La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunció ayer un plan que involucra una inversión de 20.000 millones de pesos (unos 36,36 millones de dólares) para fortalecer las escuelas públicas, que, esperan desde el gobierno chileno, se ponga en marcha durante el segundo semestre de este año. Los recursos para motorizar esta iniciativa, según la mandataria, provendrán del Fondo de Apoyo a la Educación Municipal, que tiene previsto a partir de julio un aumento del 17 por ciento, equivalente al monto que se destinará a las instituciones públicas y no de la reforma tributaria, que actualmente se debate en el Legislativo, con la que busca financiar los cambios de fondo en el sistema educativo. Los municipios estarán en condiciones de utilizar estos recursos, destinarlos a solventar su situación financiera y poner en marcha proyectos para mejorar la calidad de la enseñanza que brindan, aseguró el ministro de Educación, Jaime Eyzaguirre, quien acompañó a Bachelet en su visita a un liceo del municipio santiaguino de Lo Prado, donde la mandataria hizo los anuncios. Eyzaguirre subrayó que la medida lanzada por Bachelet representa una transición hacia la desmunicipalización de la enseñanza pública, incluida en la reforma del sistema educacional que impulsa el gobierno. Con estos recursos, explicó el funcionario, los municipios estarán en condiciones de desahogar las deudas que fueron acumulando, como los pagos de seguridad social a profesores y funcionarios, situación que impide a las corporaciones municipales recibir la subvención escolar y que, según datos de la Asociación de Municipalidades, afecta a dos tercios de esas corporaciones, es decir, a unas 240 instituciones. El titular de la cartera de Educación también señaló que la partida presupuestaria también servirá para hacer mejoras en materia de infraestructura –física o digital–, como la instalación de redes de wifi en los colegios, la incorporación de tabletas electrónicas en la enseñanza de párvulos (niños) y básica, o mejorar las condiciones de las bibliotecas.

Por otra parte, se pondrán en marcha algunas iniciativas en apoyo de los profesores. En este sentido, se espera una ampliación de los programas de capacitación hasta 10.000 pesos en 2015 y 50.000 pesos para los cuatro años del gobierno; también se pretende financiar un programa de formación destinado a directores de escuela. Además se creará un fondo de desarrollo y participación estudiantil para que los alumnos puedan realizar viajes de estudio, asistir a encuentros o competencias regionales y nacionales, además de otra partida para fortalecer los centros de alumnos.

Asimismo, Eyzaguirre destacó que se trata de un programa potente, pero que no es la solución definitiva de los problemas en la enseñanza pública, y que esas transformaciones van a tomar más tiempo y tienen que ver con la desmunicipalización de la educación. En 1981, la dictadura de Augusto Pinochet entregó a los municipios la administración de la enseñanza básica y secundaria. Devolverla al Ministerio de Educación es uno de los objetivos pendientes de la reforma que impulsa Bachelet.

“Estamos aquí hoy para reafirmar nuestro compromiso con la educación pública, devolviéndole el sitial que le corresponde y que nunca debió perder”, afirmó ayer la presidenta chilena, quien definió las medidas más inmediatas, anunciadas ayer, como una agenda corta para el sector. “Como hija de la educación pública, desde primer año hasta la universidad, sé que una educación pública de calidad puede otorgar todas las oportunidades que nos merecemos cada uno de los que vivimos en nuestra patria”, completó la mandataria.

Decenas de miles de profesores y estudiantes marcharon anteayer en distintas ciudades de Chile exigiendo educación pública gratuita y de calidad, en el marco de complejas negociaciones con el gobierno de Bachelet. “No se trata solamente de una inyección de recursos, porque para fortalecer la educación pública tenemos que hablar de una reforma global”, dijo la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC), Naschla Aburman, durante la protesta. La movilización, apoyada por un 80 por ciento de los docentes de colegios, paralizó el tránsito vehicular en el centro de Santiago, escenario de enfrentamientos entre encapuchados y policías.

La jornada de protesta, que también fue acompañada por diputados y dirigentes políticos, encuentra al gobierno intentando sellar una serie de cambios de corto plazo. Las medidas, impulsadas por el ministro Eyzaguirre, son resistidas por la oposición, sectores oficialistas y organizaciones sociales, aunque por motivos contrapuestos. Algunos, como la Iglesia y la derecha opositora, reclaman una mayor injerencia del Estado en el sistema educativo. Otros, como los estudiantes, exigen lo contrario.

La reforma educacional, principal promesa de campaña de Bachelet, implica fortalecer la educación pública, acabar con el pago de mensualidades en colegios financiados con fondos públicos y terminar con la selección de alumnos. Actualmente, la educación pública chilena es provista por los municipios y los llamados “sostenedores”, empresas que reciben fondos del Estado a cambio de administrar colegios. Hoy las universidades públicas cobran a sus alumnos cuotas cuyo monto puede llegar hasta los 8000 dólares anuales. Una de las consecuencias de esa transformación fue una mayor segregación social en el país trasandino.