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Por Carlos Mendo *

Lo realmente peligroso del proceso que actualmente vive California con la recusación o recall de su actual gobernador, el demócrata Gray Davis, no radica en la sorpresa que producen los nombres de algunos de los candidatos a su sucesión, sino en la extravagancia de un sistema que, en caso de extenderse a otros estados de la Unión y, en última instancia, a nivel federal, echaría a perder el fundamento mismo de la Constitución sobre la que Estados Unidos ha basado su convivencia política desde 1787.
Estamos de acuerdo con que la incapacidad de Davis de gestionar la gravísima crisis energética del pasado año y controlar un presupuesto que arroja un déficit de 38.000 millones de dólares, ha reducido su popularidad en el Estado a límites que, según comentaba irónicamente The New York Times, difícilmente rebasen su círculo familiar. Pero, de ahí a intentar destituir al jefe del Ejecutivo californiano, reelegido democráticamente hace menos de un año, a causa de un estado de irritación popular hacia su gestión invocando una oscura disposición de 1911, concebida para lograr el cese de funcionarios corruptos, hay un abismo.
Precisamente por ser California el estado más poblado y rico de la Unión, con una economía ligeramente inferior a la británica y superior a la francesa, pionero de pautas y comportamientos, su decisión de embarcarse en un proceso de recusación de un político electo por votación popular ha hecho sonar las alarmas en todo el mundo constitucional y político estadounidense. Hasta tal punto es evidente la preocupación a escala nacional, que Bill Clinton, hasta ahora reacio a implicarse en procesos electorales estatales, ha decidido hacer campaña para impedir el derrocamiento de Davis.
El proceso ahora abierto en California es consecuencia de la moda establecida en los ‘70, principalmente en los estados del Oeste, Washington, Oregon y la misma California, de recurrir directamente a la ciudadanía para aprobar leyes sin pasar por las cámaras legislativas estatales. Esta apelación a la democracia directa, plebiscitaria y refrendaria frente a la democracia representativa y republicana atenta, según explica exhaustivamente el decano del periodismo político estadounidense y columnista del Washington Post, David Broder, en su libro La democracia descarrilada: iniciativas populares y el poder del dinero, contra los principios mismos en los que se inspiraron los Padres Fundadores para la redacción de una Carta Magna, que ha demostrado su vitalidad en sus más de 200 años de vigencia, al tiempo que “amenaza con subvertir en las próximas décadas el sistema de gobierno norteamericano”.
El llamado “gobierno por iniciativa popular”, vigente ya en 24 de los 50 estados de la Unión, no sólo constituye “un desvío radical” del sistema de controles y equilibrios vigente, sino que, como recuerda Broder, “se ha convertido en un gran negocio –250 millones de dólares en 1998–, en el que abogados, asesores de campaña, compañías dedicadas a la consecución de firmas y otros desaprensivos venden sus servicios a diversos grupos de interés que sólo persiguen su interés particular”.
Por eso, el peligro no es que Arnold Schwarzenegger, cuyo coeficiente intelectual y moderación política es superior a algunos miembros de la actual administración de Washington, salga elegido gobernador de California, sino que se institucionalice un sistema a todas luces inconstitucional, aunque, hasta ahora, el Tribunal Supremo federal no haya querido intervenir en lo que considera, por el momento, un derecho de los estados.
* De El País de Madrid. Especial para Página/12.