Desde Santiago

En el acto más simbólico de la conmemoración del 11 de septiembre, en el monumento erigido en honor a Salvador Allende en la Plaza de la Constitución, una valla separaba a las personas convocadas por agrupaciones de familiares de detenidos y desaparecidos y partidos de izquierda de los carabineros en guardia. Una señora se quejó. “¿Por qué cierran el lugar?”, dijo ante la mirada indolente de un uniformado. “¡Esta es una seudodemocracia!”, insistió. La presencia de las botas se tornó vívida en una fecha tan emotiva como los cuarenta años del golpe encabezado por Augusto Pinochet que terminó con el presidente socialista muerto en el interior del palacio presidencial. Allende pronunció sus últimas palabras desde la cuarta ventana de La Moneda, que se podía ver a corta distancia del monumento.

Tanto en la emblemática plaza como en el Museo de la Solidaridad de Salvador Allende, como en el Congreso, donde se mantuvo un minuto de silencio y se llamó a un Nunca Más, como en el Estadio Nacional –ex campo de concentración–, una misma idea sobrevolaba esta jornada de recogimiento, que fue revelada por la encuesta del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea: una mayoría de chilenos –75 por ciento– estima que se mantienen las huellas dejadas por el régimen militar. El director de la consultora, Carlos Huneeus, analizó los motivos de tal afirmación. “El régimen de Pinochet está en el sistema político binominal, en la debilidad de los sindicatos, en el modelo económico neoliberal que no fue modificado por los gobiernos de la Concertación y que resultó más agresivo con el gobierno de Sebastián Piñera”.

Pedro Felipe Ramírez, ex ministro de Minería del gobierno de Allende, estuvo participando de la conmemoración. Ex preso en la Isla Dawson y otros centros de tortura, estuvo exiliado y hoy milita en Izquierda Ciudadana, un partido que apoya a la candidata Michelle Bachelet, de la Nueva Mayoría, favorita para los comicios de noviembre. “Chile llegó a ser el país más desigual del mundo. Yo espero que podamos implementar un modelo distinto, donde el Estado intervenga en la economía, que dirija el proceso económico. Hay que llevar adelante transformaciones sociales que apunten a un país más igualitario. En el campo de la educación, en el campo de las clases laborales”, dijo Felipe Ramírez y fustigó la Constitución del ’80. “Establece trampas que favorecen a la derecha, como el sistema electoral binominal, que perjudica a los partidos más chicos. Para muchos cambios constitucionales se requiere dos tercios del Congreso. Y la Carta Magna no le permite al Estado constituir ninguna empresa.”

Al cumplirse cuarenta años del golpe de Pinochet, el presidente conservador Piñera opinó que el quiebre de la democracia fue responsabilidad muy especialmente “de quienes no respetaron el estado de derecho”, entre los cuales, a su juicio, estuvo el propio líder socialista (ver aparte). Pero en Chile hay síntomas de una voluntad colectiva de recuperar los ideales de Allende. La juventud muestra su rebeldía en las calles, reclamando una enseñanza gratuita –lo hicieron los estudiantes secundarios durante el gobierno de Bachelet y el movimiento creció y se expandió a las universidades en el gobierno de Piñera–. Los estudiantes están endeudados antes de empezar a trabajar y no se quieren ver en el espejo de una sociedad en donde la riqueza se concentra en unas pocas manos. Jóvenes que no vivieron la etapa dramática que hoy se rememora, pero que aspiran a superarla a partir de un Nunca Más. “Lo que vivimos en la actualidad es efecto del golpe de Estado. Hay gente que dice: ‘Pucha, pasó hace tanto que para qué recordar’, pero nunca se puede olvidar”, dijo la estudiante de psicología Catalina Díaz, con la mirada dirigida al palacio presidencial.

Es que la huella que dejó la dictadura se pone de manifiesto en las repudiables declaraciones de Manuel Contreras, ex jefe de la policía secreta DINA. Según el condenado más de cien veces por delitos de lesa humanidad y preso de por vida, “los detenidos desaparecidos están todos en el Cementerio General”, declaró con gesto adusto a CNN Chile en la víspera del aniversario, negando así que haya habido vuelos de la muerte o enterramientos clandestinos. Las cifras oficiales hablan por sí solas: el número de personas desaparecidas o asesinadas entre 1973 y 1990 superó las 3000 y cerca de 40.000 personas sobrevivieron al encarcelamiento por motivos políticos o la tortura.

Una mujer que participó del acto dijo no poder creer en las declaraciones del otrora hombre temido de la dictadura, Contreras. “La Justicia lo declaró culpable y él sigue negando la tortura y la desaparición de personas. A mí me allanaron mi hogar por pensar distinto. Tenía 22 años y me afectó mucho, salí de la juventud de un día para el otro”, dijo la profesora Silvia Garrido y colocó un lienzo en la estatua de Allende.

Las tropelías de los que usurparon el poder fueron múltiples, y medios impresos, hoy vigentes, como El Mercurio y La Tercera actuaron como cómplices del relato de los represores. El informe Valech reconoció que varios medios apoyaron activamente la dictadura. Citó un editorial de El Mercurio titulado “La dura batalla de Chile”, del 5 de octubre de 1973, en donde se lee: “Los allanamientos militares y operativos policiales no se están efectuando sin motivo. Muy por el contrario, los continuos hallazgos de arsenales y demás elementos destinados a una larga lucha de guerrillas demuestran que para todos los fines jurídicos y de seguridad pública el país se encuentra en estado de guerra”. En su edición de ayer, el diario sólo cuenta con una página con tres artículos sobre el 11 de septiembre: una entrevista al ex ministro del Interior Enrique Krauss; el anticipo de la liturgia conmemorativa de Piñera y la visita de Bachelet a Villa Grimaldi, en donde estuvo detenida.

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