El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, presentó un proyecto de la Agencia de Protección Ambiental de ese país (EPA, por sus siglas en inglés) para reducir hasta 2030 las emisiones de carbono de las centrales termoeléctricas en un 30 por ciento. La propuesta, muy ambiciosa, no entrará en vigor antes de junio de 2016 y es flexible en cuanto al modo en que los estados de la Unión deban alcanzar ese objetivo. Al presentar el plan, la directora de la EPA, Gina McCarthy, señaló implícitamente a la gran industria –y no al consumo individual– como la gran contaminante estadounidense. “Es como si elimináramos la contaminación anual por carbono de dos tercios de los automóviles y camiones de Estados Unidos”, dijo la funcionaria. En la actualidad las centrales eléctricas representan aproximadamente una tercera parte de todas las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero en Estados Unidos, según datos oficiales.

Cerca del 40 por ciento de la contaminación en el país del norte proviene de las plantas de energía. De allí que se espere que el plan enfrente una fuerte oposición interna, en un país considerado como de los más despilfarradores de energía entre los más desarrollados. El plan, emitido mediante una orden ejecutiva (decreto) y considerado la pieza clave de la agenda de Obama contra el cambio climático, cuenta con la oposición frontal de gran parte del ala republicana en el Congreso, la industria del carbón –que abastece a las centrales termoeléctricas– y la Cámara de Comercio estadounidense. La nueva normativa regulará las emisiones de carbono en cientos de centrales, entre ellas unas 600 plantas de carbón.

La EPA recogerá comentarios sobre el plan hasta junio del próximo año y después la norma entrará en vigor, si bien los estados tendrán hasta junio de 2016 para presentar sus proyectos para alcanzar la meta, con la opción de pedir una prórroga de un año. El objetivo del plan, que pronostica además una reducción del 20 por ciento en las emisiones para 2020, es algo menos ambicioso que el que pedían muchos grupos ecologistas, que buscaban tomar como año de referencia 2012 y no 2005, dado que los niveles de contaminación se han reducido de forma sostenida desde entonces.

La Casa Blanca defiende el plan, ante todo, por sus efectos beneficiosos para la salud pública. Sostiene que se evitarán hasta 6600 muertes prematuras y hasta 150.000 ataques de asma en niños, lo que repercutirá en hasta 93.000 millones de dólares en beneficios de salud y medio ambiente. Ese ahorro compensará, de acuerdo con datos aportados por la administración Obama, el costo anual de 7300 a 8800 millones de dólares que, según sus pronósticos, tendrá la implementación del plan. La Cámara de Comercio considera que ese costo estará en el orden de los 50.000 millones y predice un encarecimiento de la energía.

La EPA descartó la posibilidad de que se disparen los precios. Por el contrario, estima que el plan puede ayudar a abaratar un 8 por ciento las facturas de la luz en 2030. El plan se hace público cinco meses antes de las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos, y los republicanos, muy sólidos en los estados carboníferos, se disponen a convertirlo en un caballo de batalla. Pese a la oposición interna, las medidas anunciadas ayer pueden situar a Estados Unidos en una situación de ventaja para la conferencia de las Naciones Unidas de París en 2015, donde se debe adoptar un acuerdo global vinculante sobre las emisiones globales de carbono.

La agencia de protección ambiental recordó en un comunicado que aunque hay límites en vigor para las emisiones de arsénico, mercurio, dióxido de azufre, óxidos de nitrógenos y contaminación de partículas que las centrales eléctricas pueden emitir, en la actualidad no existen límites nacionales para los niveles de contaminación de carbono. “Al potenciar las fuentes de energía más limpia y reducir el desperdicio de energía, este plan limpiará el aire que respiramos mientras ayudará a aminorar el cambio climático para que podamos dejar un futuro más sano y saludable para nuestros hijos”, afirmó McCarthy.

Las críticas a esta iniciativa no se hicieron esperar. El senador republicano por el estado de Kentucky, Mitch McConnell, calificó el plan presentado por la EPA como una “daga en el corazón de la clase media estadounidense”. McConnell consideró que las nuevas reglas impuestas por la agencia norteamericana tendrán un impacto catastrófico en las familias estadounidenses, en el sector del carbón y en la economía local en general.

La directora de la EPA, por su parte, rechazó lo que definió como “tácticas de miedo” de los críticos que argumentan que la reducción de emisiones de carbono aumentará el coste de la electricidad y ralentizará la economía. McCarthy se mostró convencida de que el Plan de Energía Limpia fortalecerá la ventaja competitiva de Estados Unidos, fomentará la innovación y creará empleos. “Estados Unidos nunca tendrá que elegir entre una economía saludable y un medio ambiente saludable. Lo más costoso sería no hacer nada”, sostuvo McCarthy, quien consideró que los fenómenos meteorológicos extremos provocados por el cambio climático son una llamada de atención de que hay que hacer algo.