El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, dijo ayer en una conferencia de prensa que no hay ninguna investigación en marcha contra el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, sus hijos y el administrador general del tribunal, Daniel Marchi, y aclaró que lo que sí hubo fueron “cruces de información”, que son habituales y que están siendo analizados. De ese relevamiento, sostuvo, surgieron algunos datos que por el momento no dieron lugar a ninguna “verificación o fiscalización”. Echegaray cuestionó al alto tribunal por el comunicado de la semana pasada donde pedía “aclarar la situación” con el ente recaudador. Es “impropio que la Corte, de manera institucional, nos peticione tratar cuestiones estrictamente individuales de contribuyentes y sus familiares”, dijo. Voceros del tribunal contestaron que interpretaron lo que dijo el jefe de la AFIP como “la confirmación de que hay una investigación” pero que “no fue formal ni legal sino una forma de espionaje ilegal”.

La tensión Corte-Gobierno ya lleva unos cuantos meses, y se acrecentó con los anuncios oficiales de reforma judicial. Pero alcanzó el pico máximo la semana pasada cuando los diarios La Nación y Clarín informaron el miércoles último que en el plenario supremo del día anterior Lorenzetti había realizado una suerte de denuncia ante sus pares al informarles que había recibido información de que la AFIP estaba investigándolos a él, a uno de sus hijos y al contador Marchi, su histórico mano derecha, y socio años atrás. El tribunal recién confirmó en un comunicado la existencia de esa manifestación dos días después, el mismo donde decía que esperaba “aclarar la situación”. El planteo de Lorenzetti llegaba justo después del fallo de la Corte que declaró la inconstitucionalidad de la reforma del Consejo de la Magistratura y prohibió la elección popular de consejeros.

“Ante cualquier duda, todos los contribuyentes tienen la posibilidad de acercarse a las agencias de la AFIP donde están inscriptos”, ironizó Echegaray, como quien hace notar que el tribunal buscó una situación de privilegio. Sostuvo que la Corte incurrió en un “avance frente a las funciones y facultades de la AFIP como organismo ejecutor de la política fiscal”. “Veo amenazada la función de la AFIP de fiscalizar a todos los contribuyentes de la Argentina”, insistió. “Con Lorenzetti hemos hablado bastante (en el pasado), hablamos de mi gestión y me ha convocado a sus oficinas por temas institucionales. Muy distinto es tener una reunión particular de un miembro de la Corte por él o uno de sus hijos o familiares”, sostuvo. Enfatizó que al menos hasta ahora no se inició “ninguna investigación, inspección, fiscalización, verificación, reclamo judicial, juicio de cobro o intimación a Lorenzetti o sus hijos”.

En la Corte, a través de voceros, argumentan que sus ministros decidieron emitir el comunicado para “exponer que había existido un operativo irregular”, “no hubo un procedimiento formal ni legal sino una forma de espionaje ilegal” que “se hizo desde Buenos Aires con instrucciones la delegación de la AFIP de Santa Fe”. “Toda esa información la conoció Lorenzetti durante el fin de semana largo (del 20 de junio)”, dicen. Ante la consulta de Página/12 acerca de cómo supo Lorenzetti todo eso, la respuesta es que no saben. En la AFIP creen que quien habría puesto a Lorenzetti en conocimiento de la existencia de los cruces de información no puede ser otro que el titular de la AFIP de Santa Fe, Carlos Vaudagna.

También cuentan que a raíz del primer plenario donde Lorenzetti dijo ante sus colegas que lo investigaban junto con su entorno, el contador Marchi se comunicó con Angel Toninelli, titular de la DGI, y le dijo que sabían de las investigaciones y que evaluaban hacer una denuncia penal por “extorsión” y “abuso de autoridad”. Toninelli lo invitó al día siguiente a su despacho porque le parecía un planteo demasiado serio como para hablarlo por teléfono. En la reunión, según dicen en la AFIP, le dijo a Marchi que no existía una investigación, sino que había habido cruce de datos, que es algo de rutina, donde habían surgido algunas cuestiones, aunque tampoco habían dado pie a ninguna inspección ni medida similar: Marchi adeudaba la declaración jurada de 2012 y según el ente debió haberla presentado en mayo; también había una operación (declarada) por la cual la firma Ratio S. A. adquirió un inmueble en ubicado en Puerto Madero a la empresa radicada en Inglaterra Muscoy Company of London. La firma pertenecería a los hijos de Lorenzetti (33 por ciento cada uno) y a otro familiar. En la AFIP señalan que del mismo cruce de datos surgieron 3400 casos de empresas locales que realizan operaciones con firmas extranjeras. “Son indicios para futuras investigaciones”, explican.

En la Corte insisten en que toda la explicación de la AFIP confirma que sí hay o hubo una investigación reciente contra Lorenzetti y su círculo. Que Marchi presentó su declaración de ganancias el 27 de junio y que a su entender estaba en término. Según la Corte, en la reunión en la AFIP Marchi preguntó “por qué no se seguían los procedimientos que corresponden y le manifestó que no era la investigación impositiva, ya que no encontraron nada y fue hecha directamente en Buenos Aires”. Respecto del departamento en Puerto Madero, la Corte dice que fue adquirido en diciembre de 2005 a una sociedad extranjera, “fue declarada inmediatamente y no hubo objeción”.

También trascendió que otros de los datos que detectaron fueron que, por una cuenta en el exterior, Lorenzetti habría omitido pagar ganancias sobre las rentas que generaba, aunque habría sido regularizada durante la moratoria lanzada en 2009 que luego creó el último blanqueo, aunque Echegaray no confirmó si el juez participó de esos beneficios. En la Corte niegan que haya participado del planteo y dicen que tenía una cuenta en el exterior declarada desde antes de entrar al tribunal.

En el ente dijeron también que a Lorenzetti le enviaron una notificación sobre el nuevo régimen de registración de trabajadoras de casas particulares (igual que a otras 500 mil personas). En el tribunal dicen que fue una “intimación” enviada a un domicilio equivocado. En la AFIP señalan que Marchi y Lorenzetti fueron socios en Medios de la Región SA hasta 2003. En la Corte dicen que la sociedad fue para ayudar a una radio y duró poco tiempo.