El ex dictador Alberto Fujimori seguirá en prisión. Ayer, el presidente Ollanta Humala le negó el indulto humanitario. De esta manera, el ex mandatario deberá permanecer arrestado en el cuartel policial donde cumple una condena a 25 años por violaciones a los derechos humanos y corrupción durante su gestión presidencial, entre 1990 y 2000. En octubre de 2012, los cuatro hijos de Fujimori, encabezados por Keiko, candidata presidencial en 2011 y cabeza del movimiento fujimorista, habían entregado al presidente Humala una solicitud de indulto para su padre, alegando razones humanitarias. El pedido se basaba en un supuesto mal estado de salud del encarcelado ex presidente, afectado por un cáncer en la lengua, el cual, sin embargo, según los informes médicos, ya ha sido superado y en este momento no reviste peligro para la vida de Fujimori. El encargado de dar la noticia de que el indulto al ex dictador había sido negado fue el ministro de Justicia, Daniel Figallo. Minutos después, Humala se presentó ante los medios para sustentar su decisión.

El ministro Figallo señaló que la Comisión de Gracias Presidenciales, que analizó el pedido de indulto para Fujimori, por unanimidad, recomendó al presidente Humala negar el indulto y que éste había decidido seguir esa recomendación, a lo que no estaba obligado, ya que por ley el presidente está facultado a conceder un indulto aunque la comisión que analiza el pedido opine lo contrario. La Comisión de Gracias Presidenciales concluyó que el indulto humanitario no se justificaba porque Fujimori no padece una enfermedad grave ni terminal. Otras dos razones para recomendar la denegación del indulto fueron que éste había sido condenado por delitos de lesa humanidad y que la sentencia en su contra incluye secuestro agravado, delito para el cual la legislación peruana prohíbe el indulto.

En rueda de prensa, el presidente Humala señaló que había decidido seguir la recomendación de la Comisión de Gracias Presidenciales de negarle el indulto a Fujimori y destacó había sido tomada por unanimidad, por considerar las razones dadas por esta comisión como “sensatas, lógicas y ajustadas a la verdad y la justicia”. “No se ha dado ningún factor para otorgar el indulto humanitario”, sentenció Humala. Y agregó que en su decisión había pesado “el concepto del arrepentimiento”, dejando claro que la actitud de Fujimori de no arrepentirse de los delitos de violaciones a los derechos humanos y corrupción por los que fue condenado en 2010 había sido importante para no otorgarle el indulto. Humala hizo un llamado a “las fuerzas políticas” para que “respeten la decisión del presidente” y “no hagan de este caso humano un circo político”. No lo nombró directamente, pero el mensaje estaba claramente dirigido al fujimorismo. El presidente cerró su intervención anunciando que si en el futuro cambiaban las circunstancias de la salud del ex mandatario, el indulto podía volver a examinarse.

Luego de negarle el indulto, el presidente Humala anunció que su gobierno tomará medidas sobre las condiciones de reclusión de Fujimori, de 74 años, que tomen en cuenta su edad y su estado de salud, pero no señaló cuáles serían estas medidas. Este anuncio dejó flotando la posibilidad de mayores privilegios para Fujimori, que ya goza de una cárcel VIP en el cuartel policial donde es el único detenido, en la que cuenta con una amplia habitación, televisión, baño privado, una sala, un taller para pintar, un jardín donde cultiva rosas y puede recibir visitas a toda hora y sin límites.

Como era de esperar, los fujimoristas acusaron al presidente Humala de haber negado el indulto a su jefe por “cálculo político”, decisión que calificaron de “inhumana”, y, encolerizados, lanzaron una serie de ataques contra Humala: “cobarde” fue uno de los adjetivos que más se escucharon ayer entre los fujimoristas para referirse al presidente. Del lado de los organismos de derechos humanos, la negativa de otorgarle el indulto a Fujimori fue calificada como “justa”, “técnica” y “ajustada a ley”.

Alberto Fujimori, en prisión desde setiembre de 2008, cuando fue extraditado desde Chile, fue condenado a 25 años de prisión en abril de 2010 por los crímenes cometidos por el destacamento del ejército Colina, que durante su gobierno funcionó como un escuadrón de la muerte. Fue sentenciado por la ejecución de quince personas, entre ellos un niño (en noviembre de 1991), por el secuestro y asesinato de nueve estudiantes y un profesor (en julio de 1992), por dos casos de secuestro agravado y por varios casos de corrupción.