Desde Lima

Al ex presidente Alan García las denuncias por corrupción lo acompañan desde que se convirtió en una figura protagónica de la política peruana, hace treinta años. Se pudo librar de las acusaciones de enriquecimiento ilícito –y también por violaciones a los derechos humanos– durante su primer gobierno, entre 1985 y 1990, porque los cargos en su contra prescribieron mientras se refugiaba en Bogotá y París. Las acusaciones por licitaciones amañadas, concesiones irregulares, obras sobrevaluadas, marcaron su segunda gestión presidencial, entre 2006 y 2011. Desde hace unos días el ex presidente enfrenta una acusación constitucional planteada en el Congreso por corrupción en millonarias obras para construir redes de agua potable, obras que, según la comisión parlamentaria que ha planteado la acusación, habrían causado un perjuicio al Estado por unos 100 millones de soles (cerca de 40 millones de dólares). Pero éste no es el caso más grave que deberá enfrentar García. Hace unos días estalló un escándalo por más de tres mil “narcoindultos” otorgados por García, lo que podría convertirse en la peor pesadilla para el ex presidente.

La reciente gestión presidencial de García es investigada por una comisión parlamentaria que preside el oficialista Sergio Tejada. Esta comisión ha investigado, entre otros casos, las irregularidades en las obras de agua potable, y ahora investiga los “narcoindultos”. Han sido 3200 sentenciados por tráfico de drogas, de los cuales 461 estaban condenados por narcotráfico en forma agravada, los que fueron liberados durante el gobierno de García por indultos o conmutaciones de penas firmados por el ex presidente. En total fueron 5500 los reclusos liberados por García. El ex presidente se ha defendido diciendo que los sentenciados por narcotráfico liberados por él eran “modestos ‘burriers’ (mulas)”. Sin embargo, la realidad dice otra cosa. “Se conmutó la pena a miembros del Cartel de Sinaloa, narcos colombianos, una banda nigeriana, un importante recopilador de droga en el Vraem (la principal zona productora de coca en el país); fueron liberados no solamente ‘burriers’ sino más de 400 sentenciados por narcotráfico agravado”, señala el congresista Tejada en declaraciones a Página/12.

Un personaje clave en los “narcoindultos” es Miguel Facundo Chinguel, militante del Partido Aprista que lidera Alan García y hombre del entorno cercano al ex presidente. Chinguel presidió la Comisión de Gracias Presidenciales, encargada de tramitar los indultos y conmutaciones de penas que firmó García. Con él trabajaron en esta comisión dos sentenciados por narcotráfico, uno de ellos militante aprista, que llegaron a la comisión llevados por Facundo Chinguel poco después de haber sido liberados. Durante el gobierno de García, Chinguel también fue director de Serpost, el correo estatal, donde la policía descubrió una mafia para sacar cocaína a través del correo y detuvo a varias personas. Como jefe de la Comisión de Gracias Presidenciales, el cuestionado Chinguel tramitó la conmutación de las condenas para estos detenidos, que García les otorgó.

El Congreso investiga denuncias de pagos por parte de los reclusos para obtener la anulación o rebaja de sus condenas. El reo Oscar Benítez Linares, sentenciado a 15 años por narcotráfico, declaró ante la comisión investigadora del Congreso que le pidieron 10 mil dólares por cada año rebajado de su sentencia, y que como no pagó no obtuvo ese beneficio. Hay otras denuncias en ese mismo sentido.

Una mujer condenada por narcotráfico, de apellido Delgado, denunció ante la comisión parlamentaria que le pagó a Chinguel para ser excarcelada y que como no recibió ese beneficio le envió una carta al presidente García denunciando este hecho, la que, como consta en los documentos que tiene la comisión investigadora, fue respondida por el secretario de García, Luis Nava, diciendo que se iba a investigar la denuncia. Esa supuesta investigación nunca dio resultados.

Lo sospechoso, dice Tejada, es que, a pesar de esta denuncia que llegó a Palacio de Gobierno y que fue respondida, cuando el ex presidente García, su secretario Nava y el propio Chinguel, declararon ante la comisión que él preside, negaron conocer alguna denuncia de pagos para recibir el beneficio de la excarcelación. “Ese es un elemento llamativo, porque si habían recibido estas denuncias de internos, ¿por qué negarlo ante la comisión?”, reflexiona Tejada.

La comisión parlamentaria también investiga la adulteración de los expedientes de indulto. Sentenciados por narcotráfico agravado aparecen en los expedientes para liberarlos como condenados por tráfico de drogas en modalidad simple, y un sentenciado por intento de violación a un menor fue liberado con un expediente en el que se decía que había sido condenado por hurto. García aseguró enfático que él revisó personalmente cada expediente de liberación que firmó. “¿Cómo, entonces, no se dio cuenta de las adulteraciones?”, se pregunta el congresista Tejada.

Cuando García declaró, en sesión reservada ante la comisión parlamentaria que lo investiga, defendió cerradamente a su amigo Chinguel, quien también fue interrogado en otra sesión por la comisión. Ambos cayeron en contradicciones. Chinguel aseguró que nunca conversó con García sobre los indultos, pero el ex presidente dijo que ambos sí habían tratado el tema. Cuando le preguntaron por los 461 indultos a condenados por narcotráfico agravado, García se irritó, pero no dio una respuesta.

Mientras García ordenaba la excarcelación de condenados por narcotráfico, durante su gestión el Perú pasaba a convertirse en el primer productor mundial de cocaína, superando a Colombia.

“Dar indultos y conmutar penas es un derecho presidencial y García no puede ser acusado por eso, pero sí podría ser acusado si se demuestra que hubo cobros, como todo indica, para liberar reclusos, y que se adulteraron los expedientes, y que la cadena de mando llegaba hasta él. Vamos a profundizar las investigaciones”, dice Tejada, que espera culminar en septiembre esta investigación, que podría terminar en una nueva acusación constitucional para inhabilitar políticamente hasta por diez años a García, quien no oculta sus ambiciones de volver por tercera vez a la presidencia en 2016, y en una demanda penal contra el ex presidente. “Creo que el caso de los indultos puede ser más sólido que los otros, porque todo indica que vamos a encontrar más pruebas”, señala Tejada.

Ante las denuncias en su contra por los “narcoindultos”, García intentó desacreditar las investigaciones diciendo que son parte de una persecución política en su contra para sacarlo de la carrera electoral de 2016, pero hasta ahora no ha respondido convincentemente a las acusaciones que se le hacen.