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Celebramos el encuentro del papa Francisco con Estela de Carlotto y su familia en Roma. Este gesto emblemático contiene un valor intenso, que abre un rumbo auspicioso. Nos resulta una muy buena noticia para la vida y el desarrollo de la democracia que la máxima autoridad de la Iglesia Católica en el mundo, y paralelamente el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Arancedo, reconozcan la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo durante décadas, al realizar un pedido a la grey católica y a toda la ciudadanía de nuestro país para que aporten datos acerca de niños apropiados durante la dictadura. En la visita de Estela tenemos presente a todas las Abuelas, como símbolo de la inclaudicable lucha del movimiento de derechos humanos. Siendo que en todas las tradiciones religiosas el acto de ocultar o de no brindar la suficiente información para conocer la verdad deriva en una grave falta espiritual, estamos convencidos de que este gesto ayuda a quebrar los nocivos pactos de silencio que aún persisten en la sociedad argentina y que de hecho impiden que más nietos y nietas recuperen sus identidades y sus familias. La reunión de monseñor Arancedo con Estela Carlotto y Rosa Roisinblit, celebrada unas semanas atrás, así como la propaganda de Abuelas en los medios televisivos en la que puede verse a los tres juntos, señala que estamos viviendo un período social y cultural de acercamiento y búsqueda conjunta de justicia y verdad. Este signo saludable, fruto de muchos años de lucha, es a la vez una demostración de la aceptación masiva y activa de una sociedad que quiere que sigan apareciendo muchos más nietos. Esta nueva relación debe servir de estímulo para que todos los credos y comunidades religiosas de nuestro país se sumen al gesto del Papa y de los obispos argentinos, en el claro sentido de exigir que se sepa la verdad sobre todos y cada uno de los niños apropiados, para que recuperen su identidad. La actitud del papa Francisco vuelve a poner de manera visible y a escala mundial los graves delitos cometidos en la República Argentina, de modo tal que nunca más se produzcan crímenes de lesa humanidad en ningún lugar de la tierra. Destacamos que, a pesar de cuatro décadas de una cuasi invisibilidad en la relación con los organismos de derechos humanos, las audiencias con las Abuelas, tanto en el Vaticano como en Buenos Aires, refuerzan la necesidad de seguir construyendo Memoria, Verdad y Justicia. Enfatizamos el valor de reconocer la necesidad de abrir y desclasificar archivos oficiales, lo que implica un decisivo cambio de orientación por parte de la institución religiosa de mayor presencia en nuestro país. En este mismo sentido subrayamos la enorme importancia de que toda la correspondencia sostenida desde 1975 hasta 1984 entre la Nunciatura argentina y la Secretaría de Estado del Vaticano, al igual que la mantenida entre la dictadura argentina y su embajada en el Vaticano, sea hecha pública para poder seguir avanzando concretamente en la búsqueda de niños y niñas que fueron apropiados. Confiamos en que en ninguna repartición oficial del Estado argentino se producirán ocultamientos, totales o parciales, de esta correspondencia. Consideramos que la Conferencia Episcopal Argentina y la presidenta de la República, como acción de elemental y necesaria justicia, deberían eliminar el Obispado Castrense. El mismo fue en el pasado un espacio de complicidad con el terrorismo de Estado y hoy día no tiene sentido como ámbito especial para los militares de la democracia, quienes deben ser tratados como el resto de los ciudadanos y participar en las parroquias donde viven. Creemos que todo clero castrense, sea de la religión que fuere, debe disolverse. Ello contribuye a una vida republicana más digna. Finalmente nos pronunciamos porque los sacerdotes condenados por delitos de lesa humanidad, como es el caso del cura Von Wernich, sean separados del marco formal de sus respectivas iglesias. A la vez subrayamos la decisiva importancia que tiene el hecho de que los genocidas condenados por la Justicia sigan alojados en cárceles comunes hasta cumplir la totalidad de sus respectivas penas. De este modo se desvirtuarán y cancelarán todos los intentos presentes y futuros de que los genocidas reciban un injustificable trato diferencial.