La Justicia chilena detuvo a cuatro militares acusados de envenenar con toxinas botulínicas a presos políticos en 1981, operación considerada la antesala del asesinato del ex presidente Eduardo Frei. “Están procesados y con detención preventiva el médico militar Eduardo Arriagada, su asistente y veterinario Sergio Rosende, y los oficiales en retiro Joaquín Larraín y Jaime Fuenzalida”, dijo el abogado Francisco Ugas, del Ministerio del Interior. Los dos primeros represores están detenidos bajo el cargo de homicidio de los opositores y militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Víctor Corvalán y Héctor Pacheco. Los otros dos como cómplices del asesinato frustrado de otros cinco presos políticos.

La investigación del juez Madrid indicó que el 9 de diciembre de 1981 las siete víctimas, supuestos opositores a la dictadura de Augusto Pinochet, fueron trasladadas desde el Centro de Detención Preventiva de Santiago, donde estaban detenidos por delitos comunes, a un hospital debido a serios problemas de salud a causa de una intoxicación producida por la denominada toxina botulínica. Dicha toxina fue traída a Chile desde Brasil por el Instituto de Salud Pública y posteriormente entregada a los encargados de un laboratorio secreto a cargo de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), afirmó la investigación.

El mismo equipo que figura en esta acción represiva es investigado por la muerte de Frei, ocurrida semanas después, en enero de 1982 en la Clínica Santa María, tras una operación. Algunos de estos sospechosos son señalados también como responsables por la muerte del poeta Pablo Neruda, quien falleció en la misma clínica. “Esto es muy importante”, dijo el abogado Eduardo Contreras, litigante en el caso Neruda. “¿Y no detuvieron a Sergio Draper?”, inquirió en alusión al médico que atendió a Neruda y Frei.

Los detenidos, que fueron trasladados a un regimiento, constituían el equipo que en dictadura ingresó desde Brasil armas químicas a Chile, con fines de “guerra interna” y externa, como ellos mismos confesaron a la policía. Estas armas de destrucción masiva, que llegaban primero al propio palacio presidencial de La Moneda, eran básicamente toxinas botulínicas, un veneno mortal. La operación, según declaraciones a la policía de los demás involucrados, comenzó a inicios de 1980, previo al envenenamiento de los presos políticos y la muerte de Frei, en cuyos restos fueron encontrados gas mostaza y talio.

El propio director del Instituto de Salud Pública (ISP) en esos años, el coronel Joaquín Larraín, reconoció a la policía civil en un texto con su firma que la adquisición de armas químicas comenzó luego de una reunión con el médico Eduardo Arriagada Rehren, de inteligencia militar. En el encuentro, Arriagada preguntó a Larraín, un ex profesor de la Escuela de las Américas, si el ISP tenía toxinas botulínicas, aduciendo que el ejército las necesitaba, debido a las tensiones con países limítrofes, en especial Argentina.

Arriagada, quien estuvo acompañado en el encuentro además por el veterinario Rosende, admitió los hechos también a los investigadores, quienes realizaron las pesquisas por petición del juez Alejandro Madrid. El magistrado, quien lleva años investigando la muerte de Frei y el envenenamiento de presos en la Cárcel Pública de Santiago, debería dictar sentencia en el magnicidio en los próximos meses.

Si bien la detención de los cuatro militares es considerada un logro para esclarecer lo ocurrido durante la dictadura pinochetista, la Corte de Apelaciones de Santiago rebajó ayer las penas a tres de cinco agentes de la dictadura condenados por la desaparición de los hermanos Mario y Nilda Peña Solari, ocurrida a fines de 1974. La resolución de las juezas Dobra Lusic, Adelita Ravanales y María Teresa Figueroa modificó la sentencia de primera instancia, dictada el 30 de marzo de 2012 por el juez especial Joaquín Billard a los autores de los secuestros, ocurridos el 9 y 10 de diciembre de 1974 en la capital chilena.

Los nombres de los hermanos Peña Solari fueron incluidos en 1975 en la llamada Operación Colombo, que consistió en un montaje para encubrir la desaparición de 119 presos políticos, en su mayoría militantes del MIR. Durante la dictadura de Pinochet, según documentos oficiales, unos 2300 chilenos murieron a manos de agentes del Estado y de ellos, 1192 permanecen aún como desaparecidos.