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Como el ascenso y la designación al frente del ejército del general Milani se hicieron según lo disponen la Constitución y las leyes, hay que entender que la discusión desatada a su alrededor es una discusión política. Es decir, se trata de una disputa sobre la conveniencia de esas decisiones y no sobre su legalidad. La conveniencia política no se dirime en abstracto ni bajo la pretensión de neutralidad que entrañaría un debate jurídico. Tampoco puede reducirse a una cuestión de índole moral. Claro que toda decisión política involucra cuestiones de orden ético-moral; lo que se pretende subrayar es que no se limita a esa dimensión sino que la incluye dentro de una mirada más abarcativa cuya perspectiva debe fundarse en el bien colectivo.

Desde el punto de vista político, la objeción central que ha desencadenado la designación de Milani es la que proviene de la oposición mediático-política al actual gobierno, cuya expresión pública más precisa se encuentra en el editorial del diario La Nación del 17 de diciembre del año pasado. Este documento tiene el mismo norte político que toda la pirotecnia desatada por los grandes medios sobre el tema, pero conserva una coherencia doctrinaria de la que ha carecido la gran mayoría de sus voceros. Aunque se duele de que el gobierno promueva a un general acusado de graves violaciones a los derechos humanos en “la represión de la guerrilla” (no en los tiempos de la dictadura y el terrorismo de Estado), deja claro que no cree que la política de derechos humanos del actual gobierno sea otra cosa que una forma de “persecución capciosa” contra gente de impecables antecedentes. De modo que el debate abierto dentro de las filas de quienes apoyan al Gobierno no tiene otra relevancia que no sea la de poner de manifiesto la supuesta incongruencia de esa política oficial.

Sin embargo, la lectura atenta y completa de la nota no deja lugar a dudas: no son las acusaciones judiciales ni las impugnaciones morales al general Milani el objeto principal del desasosiego de la “tribuna de doctrina”. El problema fundamental es la “politización” de las Fuerzas Armadas, preocupación que no deja de ser conmovedora viniendo de una empresa mediática que no estuvo ausente de ninguno de los episodios en los que durante gran parte del siglo XX los militares se constituyeron en brazo ejecutor de los proyectos políticos de las clases dominantes del país. Para el diario, “politización” y “facciosidad” son términos utilizables para designar posiciones políticas opuestas a las propias. No hay ninguna ley, ni artículo constitucional que prescriba que las Fuerzas Armadas tengan que mantenerse “fuera de la política”; de hecho la atribución de su comandancia al presidente es, justamente, la declaración de subordinación de los militares a la jefatura política de la nación. Otra cosa es, naturalmente, la cuestión de la partidización de las Fuerzas Armadas, absolutamente incompatible con su condición de brazo armado para la defensa de la república.

La nota que comentamos confunde visiblemente ambos planos. Utiliza las declaraciones de Milani a favor del compromiso del Ejército con el proyecto nacional para intentar demostrar que su designación corresponde a la estrategia de convertir a “los militares en militantes” y “al ejército en una montonera, es decir en la organización armada de un movimiento político”. El cuadro se completa con infundadas acusaciones a Milani de participar en tareas de espionaje político y con la afirmación del supuesto designio oficial favorable al involucramiento militar en tareas de seguridad interior. La participación y el compromiso militar con un proyecto nacional no significa una toma de posición partidista: en rigor, las Fuerzas Armadas no pueden dejar de participar en un proyecto nacional; lo hacen tanto cuando adoptan compromisos con una política de desarrollo soberano e inclusivo como cuando responden a cursos privatistas y de concentración de la riqueza. El verdadero debate no es si el Ejército participa en una política nacional, sino en qué tipo de política nacional participa y si lo hace como un dispositivo disciplinado detrás de las autoridades legítimamente elegidas o como una corporación autónoma, como un “partido militar”.

El telón de fondo de la discusión concierne a cuál es el papel de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz y de plena vigencia del orden constitucional. Como la utopía neoliberal del orden mundial autorregulado ha ido dejando paso a la realidad cada vez más conflictiva del capitalismo realmente existente, no parece prudente una política de liquidación de los propios recursos de la defensa nacional. Esto involucra la necesidad de desarrollar recursos materiales, tecnológicos y humanos a la altura de la evolución mundial en la materia. ¿Qué se hace con esos recursos en tiempos en que afortunadamente el país no tiene las viejas hipótesis de conflictos con países vecinos que supieron formar parte de nuestro pasado autoritario? ¿No hay tareas de solidaridad social, investigación tecnológica, capacitación de recursos, entre otros, en los que los militares podrían aportar una parte de su patrimonio institucional para servir a objetivos nacionales más generales? Claro, esos objetivos nacionales no son abstractos ni pueden ser deducidos automáticamente del tejido jurídico constitucional y legal del país; están mediados por relaciones de fuerza políticas, son el fruto práctico de las controversias de la sociedad democráticamente gestionadas. Y eso, hay que insistir, es válido cuando se recupera YPF y cuando se entrega el patrimonio nacional; también esta última es una decisión política que compromete a todos los actores institucionales, Fuerzas Armadas incluidas.

Si se parte de que ésta es la discusión política de fondo, se puede entrar en mejores condiciones al debate abierto en las propias filas del kirchnerismo sobre la designación de Milani. No se trata, como a veces se pretende interpretar, de forzar un seguidismo acrítico de las decisiones que se toman desde el poder, sino de enmarcar su análisis en una mirada de conjunto, capaz de establecer la jerarquía de las distintas cuestiones que están en juego. Para empezar a despejar el camino, vendría bien ajustar los términos: no se acusa a Milani de asesinar o torturar sino de firmar un documento burocrático que atestigua la “de-serción” de un soldado que en realidad había sido secuestrado y asesinado; una acusación, hay que aclarar, que no ha sido probada. Es probable que la falacia del documento firmado fuera conocida por el entonces subteniente Milani; estaríamos ante una conducta indudablemente culpable, a lo que podría agregarse la posterior negación de ese conocimiento. Es decir que estaríamos ante el caso de un oficial de muy baja graduación que no tenía entonces ninguna posibilidad cierta de evitar el asesinato de un soldado, que formaba parte de una maquinaria de poder vertical y férreamente disciplinada y que condescendió –sin muchas posibilidades de negarse– a poner su firma en un documento encubridor. Treinta y seis años después, el hoy general niega el conocimiento de la verdad respecto del soldado asesinado y puede haber buenas razones para dudar de esa ignorancia. ¿Alcanza con esos hechos para cuestionar su idoneidad política y su compromiso actual con los derechos humanos? Es importante saber cómo el general contesta un cuestionario formulado por un organismo prestigioso de defensa de los derechos humanos. Pero acaso el renunciamiento moral (aparente, porque tampoco ha sido probado) a reconocer una culpa pasada tenga que ser evaluado junto con su comportamiento real en los últimos años, que incluye una activa colaboración en el esclarecimiento de las prácticas del terrorismo de Estado, como lo ejemplifica su denuncia de los agentes de inteligencia civil que actuaban en el Batallón 601.

Es en este punto, el de la relación de un gesto moral de Milani con la oportunidad de una decisión política, en el que no hay modo de dar una respuesta segura y definitiva. Desde mi punto de vista, la prioridad conceptual la tienen los hechos, las contiendas, los proyectos que forman parte de nuestro aquí y ahora. La decisión política de la Presidenta no significa una devaluación de la importancia de las cuestiones morales involucradas en la conducta de Milani. Sería así, por ejemplo, si se aceptara en homenaje a la realpolitik actual que un probado represor de la dictadura ocupara un cargo jerárquico en el ejército o en cualquier otra institución dependiente del gobierno. No es el caso del jefe del Ejército. Tampoco se trata de un “inocente”. Claramente no los hay entre quienes formaban parte de los cuadros militares de la época de la barbarie dictatorial y no son tan abundantes en la sociedad argentina tomada en su conjunto. Eso no impidió que muchos de esos militares condujeran a las fuerzas durante estos treinta años de democracia. Más aún, sobre muchos de los que ocuparon diferentes niveles de conducción militar pesaban antecedentes mucho más graves, pasados y actuales, que aquello de lo que se acusa a Milani. Una vez más, la discusión de fondo es cuál es el rol de las Fuerzas Armadas en la democracia argentina y es esa perspectiva la que debería organizar la legítima controversia abierta.