El Tribunal Supremo español rechazó el recurso catalán a favor de la consulta soberanista. El ejecutivo de Artur Mas había recurrido a la Justicia para que anulara la decisión del gobierno central de Mariano Rajoy de solicitar la impugnación de la consulta ante el Tribunal Constitucional, una medida que fue acordada el martes y que supuso la suspensión de la cita electoral pese a su carácter simbólico. Pero la Sala de lo Contencioso y Administrativo del Supremo acordó rechazar ese pedido de medidas cautelares, según informaron fuentes judiciales. En tanto, el gobierno español advirtió al ejecutivo catalán que no puede utilizar medios públicos para organizar la votación.

El recurso del gobierno catalán, que argumentó que la decisión del ejecutivo español de vetar la consulta vulnera los derechos fundamentales de los catalanes, hubiese permitido paralizar el proceso abierto en el Tribunal Constitucional y, por lo tanto, celebrar la consulta sin el manto de la prohibición. La consulta del 9 de noviembre (9N), que no es oficial ya que carece de un censo electoral previo –además de otras garantías constitucionales–, y será supervisada por voluntarios, sustituye al referéndum inicialmente planteado por el gobierno catalán y que también fue vetado por el TC.

Sin embargo, el gobierno central del derechista Partido Popular (PP) de Rajoy considera que la cita con las urnas es ilegal y un intento encubierto de celebrar el referéndum soberanista puesto que mantiene la fecha y las preguntas originales. Mas, en cambio, insiste en que es un mero proceso de participación ciudadana y que no tiene carácter refrendario.

La consulta servirá para medir el sentimiento independentista de los 7,5 millones de habitantes de la norteña y poderosa región de España, pero también se plantea como la carta de apoyo a la futura negociación de un referendo legal con el gobierno de Rajoy.

El jefe del gobierno regional se muestra decidido a celebrar la consulta el domingo y aseguró que todo está preparado, por lo que llamó a los catalanes a vencer el miedo y votar “en legítima defensa del pueblo”.

A pesar de que la consulta está suspendida y todos los actos de promoción también están prohibidos, el gobierno catalán, con la ayuda de miles de voluntarios, sigue adelante con los preparativos de la cita. La gran incógnita es si las fuerzas de seguridad retirarán las urnas de la consulta de los establecimientos públicos –escuelas y edificios gubernamentales– donde podrá votar todo aquel catalán o extranjero residente en Cataluña con un documento acreditativo, o si permitirán que se celebre la elección.

El consejero de Interior catalán, Ramón Espadaler, aseguró ayer que la imagen de los Mossos d’Esquadra (policía autónoma catalana) retirando las urnas el domingo es un escenario “extremo que no se dará”. No obstante, también indicó que las fuerzas de seguridad actuarán si así lo ordena la fiscalía. “Es una hipótesis lejana. Si pasara, los Mossos d’Esquadra actuarían en el marco que corresponda”, explicó el consejero, quien dejó en claro la función de la policía autonóma: “Los Mossos atenderán lo que les diga el juez y el fiscal”.

Esta situación podría provocar enfrentamientos en medio de un clima de tensión agitado por las protestas ciudadanas tras varios días de cacerolazos contra la decisión del Tribunal Constitucional de suspender la consulta.

De acuerdo con fuentes cercanas a La Moncloa citadas por medios españoles, el Ejecutivo central tiene la intención de restar importancia al proceso electoral y rebajarlo al nivel de una movilización o manifestación más de los grupos independentistas, como las ocurridas ya en 2009, cuando se inició un proceso de votación en varios municipios catalanes que se declararon independientes.

Sin embargo, a través de la delegada del gobierno en Cataluña, María de los Llanos de Luna, el ejecutivo de Rajoy advirtió de la importancia de cumplir la suspensión dictada el martes por el Tribunal Constitucional. “Podrían contravenir la resolución del tribunal actuaciones destinadas a la utilización de medios públicos para la realización de actos de ejecución de la consulta o de otra manera vinculadas con ella”, escribió Llanos de Luna en una carta destinada a la vicepresidenta catalana Joana Ortega, al mando del dispositivo de la votación, y la responsable del departamento de Educación, Irene Rigau, de quien dependen los institutos públicos donde el domingo deben instalarse las urnas y las mesas electorales.

Según la advertencia lanzada por la delegación, utilizar estos espacios públicos para acoger la votación del domingo podría significar una ilegalidad. Después de cancelar el referendo convocado hace un mes y suspendido también a instancias del gobierno español, Mas impulsó esta votación simbólica, sin censo previo ni órgano de supervisión y organizada por 41.000 voluntarios coordinados por su ejecutivo. Amparándose en la libertad de expresión y el derecho de participación, Mas decidió mantener en pie el escrutinio y llamó a los catalanes a participar masivamente.

Por ello, a dos días del 9N, voluntarios, artistas, famosos e incluso políticos y miembros del gobierno han realizado más de 325.000 llamadas para animar a las familias catalanas a participar en la votación del domingo.