Desde Córdoba

A sólo veinte minutos de la capital de Córdoba, la Defensoría del Pueblo de la Nación se topó con una veintena de fábricas de ladrillos que operan bajo “condiciones infrahumanas”. Familias hacinadas, más de cien personas de nacionalidad boliviana indocumentadas, trabajo infantil, entre otras vulneraciones de derechos. La zona donde funcionan estos emprendimientos se encuentra dentro un área bajo jurisdicción provincial, lindero a la localidad de Monte Cristo, que reclama el traspaso de esos lotes para regularizar la situación. “El gobierno provincial está ausente”, denuncia Daniel Gatica, delegado del defensor del Pueblo en Córdoba.

En total son 29 las cortadas de ladrillos relevadas en las afueras de Monte Cristo, departamento Río Primero, al noreste de la capital provincial. Según un reporte realizado por el Area de Salud de ese municipio, existen “69 familias hacinadas”, sobre un total de 170 encuestadas. Buena parte de los trabajadores que producen ladrillos en la provincia son de nacionalidad boliviana. En este caso, se constató la presencia de 329 personas oriundas de Bolivia, de las cuales 163 no contaban con Documento Nacional de Identidad (DNI).

Paola Albornoz es trabajadora social del dispensario municipal, y fue una de las encargadas de llevar adelante este estudio. Cuenta que “a partir de encontrar niños no vacunados, embarazos no controlados, y la muerte de un niño boliviano que no contaba con asistencia médica, se decidió hacer este registro”. El resultado: “Hasta diez personas durmiendo en una pieza con piso de tierra, niños de ocho o diez años trabajando, utilización de agua no apta para consumo humano” son algunas de las imágenes que se encontraron. Las viviendas están dentro de los predios donde se producen los ladrillos, próximas a los hornos de quema.

“Todas las cortadas de ladrillo están fuera de nuestro radio, pero esas personas conviven con nosotros”, indica el radical Fernando Gazzoni, intendente de Monte Cristo. Desde su gestión reclaman a la provincia que el ejido municipal se extienda nueve kilómetros hacia el norte y otros nueve hacia el este. Esa ampliación incluye, justamente, el sector donde funcionan las ladrilleras y que hoy es jurisdicción a cargo del gobierno de Córdoba. El proyecto para ampliar ese radio “está en el gobierno provincial y tiene que pasar a la Legislatura, a criterio del gobernador”. Este diario intentó consultar a la provincia sobre el estado de ese trámite y sobre el conocimiento o no del Ejecutivo acerca de la realidad en las cortadas, pero no obtuvo respuesta.

Según narra Gazzoni, el gobierno de José Manuel de la Sota no debería desconocer esta realidad, ya que desde la gestión de su antecesor y aliado político Juan Schiaretti se había acercado personal del Ministerio de Trabajo. “Lamentablemente la intención que tuvo la provincia en 2008 de regularizar esto quedó en el aire”, apunta el intendente.

Frente a esta realidad, el municipio coordinó acciones con la Defensoría del Pueblo de la Nación, Migraciones y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi). Se realizó un encuentro entre trabajadores y funcionarios en un intento por reestructurar el funcionamiento de las cortadas.

En ese marco Gatica, titular de la oficina del norte cordobés de la Defensoría, planteó que “sería muy importante que el gobierno provincial se hiciera cargo” de lo que ocurre en las cortadas. Desde el año pasado, esta dependencia trabaja para evitar la vulneración de derechos en este sector de la industria. Por ejemplo, lograron que el municipio de Colonia Caroya (departamento Colón) sancionara en octubre una ordenanza de avanzada para el sector y que se realizaran permanentes controles en las fábricas. En este caso, Gatica aguarda la reacción del gobierno de De la Sota, que es el que debe actuar en la zona.

Los trabajadores plantearon su temor a perder el empleo o, llegado el caso, ser deportados. Uno de los obreros, que no quiso revelar su nombre, dijo estar “agradecido a la Argentina” y explicó que “los bolivianos trabajan así porque allá es peor”. “Vengo a buscar una vida mejor, quiero que mi hijo algún día sea profesional como ustedes”, les dijo a los funcionarios.

El defensor planteó la problemática desde un “enfoque de derechos humanos”. “Acá no se deben perder las fuentes de trabajo, pero primero se debe garantizar el derecho a una vivienda digna, al consumo de agua potable, que los niños no estén trabajando y vayan a la escuela”, enumeró. Las trabajadoras sociales habían encontrado 32 niños mayores de cinco años no escolarizados.

Para llevar calma a los ciudadanos bolivianos, Héctor Guevara, inspector de Migraciones, agregó que a partir de la Ley 25.871 de 2003 y del Programa Patria Grande (2005), “Argentina no persigue a los hermanos como ustedes. Sólo queremos que entiendan que en este país son sujetos de derecho”.