La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, sancionó una ley que obliga al Ejecutivo a elevar sus inversiones en educación que se propone erradicar el analfabetismo y universalizar la educación infantil, primaria y secundaria. El llamado Plan Nacional de Educación (PNE) fue sancionado el miércoles por la noche, cuando vencía el plazo reglamentario, y la norma fue publicada ayer en una edición extraordinaria del Diario Oficial para que entre en vigor. El plan determina que tanto el gobierno federal como los 27 regionales y todas las administraciones municipales eleven gradualmente sus inversiones en educación hasta llegar al 10 por ciento del Producto Bruto Interno (PIB) a partir del décimo año de vigencia.

Actualmente, los Ejecutivos destinan a la educación valores equivalentes al 6,5 por ciento del PIB. La legislación fija 20 metas y estrategias para el área de educación que el sector público tiene la obligación de alcanzar en un plazo de diez años. Entre los objetivos figuran la erradicación del analfabetismo y el acceso universal a todos los niveles de escolarización obligatoria. Esto significa que a partir de 2024 todos los brasileños de hasta 17 años deberán tener asegurado su inclusión al sistema escolar.

En diez años, todos los brasileños con hasta seis años tendrán que estar alfabetizados y la mitad de las escuelas públicas deberá ofrecer educación en tiempo integral, es decir que los estudiantes recibirán clases de mañana y de tarde. Otra meta es elevar a 12 años de estudios la escolaridad promedio de la población de 18 a 29. La norma también prevé la concesión de beneficios para las escuelas que consigan mejorar el desempeño de sus alumnos en los exámenes que determinan el llamado Indice de Desarrollo de la Educación Básica.

Rousseff recordó recientemente que la garantía de que las metas serán cumplidas es que la misma ley prevé los recursos para el cumplimiento de todos los proyectos. Para poder elevar las inversiones en el sector, el Congreso ya había aprobado una ley que determina que el 75 por ciento de todos los recursos procedentes de regalías petroleras sea destinado a la educación.

El plan fue elaborado a partir de la Conferencia Nacional sobre la Educación celebrado en abril de 2010, en el que muchas organizaciones de la sociedad civil habían planteado sus propuestas para mejorar la calidad de la educación brasileña. El gobierno del entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva lo promovió con el objetivo de que comenzara a regir en 2011, pero el Congreso, que le introdujo modificaciones, sólo terminó de aprobarlo el 3 de junio pasado.

En un mensaje emitido por televisión, el presidente de la Cámara baja, diputado Henrique Eduardo Alves, afirmó que el Plan Nacional de Educación fue la principal ley aprobada este año por el Legislativo. “La inversión permanente va a garantizar la realización de las metas del plan, entre ellas la de poner en la escuela a todos los niños de entre cuatro y cinco años, triplicar las plazas de la enseñanza técnica y erradicar el analfabetismo”, sostuvo Alves.

Además de la financiación, el plan garantiza la formación y remuneración de la carrera docente, cuestiones clave para el logro de los demás objetivos. Hasta el sexto año de la aplicación de la nueva ley, los sueldos de los maestros de educación básica deben equipararse al ingreso promedio de otros profesionales con formación equivalente. Por otra parte, en diez años, el 50 por ciento de estos docentes debe estar graduado.

El ministro de Educación, Henrique Paim, dijo que confía en los recursos del Fondo Social –compuesto por las regalías de la explotación petrolera–- para alcanzar los objetivos establecidos, pero reconoció que el gobierno tendrá que hacer un esfuerzo mayor. “Como tenemos diez años, debemos discutir ampliamente para comprobar las fuentes que tenemos y ver lo que se necesita para avanzar. Es evidente que el gobierno federal tiene que hacer un gran esfuerzo, pero también sabemos que los estados y municipios tienen que hacer un esfuerzo conjunto tanto para cumplir las metas como con la financiación”, aseguró.

Un punto que disgustó al gobierno durante el debate en el Congreso, y que se mantuvo en el texto, es la obligación del gobierno federal de brindar recursos complementarios de los estados y municipios si no invierten lo suficiente como para cumplir con ciertos estándares de calidad. Acerca del Costo Alumno Calidad (CAQ), el ministro Paim sostuvo que primero tiene que llevarse un gran debate con la participación del gobierno nacional, los estados, municipios y entidades para la definición de la forma de calcular el índice.

Las organizaciones que trabajan en el sector de la educación criticaron algunos puntos del PNE. En una carta a la presidenta Rousseff, pidieron que se excluyan de la subvención a las escuelas que mejoren el Indice de Desarrollo de la Educación Básica (IDEB) y que se reconsidere la asignación de una parte del 10 por ciento del PIB para los programas desarrollados en colaboración con instituciones privadas.