La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, aseguró ayer que antes de que finalice el año la interrupción voluntaria del embarazo en aquellos casos específicos de inviabilidad del feto, riesgo de vida para la madre y violación será despenalizada. “En Chile esta discusión en el Parlamento se ha dado y hay una enorme cantidad de mociones parlamentarias en la Cámara de Diputados y en el Senado; estamos en la etapa de revisar todas las ideas sobre el aborto y con ello mirar cuál vamos a apoyar y cómo vamos a apoyarla, de manera que podamos avanzar en la despenalización”, aseguró Bachelet en un reportaje concedido al diario español El País. En la entrevista, la presidenta anticipó que espera que la despenalización del aborto se produzca durante el segundo semestre, probablemente en los últimos meses del año.

El derecho al aborto ingresó en la agenda del debate público cuando la mandataria anunció, durante el discurso que celebró ante el Congreso Pleno el 21 de mayo, que su gobierno trabajará en pos de lograr la despenalización de la práctica en los casos de inviabilidad fetal, riesgo de vida de la madre y violación. El acceso al aborto legal es una de las 185 recomendaciones que recibió Chile tras someterse al Examen Periódico Universal de Naciones Unidas. En la decisión de Bachelet también influyó su experiencia en la gestión al frente de ONU Mujeres, iniciativa de la que fue su primera directora entre 2010 y 2013.

Además, Chile tiene el antecedente de ser el país donde, desde 1938, el aborto fue legal ante las situaciones planteadas por Bachelet, pero en 1989 Augusto Pinochet firmó una de sus últimas leyes como presidente penalizando la interrupción del embarazo. Con la rúbrica de ese decreto, el dictador incluyó a Chile en la lista de países que criminalizan el aborto, situación que en Latinoamérica sólo se da en Nicaragua, El Salvador, Haití y República Dominicana.

Las declaraciones de Bachelet fueron rechazadas de plano por la senadora de la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), Jacqueline Van Rysselberghe, quien consideró que plantear una posición del Estado de Chile en torno de legalizar el aborto, previamente a esta discusión, es una gran falta de respeto para el Senado y la Cámara de Diputados. En tanto, la presidenta del Senado y vicepresidenta del Partido Socialista (PS), Isabel Allende, manifestó que está de acuerdo con la decisión tomada por la mandataria y aclaró: “En lo personal, no estoy cerrada al aborto a secas, al aborto libre, como la opción última de una mujer que, en una situación muy desesperada, lo va a usar”.

La Iglesia Católica chilena, representada en la figura del arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, reiteró el rechazo a la iniciativa. Pero el sacerdote jesuita y fundador de la organización internacional Techo Para Mi País, Felipe Berríos, se mostró dispuesto al debate sobre el derecho a la interrupción del embarazo. “Lo que está de fondo es que nos demos cuenta que aquí se juega definir cuándo un ser humano se considera persona, si la gran mayoría discute en el Parlamento y acepta en el futuro una ley de aborto, yo lo voy a aceptar, pero para mí será inmoral por lo que yo pienso. Pero no puedo imponer esa manera de pensar”, señaló.