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Un atentado sacudió ayer a la ciudad colombiana de Florencia, donde murieron 11 personas y 48 resultaron heridas. Las autoridades colombianas responsabilizaron a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La bomba, hecha con cinco kilos de R1, un poderoso explosivo, fue escondida en una moto Honda 100 abandonada frente a una disco de la Zona Rosa, donde se concentran los bares y restaurantes de Florencia. A las tres de la mañana, alguien activó la bomba a control remoto. “La gente estaba regresando a sus casas cuando explotó la moto”, dijo el general Luis Alberto Ardila, comandante de la Brigada 12ª del ejército. Entre los muertos hay dos policías, una mujer y un nene de 12 años que vendía golosinas en la calle.
“Estoy muy triste porque estos actos son muy lamentables para la sociedad civil”, declaró el alcalde de Florencia, Alvaro Pacheco, cuando ofreció una recompensa de 50 millones de pesos, unos 27.000 dólares, al que dé información sobre los responsables. Por su parte, la ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, condenó el ataque y anunció el aumento de las medidas de seguridad de la ciudad, que incluyen restricciones al tránsito de motos. No bien se enteró del atentado, Ramírez viajó a Florencia, donde se reunió de urgencia con los comandantes de las fuerzas militares, general Jorge Mora, y de la policía, general Teodoro Campo.
El general Ardila atribuyó el atentado de Florencia a las FARC. Y recordó que, en los últimos meses, este grupo armado perpetró otros ataques similares en la región. Florencia está a 335 kilómetros al sur de Bogotá y es la capital del departamento de Caquetá, que formó parte de la zona desmilitarizada para los diálogos de paz entre las FARC y el ex presidente Andrés Pastrana, que finalmente fracasaron.
Además de coches bomba, el modus operandi de la guerrilla incluye el uso de burros, chanchos, bicicletas, pelotas, libros y otros elementos para fabricar bombas. A mediados de julio, un explosivo colocado sobre un chancho estalló en Arauca poco después de que el presidente colombiano Alvaro Uribe terminara una visita por esta ciudad. El 10 de septiembre pasado, ocho personas murieron y 20 resultaron heridas cuando un caballo cargado de explosivos estalló en el municipio de Chita. El ataque fue duramente condenado por Uribe, que dos días antes había acusado a una organización de derechos humanos de ser cómplice del terrorismo. Inmediatamente, organizaciones internacionales como el Alto Comisionado de ONU para los Derechos Humanos, Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional se mostraron enojadas con las declaraciones del mandatario.
Mientras, Uribe llegará hoy a Nueva York para su presentación de mañana ante la Asamblea General de la ONU. También se reunirá con el secretario general de la ONU, Kofi Annan, a quien ha pedido que busque un acercamiento con las FARC. Este encuentro y su aparición en la Asamblea de la ONU serán claves para aclarar la posición de Uribe frente a las organizaciones de derechos humanos y defender el proyecto de ley que otorga libertad condicional a miembros de grupos armados que acepten el proceso de paz en Colombia. Entre los opositores más duros a este proyecto están la Oficina del Alto Comisionado de ONU para los Derechos Humanos y HRW y 56 congresistas estadounidenses. Los legisladores, encabezados por el demócrata Tom Lantos, aseguraron en una carta que el proyecto dejaría libres a narcotraficantes y violadores de los derechos humanos. A Uribe no le será fácil defender el proyecto, ya que quienes se oponen estiman que la iniciativa está hecha para los paramilitares de extrema derecha, con los que el gobierno lleva a cabo un proceso de paz y cuyos jefes máximos, Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, tienen pedidos de extradición en Washington por narcotráfico.