El escándalo de corrupción urbanística y financiera, el mayor vivido en Turquía en décadas, de-sembocó en una remodelación del gabinete tras la renuncia de tres ministros, lo que pone contra las cuerdas al premier, Recep Tayyip Erdogan, que incluso fue invitado a dimitir desde sus propias filas. A primera hora de la mañana de ayer habían dejado sus cargos Zafer Çaglayan, titular de la cartera de Economía, y Muammer Güler, de Interior, denunciando en términos casi idénticos la investigación judicial como “una maquinación sucia”, cuyo principal objetivo es hundir al Ejecutivo. Luego renunció Erdogan Bayraktar, ministro de Medio Ambiente y Urbanismo, quien señaló que la mayor parte de los proyectos urbanísticos bajo sospecha habían sido aprobados por el propio primer ministro.

Mientras que Güler y Çaglayan dejaron su cargo en el Ejecutivo, Bayraktar además abandonó su banca en el Parlamento. Tras una reunión de urgencia con el presidente, el también islamista Abdullah Gül, el primer ministro anunció antes de la medianoche una profunda reforma de su gabinete. Al mismo tiempo, en Ankara, Estambul y Esmirna las protestas ciudadanas, que pedían la dimisión de todo el Ejecutivo, se intensificaban. La policía dispersó con gas lacrimógeno una protesta de cientos de personas en el barrio estambulita de Kadiköy. A pesar de la represión, los manifestantes llamaron a una nueva concentración a realizarse el viernes en Estambul.

Las horas de incertidumbre entre la salida de los ministros y los nuevos nombramientos mostraron que el escándalo deja a Erdogan en un entredicho que alcanza incluso a sus correligionarios, sobre todo después de que Bayraktar le sugiriera también que se alejara del gobierno.

Entre los nuevos nombres no aparece ningún peso pesado del gobernante partido AKP, excepto el de Bekir Bozdag, hasta anteayer viceprimer ministro y ahora trasladado a la cartera de Justicia. Mevlüt Çavusoglu, entre 2010 y 2012 presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, será el nuevo titular de Asuntos Europeos, en reemplazo de Egemen Bagis, uno de los ministros más influyentes del gabinete. El actual escándalo de corrupción supone un duro golpe para el gobierno, cuando faltan sólo tres meses para las elecciones locales, fijadas para el 30 de marzo del próximo año.

La investigación se centra en dos aspectos fundamentales: los sobornos en la compra de petróleo iraní a cambio de oro y la adjudicación de suculentos contratos de construcción en terrenos recalificados por los políticos del AKP, una práctica habitual entre los referentes de esa fuerza, según los analistas políticos. La corrupción urbanística se habría visto favorecida por leyes que eliminaban la necesidad de informes técnicos y por la opaca estructura de TOKI, la agencia pública de Vivienda, sometida únicamente al control del primer ministro.

En un largo discurso ante los líderes provinciales de su partido, Erdogan insistió, antes de las renuncias, en que la investigación judicial representa “un ataque, no ya al AKP, sino a toda la nación, un complot obvio, una maquinación”. También relacionó la pesquisa con las protestas populares que tuvieron lugar el verano pasado en el parque de Gezi, y la calificó de “evidente traición”.

“Es una conspiración internacional”, analizó el mandatario, señalando como motivaciones de esa iniciativa el deseo del “lobby financiero” de subir los intereses de la deuda turca y la envidia provocada por la prevista construcción del tercer aeropuerto más grande del mundo en Estambul. Erdogan denunció que los nueve días que lleva la investigación judicial han causado daños por 20.000 millones de dólares a las empresas turcas, provocaron la caída de la Bolsa y una pérdida de 1625 millones al banco público Halkbank, cuyo director se encuentra entre las 24 personas a las que la Justicia les dictó prisión preventiva.

Hasta el verano pasado, Halkbank formaba parte de un esquema financiero que permitía comprar petróleo y gas de Irán y pagar esas adquisiciones con oro, evitando así las sanciones impuestas por Estados Unidos a cualquier nación que llevara adelante transacciones bancarias con la república islámica. Erdogan prometió luchar contra “las bandas que operan en Turquía bajo el manto de la religión”, en obvia referencia al movimiento del predicador exiliado Fethullah Gölen, cuyos seguidores son numerosos en la Judicatura.

“No permitiremos que se establezca un Estado paralelo al Estado”, lanzó, en referencia a la bien estructurada red “gölenista”, que hasta hace poco tiempo había respaldado las posiciones del AKP y, probablemente, fue un importante factor a la hora de ayudarle a ganar las últimas elecciones.

La guerra por el poder parece lejos de haber concluido en Turquía: ayer la fiscalía confirmó que investiga también un sistema de supuestas corruptelas en la empresa pública de ferrocarriles, la TCDD, aunque aún no llamó a declarar a nadie.

El diario Today’s Zaman, medio de comunicación cercano a Gölen, asegura que la investigación se hizo pública, porque una nueva norma del gobierno, decretada el sábado pasado, obliga a la policía a informar a sus superiores jerárquicos, lo que conlleva el peligro de que el Ejecutivo pueda obstruir o frenar la operación.