Desde Barcelona

Al gobierno español le salió el tiro por la culata. En un nuevo intento por acallar las voces que en el País Vasco piden desde hace años una política penitenciaria más justa para los presos etarras, Mariano Rajoy tuvo que ser espectador de una manifestación de dimensiones pocas veces vista en la historia reciente del País Vasco. Más de cien mil personas inundaron las calles de Bilbao en una marcha silenciosa que, en un acuerdo excepcional, convocaron de forma unitaria las dos agrupaciones mayoritarias de la región, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Sortu. La unión histórica se produce en respuesta a la prohibición por parte de la Audiencia Nacional de la manifestación a favor de los presos de ETA convocada por la plataforma ciudadana vasca Tantaz Tanta (Gota a gota). El presidente del PNV, Andoni Ortúzar, y el de Sortu, Hasier Arraiz, secundados por otros partidos y sindicatos, invitaron a los ciudadanos vascos a una gran marcha que sustituya a la prohibida por el juez Velasco, con el lema Derechos Humanos, Acuerdo, Paz, consigna que evita mencionar lo que en la inicial convocatoria dio pie a la censura judicial: la relación directa con los presos de la banda terrorista.

Las dos agrupaciones políticas no compartían pancartas desde 1999, dadas sus profundas divergencias ideológicas. El PNV es un partido demócrata cristiano y representa la rama conservadora del nacionalismo vasco, mientras que Sortu es el actual referente de la izquierda independentista –abertzale– y, para muchos, heredero de Batasuna, la formación ilegalizada desde 2003 por considerarse el brazo político de ETA. En medio de una gran expectativa, los líderes de ambos partidos anunciaron el viernes en rueda de prensa que la nueva convocatoria quería convertirse en un grito de silencio en respuesta al “ataque” que, según ellos, supone la ilegalización de la primera marcha. “Es una comparecencia excepcional, para una situación excepcional que requiere una respuesta excepcional”, dijo Ortúzar, presidente del PNV.

El vuelco masivo del pueblo vasco hacia la marcha de ayer refleja el deseo generalizado de un cambio en la política del Partido Popular (PP) en relación con el tratamiento de los presos de ETA, punto clave para el proceso de paz. No sólo desde el entorno de los familiares de los reclusos, sino desde numerosos sectores de la población vasca –hasta el clero anunció que asistiría a la protesta– se lleva años pidiendo al gobierno central el acercamiento de los presos a sus seres queridos, dada la dispersión en distintos puntos del país a la que se ven sometidos. Sordo a estas demandas y presionado por la Asociación de Víctimas de ETA (AVT), que considera la manifestación “un delito de enaltecimiento del terrorismo y de humillación de las víctimas tipificado en la ley”, según manifestó la presidenta de la AVT, Angeles Pedraza, el gobierno de Mariano Rajoy dio la espalda esta semana a las declaraciones históricas de un amplio grupo de ex presos de la banda que aceptaba “toda su responsabilidad en lo relativo a las consecuencias del conflicto”.

El anuncio se producía después de que el 28 de diciembre el Colectivo de Presos y Presas Políticos Vascos (EPPK) diera a su vez otro paso importante en el camino hacia la paz: reconocer en un comunicado “su responsabilidad sobre el daño causado” e impulsar “la reinserción individualizada de sus integrantes”. La agrupación se mostró dispuesta a abrir una vía de solución para “las personas presas dentro de un proceso escalonado, individual y en un tiempo prudencial”, tal como lo manifestaron sus portavoces. Ambas decisiones fueron consideradas por amplios sectores de las fuerzas políticas y de la sociedad civil vasca como un gran adelanto, ya que, por un lado, los presos asumen y deciden de forma colectiva que cada uno de ellos deberá acogerse a las medidas de reinserción individuales, tal y como exige la ley vigente, y por otro, es la primera vez que asumen el “dolor” causado a las víctimas.

Sin embargo, el gobierno del PP no sólo hizo caso omiso a las declaraciones de los presos políticos, sino que el pasado miércoles lanzó una contundente operación policial contra el EPPK que se saldó con la detención de ocho de sus interlocutores en el exterior. El grupo de personas, entre ellas abogados y ex presos, que vienen ejerciendo la función de mediadores externos de EPPK desde hace ya año y medio fue golpeado con una redada que, aunque fuentes cercanas al gobierno español trataran de desmentirlo, se interpretó generalizadamente como el precio de la decisión dada a conocer por EPPK el 28 de diciembre y la comparecencia realizada el sábado pasado por el grupo de veteranos ex prisioneros en apoyo a esa apuesta.

Lokarri, Red ciudadana por el acuerdo y la consulta, criticó “la respuesta destructiva” del gobierno al EPPK y aseguró que la pretensión de Mariano Rajoy es “detener la esperanza en una pronta consolidación del proceso de paz”. En un comunicado, la agrupación afirmó que si bien el año 2014 “ha comenzado con esperanzas renovadas en las posibilidades de avanzar en el camino de consolidar la paz y la convivencia, se daba por descontado que, pese al cambio producido en las propuestas del colectivo de personas presas, el gobierno de España no iba a hacer nada ni para humanizar la política penitenciaria ni para promover la reintegración”.