El gobierno de Grecia intenta atraer a los inversores concediendo el permiso de residencia a quienes adquieran viviendas en el país por más de 250.000 euros (330.000 dólares). Según confirmó ayer un portavoz del Ministerio griego de Finanzas, los primeros tres permisos de residencia fueron para tres familias chinas. En los últimos días, los medios griegos informaron que se recibieron cientos de solicitudes, sobre todo de empresarios chinos y rusos, interesados en adquirir viviendas. “Hay un enorme interés. Ellos (los potenciales compradores) quieren asegurarse que, en caso de problemas en sus respectivos países, pueden vivir en un país de la Unión Europea”, dijo el agente inmobiliario Dimitris Vogiatzis. La compra de una vivienda en Grecia por un precio superior a 250.000 euros no sólo garantiza el permiso de residencia de cinco años para el comprador, sino también para su mujer e hijos.

Este permiso, a su vez, puede prorrogarse otros cinco años siempre que no se venda la casa. Grecia no es el primer país asediado por la crisis que acude a este tipo de iniciativas: en Chipre se conceden permisos de residencia de tres años por compras de vivienda superiores a 300.000 euros. Dependiendo del valor de la casa, se puede obtener un permiso de hasta seis años. Según medios griegos, también en Portugal y Hungría se han adoptado medidas similares.

Por otra parte, tras abandonar el gobierno de coalición, el líder del partido centroizquierdista Dimar, Fotis Kuvelis, reveló en junio que el primer ministro griego, el conservador Andonis Samaras, estaba decidido a convocar elecciones anticipadas aprovechando que algunos indicadores macroeconómicos habían mejorado. Pero, según dijo, sólo la presión de los socios europeos evitó que el primer ministro griego siguiera adelante con esos planes. Incluso el ministro de Finanzas, Yannis Sturnaras, reconoció la semana pasada que hay cansancio entre los diputados de la coalición a la hora de apoyar nuevas medidas de austeridad. De cara al otoño griego, cuando se prevé que la visita de la troika determine si hay nuevas necesidades de financiación o no, Samaras se mostró convencido de que la brecha fiscal será más pequeña de las estimaciones iniciales y prometió que no exigirá medidas restrictivas adicionales. Para septiembre el gobierno deberá presentar ante los acreedores internacionales la lista de 12.500 funcionarios que serán incluidos en el esquema de movilidad laboral –y la mayoría de ellos despedidos–, algo que comenzó a hacer, pese a la dura oposición de los sindicatos.