Los parientes del presidente de China y otros líderes políticos y empresariales están vinculados con paraísos fiscales extranjeros, afirmó ayer un grupo internacional de periodistas con sede en Estados Unidos.

El informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (CIPI) es un golpe para la familia del presidente Xi Jinping y su riqueza en momentos en que está haciendo del combate a la corrupción una prioridad de su gobierno. Las quejas de que los parientes de los líderes chinos suelen abusar de los puestos de éstos para obtener ganancias de bienes raíces y de otros negocios son generalizadas. Pero los detalles de sus actividades, en especial las de los altos mandos del partido, suelen estar ocultos.

El CIPI, con sede en Washington, indicó que obtuvo documentos que muestran la identidad de casi 22.000 propietarios de compañías y fondos de inversión en las islas Vírgenes Británicas, Samoa y otros centros de inversión en el extranjero. “Los parientes cercanos de los principales líderes de China han mantenido compañías ocultas en el extranjero en paraísos fiscales que ayudaron a encubrir la riqueza de la elite comunista”, afirmó el grupo.

“En los datos analizados figuran al menos trece miembros de la denominada nobleza roja, es decir, parientes de los dirigentes de la cúpula comunista en activo, jubilados o fallecidos. Entre ellos, destacan el cuñado de Xi; el hijo y el yerno del anterior primer ministro, Wen Jiabao; la hija de su antecesor, Li Peng; un yerno del fallecido Deng Xiaoping o el nieto del legendario comandante de la revolución Su Yu”, publicó el diario El País. Estas trece personas aparecen vinculadas con al menos 25 sociedades en calidad de accionistas o directores.

“La elección de este archipiélago del Caribe por parte de la elite china no es extraña: el territorio británico de ultramar era el segundo inversor directo en China en 2010 –año hasta el que figuran registros en la base de datos filtrada–, sólo por detrás de Hong Kong. Con apenas 27.000 habitantes, tiene inscritas más de un millón de sociedades, el 40 por ciento procedente de China, Hong Kong y Singapur”, destacó el diario español, que junto con otros medios como The Guardian, BBC, Le Monde, Süddeutsche Zeitung o Asahi Shimbun, tuvo acceso al informe del CIPI.

El informe dejó al desnudo la connivencia que las reformas emprendidas hace 30 años por Deng –que buscaban acelerar el tránsito hacia una economía de mercado– forjó entre la elite del Partido Comunista Chino (PCCh) y el empresariado emergente. De hecho, muchos dirigentes partidarios y sus familias se convirtieron en empresarios tras la transformación económica de la segunda potencia mundial. “Los documentos permiten constatar cómo estas tramas familiares, pertenecientes a los más altos linajes comunistas, se han aprovechado de la opacidad de las islas Vírgenes Británicas para enviar el dinero fuera de los circuitos habituales. Esto facilita ocultar bienes y dinero del control oficial e incluso beneficiarse de los privilegios fiscales de Beijing a inversores extranjeros”, sostuvo El País.

Los cables de Wikileaks publicados en 2010 daban cuenta del sospechoso enriquecimiento de las familias de los máximos dirigentes comunistas. “Un informe secreto enviado a Washington desde el Consulado de Shanghai en 2007 recoge declaraciones de una fuente que señala que ‘la familia de Wen es un notable dolor de cabeza político para el (entonces) primer ministro’ y su ‘disgusto con los negocios de sus allegados”, agregó el periódico español.

En noviembre The New York Times informó que una empresa de consultoría dirigida por la hija de Wen había pagado 1,8 millón de dólares por servicios financieros al gigante norteamericano JP Morgan. El pago se convirtió en uno de los objetivos de una investigación realizada por las autoridades estadounidenses en las actividades de JP Morgan en China, sobre todo en la política de contratación de personal, que beneficiaba a parientes de miembros influyentes del PCCh. De acuerdo con el Times la fortuna de la familia de Wen es de 2700 millones de dólares. Un diario de Hong Kong había publicado el sábado pasado una carta de Wen en la cual aseguraba que nunca ha abusado de su poder para lograr beneficios personales.

El CIPI comenzó a trabajar en 1997 con el apoyo del Centro para la Integridad Pública, una organización estadounidense sin fines de lucro dedicada a indagar sobre asuntos transfronterizos. Sus investigaciones sobre paraísos fiscales tuvieron tal repercusión que la Comisión Europea (CE) e Irlanda pidieron al consorcio el año pasado que facilite a los países miembro del organismo los nombres y detalles de los ciudadanos comunitarios que figuran en la lista de supuestos evasores fiscales que divulgó en 2013.

El colectivo de periodistas accedió para su investigación a unos 2,5 millones de archivos digitales, fundamentalmente de las islas Vírgenes Británicas, las islas Cook y otros paraísos fiscales. Sus pesquisas indagan en unas 120.000 empresas y fideicomisos extraterritoriales y sobre cerca de 130.000 personas, entre ellas multimillonarios de Europa del Este e Indonesia, ejecutivos de empresas rusas, médicos estadounidenses y traficantes de armas. El tamaño total de los archivos es 160 veces mayor al de la filtración por parte de Wikileaks en 2010 de documentos del Departamento de Estado de Estados Unidos, según el consorcio.