El respeto por los derechos humanos no es un tema central en el proceso de paz colombiano, afirmó Peter Drury, investigador de Amnistía Internacional para Colombia. “El Marco Jurídico por la Paz creado por el gobierno contiene muchos elementos inquietantes. Primero, abre las puertas a juzgar sólo a los máximos responsables. En un contexto en que muchísimos casos de violaciones y abusos de derechos humanos no han sido investigados, no puede existir seguridad de que se haya realmente identificado a los máximos responsables y de que realmente se los vaya a llevar ante la Justicia”, sostuvo en diálogo con Página/12. Dicho marco legal aprobado por el presidente Juan Manuel Santos –agregó Drury– también le otorga al Congreso la facultad de establecer criterios para cerrar investigaciones penales y suspender condenas de prisión.

Aunque la Corte Constitucional frenó el último intento de fortalecer el fuero militar, que jugó un papel central como garante de impunidad para miembros de las fuerzas de seguridad responsables de violaciones a los derechos humanos, el gobierno dejó en claro que seguirá buscando la ampliación de dicho fuero. “El intento del gobierno de fortalecer el fuero militar, el Marco Jurídico por la Paz y la extensión de la Ley de Justicia y Paz, que extiende la posibilidad de que miembros de grupos paramilitares y guerrilleros que se desmovilicen colectivamente en el futuro no sean llevados ante la Justicia, corren peligro de convertirse en amnistías de facto”, señaló Drury, quien consideró además que si estas medidas contribuyesen a negar justicia en casos de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, la Corte Penal Internacional debería considerar la apertura de investigaciones en tales casos.

Pese a que bajó la cifra de muertes en el contexto del conflicto en los últimos años, persisten las amenazas y homicidios de activistas luchando en contra de la impunidad, por su derecho a la tierra o por mantenerse neutrales. “Las consecuencias del enfrentamiento entre el Estado y la guerrilla incluyen unas cinco millones de personas desplazadas forzosamente desde 1986. La apropiación de tierras por despojo violento y abandono de tierra por razones del conflicto se cifra en más de seis millones de hectáreas desde 1981”, explicó Drury. Además, la Fiscalía tiene conocimiento de más de 4000 víctimas de ejecuciones extrajudiciales y se estima que 30.000 personas han sido víctimas de desaparición forzada durante el conflicto.

Pero para Drury, que lleva investigando el conflicto interno colombiano desde hace veinte años, la cuestión de la tierra está detrás de buena parte de las causas de la crisis de derechos humanos que se está viviendo en el país. “Otros intentos de gobiernos anteriores para poner en marcha reformas agrarias, aunque fueran muy limitadas, fueron el detonante de una mayor actividad paramilitar destinada a bloquear tales avances”, dijo. De hecho, cuando se logró el acuerdo agrario con las FARC en mayo pasado, el propio Santos admitió que se trataba del tema “técnicamente más complejo” de las conversaciones de paz. “En estos momentos en que se habla de la posible restitución de tierras de las que se han apropiado de forma ilegal grupos paramilitares, dichos grupos se están fortaleciendo en las zonas en las que se podría dar restitución”, enfatizó Drury.

AI está recibiendo información sobre un aumento de amenazas paramilitares en contra de quienes reclaman tierras y de las personas que las apoyan en Cesar, Córdoba, Sucre y otras partes del país. En algunos casos, esas amenazas se terminan en homicidios. “La guerrilla también ha sido responsable de desplazamientos forzados y despojos. En todos los casos, las tierras que estaban ocupadas por las personas que fueron desplazadas pasaron luego a manos de otras personas”, explicó Drury, que resaltó los múltiples intereses económicos detrás del despojo de tierras. Se estima que un gran porcentaje de los más de 6 millones de hectáreas de los que los actores armados del conflicto se han apropiado desde 1981 hasta la actualidad –vía despojo violento y abandono forzado– se realizó entre 1997 y 2002, según datos de AI. Aunque para Drury este porcentaje podría rondar incluso la mitad de esas tierras.

Si bien el Estado colombiano se lleva la mayor parte en cuanto a su responsabilidad por las consecuencias de un conflicto que se prolonga por más de medio siglo, Drury no dudó en resaltar el papel de los grupos guerrilleros en el drama humanitario que vive Colombia. “La guerrilla ha cometido reiterados secuestros y tomas de rehenes, utilizado minas y otras tácticas de guerra que han causado heridas y la muerte de muchos civiles, y reclutado menores –una práctica también de los paramilitares–. Además, ha asesinado a muchas personas a las que acusaban de colaborar con sus enemigos”, aseguró.

“La infracción del derecho internacional humanitario o las violaciones o abusos a los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad o por la guerrilla no pueden ni deben ser invocados por la parte contraria para justificar violaciones de los estándares internacionales de derechos humanos”, explicó Drury. Desde su visión, planteó que ningún gobierno hasta la fecha cumplió con sus obligaciones de poner fin a la impunidad en casos de violación y abuso de los derechos humanos, desmantelar los grupos paramilitares y romper definitivamente sus vínculos con las fuerzas de seguridad y garantizar la protección de defensores y defensoras de derechos humanos.

Entrevista: Patricio Porta.