Página/12 En Brasil

Desde Brasilia

“Tuve miedo” de ser asesinado, declaró Luiz Inácio Lula da Silva al recordar su detención por la dictadura en entrevista concedida a los miembros de la Comisión de la Verdad que hoy presentan a la presidenta Dilma Rousseff el informe sobre violaciones a los derechos humanos bajo el régimen que gobernó entre 1964 y 1985. Presiones militares y mediáticas contra la comisión y en defensa de la Ley de Amnistía promulgada en 1979 antecedieron a la ceremonia que se realizará en el Palacio del Planalto.

“Tengo que confesar... por primera vez tuve miedo porque uno podía aparecer muerto en la Via Anchietta (de San Pablo)... era una noche de mucha niebla... Frei Betto estaba en mi casa y enseguida llamó a (arzobispo) Paulo Evaristo Arns y él informó a los medios... cuando escuché la noticia en la radio pensé: ‘Me salvé’”, dijo Lula al reconstruir su detención del 19 de abril de 1980, en represalia por haber encabezado las huelgas que desafiaron al dictador João Baptista Figueiredo.

Los militares cometieron una “burrada”, pues con la detención se fortaleció el movimiento sindical, ponderó el lunes el ex líder metalúrgico y mandatario entre 2003 y 2010 al hablar ante la Comisión de la Verdad, que así cerró su trabajo de más de dos años sobre los crímenes cometidos por el gobierno de facto durante el cual fue presa y torturada Dilma Rousseff.

Reelecta el 26 de octubre, ella recibirá hoy el informe de la comisión en uno de los últimos actos de su primer gobierno que finaliza el 31 de diciembre. Rosa Cardoso, miembro del organismo y ex defensora de Dilma ante la Justicia militar (por cierto, una contradicción en términos: o es justicia o es militar) anticipó que el documento recomendará la revisión de la Ley de Amnistía sancionada por el general Figueiredo, con el apoyo de un Congreso maniatado.

En entrevista reciente con este corresponsal, Cardoso reconoció los obstáculos impuestos por las fuerzas armadas (impidieron el ingreso a cuarteles donde se reprimió) y lamentó la falta de colaboración de Estados Unidos, cuyo gobierno retaceó información sensible sobre el Plan Cóndor, sobre cuyos crímenes estuvo informado el ex secretario de Estado Henry Kissinger, según lo acreditan varios documentos.

“Entiendo que Kissinger fue una pieza importante en el Cóndor, lástima que no recibimos papeles que podrían habernos ayudado para avanzar más, pero el trabajo no se termina en diciembre con el fin de nuestra comisión, porque seguirán funcionando las que se crearon en Río de Janeiro, en San Pablo, Brasilia, en sindicatos, estas investigaciones van a seguir”, prometió Cardoso.

La abogada y amiga de Dilma fue uno de los blancos escogidos por los críticos del organismo puesto en funciones en 2012 en una ceremonia a la que asistieron Lula y los ex gobernantes Fernando Henrique Cardoso (que la semana pasada habló ante la comisión), Fernando Collor de Mello y José Sarney. El desacuerdo castrense fue escenificado por los comandantes de las fuerzas armadas que permanecieron inmutables, sin aplaudir las palabras de Dilma (“el derecho a la verdad es tan sagrado como el derecho de los familiares de sepultar a sus seres queridos... víctimas de la violencia de Estado”), en contraste con la calurosa aprobación del resto del público, entre ellos ex presos políticos junto a familiares de los muertos y desaparecidos.

El gesto de los jefes militares fue interpretado como una afrenta a la mandataria y uno de los pocos en que los altos mandos se manifestaron, aunque sea gestualmente, sobre la revisión del pasado. Habitualmente, los comandantes transmiten su desacuerdo a través de decisiones burocráticas o mediante los comunicados de los clubes militares, integrados por militares retirados.

Esta semana, el Club Naval renovó su rechazo al trabajo de la comisión, a la que le reprocha una supuesta falta de imparcialidad y un “revanchismo” implícito en el pedido de que se deje sin efecto la amnistía, una ley denunciada hasta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El vicealmirante Paulo Soriano Dobbin, titular del club de los marinos, informó haber solicitado a la Justicia que impida la divulgación del trabajo realizado por el organismo. El diputado y militar retirado Jair Bolsonaro, a quien le cabe el rol de provocador explícito, reiteró ayer en el Congreso su odio hacia la también congresista y ex ministra de Derechos Humanos Maria del Rosario. “Quedate Maria del Rosario ...si no te estupro es porque no lo merecés”, vomitó Bolsonaro, el diputado más votado de Río de Janeiro.

La cadena de noticias y entretenimiento Globo concedió generoso espacio a los cuestionamientos oficiosos de los jerarcas de las fuerzas armadas así como a las boutades del popular Bolsonaro y los militares jubilados, que en octubre llamaron a votar a la oposición.

Además de amplificar los discursos de aquellos que añoran a la dictadura, el diario O Globo formuló una defensa explícita de la impunidad en un editorial del 2 de diciembre, con cuestionamientos a la comisión por su visión “unilateral de la Ley de Amnistía”.