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El banco español Santander, primera institución financiera de la Eurozona por capitalización, anunció ayer la renuncia de su número dos, Alfredo Sáenz. El vicepresidente será reemplazado por Javier Marín, responsable hasta ahora de la división de seguros, gestión de activos y banca privada del grupo. Sáenz, de 70 años, era consejero delegado del banco desde 2002, y su nombre sonaba en los últimos tiempos como favorito para suceder a Emilio Botín, de 78 años, en la presidencia de este banco con fuerte implantación en América latina.

En 2011, Sáenz había sido condenado a tres meses de cárcel e inhabilitación para ejercer como banquero por un caso que se remontaba a 1994, cuando era presidente de Banesto, banco comprado por Santander ese año. Pocos meses después, fue indultado por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, pero el Tribunal Supremo español anuló parcialmente esa decisión hace diez días. “Alfredo Sáenz Abad comunicó al consejo de administración del banco celebrado hoy (por ayer), en Santander, la renuncia voluntaria a sus cargos de vicepresidente y consejero delegado, dejando asimismo de formar parte del consejo”, informó la entidad en un escueto comunicado, sin dar mayores precisiones sobre los motivos de su salida.

El directivo, que en 2012 cobró una remuneración total de 8,2 millones de euros, adquirió además el derecho a recibir 88,2 millones de euros (unos 115 millones de dólares) en concepto de pensión cuando llegue el momento de su jubilación, según el informe anual de Santander. “El consejo ha acordado nombrar nuevo consejero delegado a Javier Marín Romano, que se incorporó al Grupo Santander en 1991 y que, hasta la fecha, ha sido director general del banco y responsable de la División Global de Seguros, Gestión de Activos y Banca Privada”, agregó el documento.

Nacido en 1966, Marín es licenciado en derecho y diplomado en gestión de empresas, según consta en su currículum. Sáenz había sido condenado por la presentación de falsas denuncias contra clientes de Banesto, con el solo objetivo de recuperar créditos impagos. Al anular parcialmente el indulto, el Tribunal Supremo consideró que el gobierno de Zapatero se había extralimitado en sus funciones al eximirlo de las consecuencias administrativas de esta condena.

Sin embargo, el gobierno conservador de Mariano Rajoy adoptó el 12 de abril un decreto que permite a los banqueros con antecedentes judiciales continuar en sus cargos. Dicho ordenamiento prevé que sea el Banco de España quien decida, caso por caso, si un banquero condenado o investigado por delitos económicos puede o no continuar ejerciendo sus funciones. La medida había sido interpretada como una decisión favorable a Sáenz, ya que levantaba los obstáculos a su acceso a la presidencia del Santander.

En los años en que Sáenz dirigió la entidad, “el Grupo Santander ha casi cuadruplicado su tamaño, pasando de unos activos de 358.138 millones de euros (2001) a 1,25 billones de euros (2012) y de unos fondos gestionados de 453.384 millones de euros (2001) a 1,39 billones de euros (2012)”, subrayó el banco. El Banco Central de España reaccionó a la salida de Sáenz asegurando, a través de fuentes oficiales, que se trata de una decisión positiva que contribuirá a fortalecer la solidez del sistema financiero español.