La Fiscalía Anticorrupción de España solicitó ayer el sobreseimiento de la infanta Cristina y pidió 19 años y medio de prisión para su esposo, el duque de Palma Iñaki Urdangarin, en el caso de corrupción Nóos, la trama de apropiación ilícita de dinero público que derivó en la primera imputación de un miembro de la Casa Real española. Si bien el fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, solicitó el sobreseimiento y archivo de la causa contra la hermana de Felipe VI, considera que debe hacer frente, junto a su marido, a una fianza de responsabilidad civil de 587.423 euros por haberse beneficiado del dinero defraudado por Urdangarin. Tras conocer la solicitud del fiscal, el abogado de la infanta, Miguel Roca, afirmó que su defendida pagará inmediatamente la fianza. La calificación del procurador, en representación de la Abogacía del Estado, y la acusación popular son el último elemento que el juez instructor, José Castro, deberá analizar antes de elevar a juicio oral el llamado caso Nóos.

La causa investiga una trama empresarial ideada por Urdangarin y su ex socio Diego Torres en torno al Instituto Nóos, una fundación deportiva supuestamente sin fines de lucro que se apropió ilícitamente de más de 6 millones de euros de los gobiernos balear, valenciano y madrileño, en manos del derechista Partido Popular (PP), sin que mediara contrato alguno. Horrach pide para los cabecillas de la trama, Urdangarin y Torres, 19 años y medio y 16 años y medio de cárcel, respectivamente. Y los acusa de delitos de malversación, fraude a la administración, estafa, delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y blanqueo de capitales.

Mario Pascual Vives, abogado del duque de Palma, consideró que la solicitud del Ministerio Público con respecto a Urdangarin es desproporcionada y comparó el pedido de prisión con un “delito de sangre, como si fuese un asesinato”.

Horrach reclama hasta 103 años de prisión para un total de 14 imputados en el caso Nóos, entre ellos el ex ministro y ex presidente de Baleares Jaume Matas, del PP, para el que se exigen 11 años de prisión y en torno a 30 de inhabilitación. A diferencia de la infanta, la esposa de Torres, Ana María Tejeiro, no sólo tendrá que hacer frente a la responsabilidad civil por haber lucrado con la trama corrupta sino que afronta un pedido de 2 años de cárcel por blanqueo de capitales.

A todos los imputados, el fiscal les reclama un total de 6,2 millones de euros en concepto de fianzas y 8,7 millones de euros de multas. El contenido del escrito del Ministerio Público fue adelantado anteayer por la prensa española, aunque recién ayer se pudieron conocer con precisión los argumentos y las penas solicitadas por Horrach, quien desde el inicio de la investigación, hace más de cuatro años, se opone a que la infanta sea juzgada. Como único argumento nuevo, el fiscal solicita al juez Castro que aplique la “doctrina Botín” del Tribunal Supremo –en referencia a un caso en el que estuvo procesado el fallecido presidente del Banco Santander–, que permite a un imputado de delito fiscal evitar el juicio si no hay acusación pública o particular. La “doctrina Botín” es la última esperanza de la infanta para evitar un histórico juicio oral por corrupción que supondrá una mancha imborrable para la Corona española. La incógnita se resolverá con la resolución de apertura de juicio oral y la decisión del juez, esta vez, será irrevocable. El pasado 7 de noviembre, tras cuatro meses de incertidumbre, la Audiencia Provincial de Mallorca ratificó la imputación de la hermana del monarca en el caso Nóos por dos delitos de evasión fiscal, pero decidió levantar los cargos en su contra por blanqueo de capitales.

La imputación de la infanta por dos delitos fiscales contra la Hacienda Pública se desprende de su papel como copropietaria de la sociedad Aizoon, que comparte al 50 por ciento con su marido Urdangarin, quien utilizó esa empresa para defraudar por un total de 337.138 euros de las cuotas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de los años 2007 y 2008. El juez acusó a la infanta de haber cooperado de forma “silenciosa” con la evasión cometida por Urdangarin. Según el instructor, el duque de Palma utilizó Aizoon como “sociedad pantalla” para desviar dinero público y evadir impuestos.

Sin embargo, el fiscal Horrach insiste en que la infanta está acusada en base a sospechas, ya que no existe dato, indicio, documento o declaración que acredite su participación en un supuesto fraude al fisco. “Tras meses de afanada investigación, la conclusión que se ha extraído es un raquítico ‘pudo conocer’, que sitúa a doña Cristina de Borbón en una posición de indefensión”, remarcó el representante del Ministerio Público, quien considera que se está produciendo una vulneración de la presunción de inocencia de la infanta.

Ayer también se hizo pública la calificación de la acusación popular que ejerce el sindicato ultra Manos Limpias, que pide ocho años de prisión para la hermana del monarca español como cooperadora necesaria en dos delitos fiscales cometidos por Urdangarin.