Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se manifestaron sobre las escuchas ilegales realizadas supuestamente por el ejército, que se conocieron la semana pasada. “El estado de necrosis que tiene la institucionalidad colombiana ha llevado a que dentro del seno de las mismas fuerzas militares ya no se pueda generar confianza ni para el propio gobierno”, manifestó ayer a los medios Seuxis Paucias Hernández (alias Jesús Santrich), uno de los negociadores de las FARC en los diálogos de paz que tienen lugar en La Habana. La guerrilla colombiana además volvió a reclamar la convocatoria de una Asamblea Constituyente.

El portavoz rebelde instó a prestar atención a las complicaciones de fondo que implica el caso de las supuestas escuchas ilegales de un sector del ejército contra líderes de izquierda y a los delegados del gobierno en las negociaciones con las FARC en Cuba, revelado el martes pasado por la revista Semana. “Por un lado, el paramilitar (Alvaro) Uribe Vélez (ex presidente colombiano) controlando hilos, por otro lado las mafias, en la misma situación. En fin, se requiere una recomposición de la institucionalidad, por eso estamos insistiendo siempre en la Asamblea Nacional Constituyente”, recalcó Hernández.

Las FARC hicieron de la Asamblea Constituyente una de sus principales demandas desde el inicio de los diálogos de paz que sostienen con el gobierno de Juan Manuel Santos desde noviembre de 2012, con sede permanente en la capital cubana. También señalaron que su grupo insurgente no tiene nada que esconder. “Así es que por ese lado no abrigamos preocupaciones y en ningún escenario, ni en Colombia ni en ninguna otra parte del mundo se está exento de que esos aparatos oscuros de la inteligencia militar quieran intervenir”, manifestaron.

La principal guerrilla colombiana criticó también la actitud del presidente Juan Manuel Santos de convalidar el espionaje practicado sobre las comunicaciones de los negociadores gubernamentales en mesa de diálogo con la guerrilla, que en principio el mandatario había condenado. “No podemos compartir que las fachadas de inteligencia sean totalmente lícitas, que sus operaciones sean ajustadas a la ley y que no tengan nada de irregular”, afirmó la organización guerrillera en un comunicado leído anteayer por el vocero del grupo, Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez. El comunicado hizo referencia a la denuncia días atrás de que miembros del ejército colombiano instalaron en 2012 una oficina para interceptar ilegalmente las comunicaciones que mantenían los negociadores gubernamentales, entre ellos el jefe de la delegación en La Habana, Humberto de la Calle; el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, y el director de la Agencia Colombiana para la Reintegración, Alejandro Eder.

Ante la denuncia, Santos señaló que el espionaje era totalmente inaceptable y que tenía como objetivo boicotear los diálogos de paz. Y el gobierno relevó a los jefes de los servicios de inteligencia el miércoles pasado. La delegación gubernamental no realizó declaraciones a su entrada al Palacio Convenciones de La Habana ayer, sede de los diálogos de paz, donde las partes continúan las negociaciones hasta el jueves. Se espera que ese día concluya la tercera etapa del proceso de diálogo con eje en la cuestión de las drogas ilícitas. Hasta el momento se consensuaron los puntos de la agenda referentes al desarrollo rural y la participación política.

Por otra parte, las FARC aprovecharon para denunciar como un crimen permanente la decisión del gobierno de continuar las fumigaciones sobre los cultivos de coca porque, a su juicio, se trata de una acción contra la población y el medio ambiente. “Eso hay que pararlo, si estamos en este diálogo, si el mismo (Barack) Obama (presidente de Estados Unidos) lo dice, si el mismo Santos lo ha reconocido, por qué persistir en estas medidas fracasadas”, se preguntó Hernández.

La Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito en Colombia (Unodc) consideró que el Estado debe tener presencia integral en los narcocultivos, tras evaluar las propuestas sobre el problema del narcotráfico realizadas por el grupo rebelde. En diálogo con el diario El Tiempo, el representante de la Unodc, Bo Mathiasen, aseguró que aunque hay muchos puntos de encuentro sobre la solución al narcotráfico entre el gobierno y la guerrilla, se debe trabajar más en la aplicación de nuevas propuestas. “(Las FARC) reconocen que el desarrollo alternativo como política funciona bien, pero que se necesita trabajar más en la gestión de cómo hacerlo, acceder a crédito, por ejemplo. El acceso a crédito para los pequeños campesinos es un tema importante para que ellos puedan desarrollar sus economías”, explicó el funcionario.