El juez que investiga la supuesta contabilidad B del Partido Popular (PP) solicitó ayer a la formación derechista que entregue todos los documentos relativos a gastos de representación de sus dirigentes que podrían derivar en sobresueldos. Asimismo, el magistrado pidió a Hacienda que le remita constancia de los pagos realizados por terceros al PP entre 1990 y 2005 y los registros de todas las operaciones de las empresas que figuran como donantes en las cuentas B y que pudieron financiar ilegalmente a la fuerza política.

Con estas decisiones, el juez Pablo Ruz avanza en la investigación sobre los documentos manuscritos de la contabilidad B del PP entre 1990 y 2008, atribuidos al ex tesorero Jesús Bárcenas y publicados por el diario El País el pasado 31 de enero. De esos documentos, cuya veracidad niega el PP a pesar de que informes policiales los avalan, se desprende el cobro de sobresueldos durante décadas de la cúpula partidaria, incluido el actual presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, y financiación ilegal.

Por otro lado, el magistrado solicitó el bloqueo de doce cuentas bancarias relacionadas con el ex tesorero Luis Bárcenas. Además de la cuenta de gastos de representación entre 2004 y 2012, el magistrado pide el libro de visitas de la sede central del PP en Madrid entre 2001 y 2008 para comprobar si los empresarios imputados en la causa estuvieron ahí.

También pide a la actual tesorera Carmen Navarro los libros contables de algunas sedes territoriales (Galicia, Cataluña, La Rioja, Cantabria, Málaga y Sevilla) entre 1997 y 2008.

Por otro lado, el magistrado solicita a Hacienda todos los documentos que registren pagos al PP, las declaraciones de impuestos de sociedades entre 2007 y 2008, así como todos los pagos y contratos públicos de las empresas involucradas.

Ruz tomó declaración recientemente a nueve empresarios que figuran en la contabilidad B como donantes del PP por cifras que superan el monto legal establecido y que incumplen con la ley al tratarse de empresas que tienen contratos con la administración pública. De los ocho empresarios que declararon, sólo uno, José María Mayor Oreja, hermano del ex ministro Jaime Mayor Oreja, reconoció haber hecho donaciones al PP –60.000 euros en 2011– fuera del período registrado en la contabilidad B.

En la lista de imputados se destacan los conocidos empresarios Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL –candidato derrotado en las últimas elecciones a la presidencia del Real Madrid–, y Luis Rivero, ex presidente de Sacyr Vallehermoso, segundo accionista de Repsol, ambos con aportes en torno de los 500.000 euros.

El caso de corrupción en el que está imputado el duque de Palma, Iñaki Urdangarín, salpicó a dos altos dirigentes del gobernante Partido Popular (PP), que habrían asignado contratos a dedo a la fundación del yerno del rey, según el juez instructor. Se trata del ex presidente regional valenciano y diputado Francisco Camps y de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, a quienes el juez del caso, José Castro, atribuye delitos como falsedad documental, malversación de caudales públicos y fraude a la administración, además de prevaricato, cargos que conllevan pena de prisión.

Debido a que tienen fueros parlamentarios, dado que se trata de diputados regionales, Castro elevó un escrito pidiendo al Tribunal Superior de Justicia de Valencia que investigue a los dos dirigentes del partido derechista. De acuerdo con los detalles del escrito publicado ayer, el magistrado considera que Camps y Barberá tuvieron una “participación activa en actuaciones de apariencia delictiva”, en referencia a la adjudicación de contratos públicos a la Fundación Nóos.

Según la investigación, esta organización sin aparente ánimo de lucro fue creada por Urdangarín y su ex socio Diego Torres como una cobertura para apropiarse de millones de euros de fondos públicos a través de convenios con la administración pública. Entre 2004 y 2007, la fundación Nóos se adjudicó seis millones de euros consiguiendo contratos con los gobiernos balear y valenciano, dos feudos del PP.

El magistrado sostiene que los contratos conseguidos en Valencia por Nóos se otorgaron “a dedo y al margen del procedimiento administrativo y orillando por completo normas sobre las contrataciones públicas”.

Concretamente, la fundación recibió 3,5 millones de euros para la organización de tres eventos –Valenca Summit en 2004, 2005 y 2006 y el proyecto Juegos Europeos– que nunca se celebraron.