El Tribunal Constitucional español consideró ilegal la declaración de soberanía aprobada por el Parlamento de Cataluña en 2013, que suponía el primer paso de un referendo sobre la independencia. El texto, respaldado en enero del año pasado por una amplia mayoría en el Parlamento regional, definía a Cataluña como “sujeto político y jurídico soberano” y daba luz verde al proceso para hacer efectivo el “derecho a decidir” o de autodeterminación por una consulta. Impulsada por el presidente del gobierno catalán Artur Mas, la declaración marcó un antes y un después en el conflicto con el gobierno central del derechista Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy, que no está dispuesto a aceptar el desafío.

Fue por eso que Rajoy fue a la Justicia, aunque la declaración de Cataluña era de carácter político, sin efectos jurídicos. La sentencia, aprobada ayer por unanimidad en el primer día de debate del Tribunal Constitucional, considera nulo por inconstitucional el primer punto de la declaración. Según fuentes judiciales, la frase “sujeto político y jurídico soberano” resulta inaceptable, aunque sea posible hacer un referendo “dentro del marco de la Constitución”.

Esto abre la puerta a dos opciones planteadas desde el inicio: que se modifique el marco constitucional o que el Ejecutivo español convoque un referendo para que voten todos los españoles. La Corte explicó que de acuerdo con la Constitución española, Cataluña no puede celebrar un referendo porque la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español. Con eso, la potestad para convocar referendos la tiene el presidente del gobierno nacional. La Constitución no reconoce al pueblo de Cataluña como soberano, porque en su artículo 2 marca la indisoluble unidad de la nación española, con lo que Cataluña no puede quebrarla por su sola voluntad. El pleno del Constitucional, presidido por Francisco Pérez de los Cobos, sostiene en su sentencia que se puede cambiar el fundamento mismo del orden constitucional siempre que no se haga “a través de una actividad que vulnere los principios democráticos, los derechos fundamentales o el resto de los mandatos constitucionales”, sino en el marco de “los procedimientos de reforma de la Constitución”.

El presidente catalán Mas aseguró en reiteradas ocasiones que no hará nada que sea ilegal y por eso impulsó una nueva resolución en el Parlamento regional para pedir competencia a las Cortes Generales de España que le permitan celebrar un referendo. El pedido fue formulado en enero y el Congreso de los Diputados lo debatirá el 8 de abril, aunque el resultado se conoce de antemano, ya que el PP, con mayoría absoluta, y la principal fuerza opositora, el Partido Socialista (PSOE), se oponen.

Rajoy dejó claro que no permitirá que se celebre un referendo soberanista en Cataluña y mucho menos parece dispuesto a convocarlo para que decida el conjunto de España. La decisión del Tribunal Constitucional se conoció después de que el Parlamento catalán acordara recusar por imparcialidad al presidente del organismo Pérez de los Cobos y otros dos magistrados, Pedro González Trevijano y Enrique López. Al conocer la sentencia, el gobierno español expresó su respeto y acatamiento, mientras que el PSOE –la mayor fuerza de la oposición– manifestó que la decisión señala claramente que “el único camino sensato” es “el respeto a la ley como principio”.

El presidente de Convergencia i Uniò (CiU) –partido gobernante en Cataluña– en el Congreso de los Diputados de España, Josep Antoni Duran i Lleida, consideró la decisión un “error innecesario” porque entiende que es “una declaración política y no una norma de derecho positivo”. Mucho más contundente se mostró el vocero de CiU en el Parlamento catalán, Jordi Turull, quien aseguró que la sentencia no le merece ningún respeto y es lamentable, ya que vuelve a demostrar que es un órgano político.

Desde Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) –aliado con CiU para el referéndum–, Pere Aragonès afirmó que la hoja de ruta hacia la consulta “no debe moverse ni un milímetro”.

En contraste, el portavoz parlamentario del PP Catalán, Enric Millo, señaló que el tribunal puso punto final al “camino sin salida” del soberanismo, por lo que pidió al presidente catalán que reflexione. El portavoz parlamentario del Partido Socialista Catalán (PSC), Maurici Lucena, dijo que la sentencia es una oportunidad para “poner el contador a cero” y que Mas se dé cuenta de que el único camino debe ser un acuerdo entre gobiernos.