La presidenta brasileña Dilma Rousseff encabezó ayer una reunión con 37 ministros y funcionarios de gobierno para definir detalles del plebiscito. La consulta popular, que tiene como objetivo calmar históricas protestas, será enviada hoy al Congreso para ser analizada por los legisladores. La mandataria dejó en claro que las preguntas sobre el plebiscito dependen de otras instituciones y, por lo tanto, no serán dictadas desde el Ejecutivo. Asimismo, se comprometió a mantener los planes sociales para los brasileños de menores recursos.

La mandataria afirmó que no enviará preguntas para el referéndum por tratarse de una competencia del Congreso. “Es obvio que no vamos a enviar preguntas, porque el que va a decidir eso es el Tribunal Superior Electoral o el Congreso. Está claro en la Constitución que quien convoca a un plebiscito es el Congreso Nacional, por eso insistí en que sólo se puede hablar de sugerencias”, sostuvo Rousseff. “Una cosa es clara, el pueblo en las calles no pidió reducción de derechos sociales y mi gobierno no los hará. Reducir el gasto social, eso no lo esperen de mí. Terminar con el Bolsa Familia, jamás”, enfatizó.

“Desde nuestro punto de vista, sería oportuno que los cambios se aplicaran en 2014. Pero nosotros no tenemos cómo definir eso. Depende del plazo del Tribunal, y depende, en función de ese plazo, del Senado y la Cámara de Diputados. No tengo injerencia sobre esa cuestión. A mí me gustaría que fuera posible, pero sólo será posible en función de la decisión de los diputados y senadores”, expresó la mandataria.

Los dos grandes temas de la consulta serán la financiación de partidos y campañas y un sistema electoral que acerque más a votantes y políticos. La reforma política, un viejo proyecto del Partido de los Trabajadores (PT) y de otras fuerzas, es vista como un antídoto a la crisis de representatividad, al rechazo a los políticos y a la corrupción expresado por los manifestantes, quienes denuncian el elevado gasto público para el Mundial 2014 y piden más dinero para educación, transporte y salud.

Rousseff pretende que el plebiscito sea organizado contrarreloj, para que el Legislativo apruebe la reforma antes de octubre, fecha límite para que pueda ser aplicada un año después, en las elecciones de 2014. La presidenta cuenta con una aplastante mayoría en el Congreso, pero la base aliada es poco fiel a los designios del gobierno.

La presidenta del Tribunal Superior Electoral de Brasil, Carmen Lucia, dijo ayer que la Justicia Electoral estaba siempre preparada, dando a entender que podría cumplir con los plazos.

“Nuestra obligación es escuchar el mensaje de las calles”, dijo Rousseff ayer en su programa semanal de radio, en el que reiteró que, con el plebiscito, sigue en pie su empeño por ofrecer con gobernadores y alcaldes soluciones rápidas y concretas para algunos problemas de la economía, el transporte, la salud, la educación y la política.