diciendo que había visto en la cara de la beba la de su violador y se desbordó al punto de darle muerte a la criatura a puñaladas. Pero ni a unas ni a otra les creyeron. Desde la instrucción, las pesquisas apuntaron a otras hipótesis: la que armó la policía: las hermanas Jara y Tejerina no habían sido víctimas.

Hay algo que ciertos jueces y juezas no llegan a ver. Necesitan una lupa especial: la que permite observar la realidad con perspectiva de género. Su incorporación en los tribunales debe ser un imperativo en el proceso de democratización de la Justicia que se está impulsando. Conocer sobre las vicisitudes del fenómeno de la violencia de género (o del delito de la trata y su impacto en las víctimas) no debería ser una opción voluntaria de aquellos operadores de la Justicia que quieren mejorar su formación, como ocurre en la actualidad, sino un estándar de calidad a la hora de impartir justicia.