Los atentados contra la redacción de Charlie Hebdo y el supermercado kosher de París fueron el disparador para que muchos países europeos decidan tomar medidas de seguridad contra posibles ataques terroristas. La lógica indicaría que la implementación de dichas medidas debería lograr que las sociedades se sientan a salvo y en armonía, pero también puede generar que distintos grupos sociales se sientan perseguidos o que movimientos xenófobos culpabilicen a los inmigrantes musulmanes de ser la causa puntual de los problemas que sus países padecen.

El gobierno francés decidió armar un nuevo fichero de personas condenadas o sospechadas de terrorismo e intensificó la vigilancia en las redes sociales, ya que son usadas por los Yihadistas como medio de reclutamiento. Si bien fue Francia el país que sufrió en carne propia los atentados, otros países europeos decidieron también tomar medidas preventivas. El gobierno español optó por implementar la figura del “lobo solitario” y castigará el adiestramiento pasivo y la autorradicalización. La primera amplía la figura de terrorista a quien cometa un delito terrorista, pertenezca o no a una organización. Las otras dos conductas son típicas del combatiente retornado y del lobo solitario, y también se sancionará el desplazamiento de los llamados combatientes extranjeros a zonas de conflicto para integrarse a organizaciones terroristas.

Por su parte, Alemania decidió retirar los documentos de identidad a presuntos Yihadistas que tengan la intención de viajar a esos territorios. Con esta medida, el gobierno de Merkel espera reducir la exposición de jóvenes europeos al foco de mayor radicalización: su presencia en el conflicto sirio o iraquí. En Inglaterra, se abrió un acalorado debate sobre la ley antiterrorista, que obliga a los proveedores de Internet a guardar el Protocolo de los mensajes para identificar a usuarios individuales y prohíbe el regreso al país de ciudadanos británicos sospechados de terrorismo, despojándolos de hecho de su ciudadanía.

Que sea el Estado el encargado de vigilar y castigar a “los otros” es una de las representaciones históricas dominantes en nuestras sociedades. Esto implicaría que un sector considerado peligroso, o que potencialmente puede serlo, al estar bajo control, reduce su capacidad de acción de ataque contra el resto de la sociedad. El sociólogo Fortunato Mallimaci explica que la sociedad capitalista en la que vivimos, y la protección que exigen los dueños de dicha concentración, produce una sensación de riesgo continuo y cotidiano para las grandes multitudes que lo sufren. “Los que dominan sólo buscan el rol represivo del Estado, armar agencias públicas y privadas, y construyen un acompañamiento simbólico desde los grandes medios de difusión para proteger sus intereses y hacer pagar el costo a los sectores subalternos. Mayor control y la sospecha del ‘otro y la otra’ no son soluciones, sino que agravan el problema”, afirma el ex decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

En este sentido, podemos decir que la aplicación de medidas genera que haya grupos apuntados como problema, ya que las mismas se enfocan en restricciones y control sobre segmentos sociales específicos. Mallimaci sugiere que una solución implica medidas a largo plazo, que ataquen directamente la concentración económica y simbólica. “Sólo una sociedad que se sienta movilizada, que se sienta confiada y esperanzada junto a un Estado que expanda continuamente derechos en democracias cada vez más cercanas, logrará revertir la actual tendencia a sólo vigilar y castigar a los más débiles”, explica el filósofo.

También puede pensarse que las medidas antiterroristas, que vinculan a determinados grupos sociales con el origen y religión de los individuos que perpetraron los atentados, puedan ser el campo propicio para la aparición de movimientos extremistas en el continente europeo. Esto se puede ejemplificar con lo que sucede en Alemania con la organización Pegida (Patriotas europeos contra la islamización de Occidente), la cual señala una supuesta amenaza del islamismo a la cultura europea y se proclama en contra del fanatismo religioso en suelo alemán. Una de las grandes reivindicaciones de este grupo es evitar que los inmigrantes de origen musulmán lleguen a Alemania tan sólo por razones económicas (ya que alegan que estos grupos se apropian de sus puestos de trabajo).

El sociólogo Daniel Cholakian plantea que la aparición de estos movimientos tiene raíces más en la crisis económica, política y social que vive Europa Occidental desde 2008 que en los atentados de enero pasado, si bien los manifestantes creen que la crisis social y económica está vinculada a conflictos religiosos que se libran en el continente. Esta afirmación se verifica en el gran crecimiento de eurodiputados de partidos de extrema derecha en las elecciones de mayo de 2014, tiempos en los cuales no se registraban atentados de este tipo en el continente. “El extranjero no es el terrorista, es en primer lugar el que se queda con los empleos de baja calidad, luego el que recibe subsidios, el que ocupa la plaza en la escuela pública y el que recibe los beneficios de la cobertura social. Más allá de lo que antropológicamente pueda pensarse, el terrorista con su acto no hace sino profundizar la carga negativa sobre el extranjero que en el imaginario del habitante originario es en parte responsable de la crisis actual”, afirma Cholakian.

En este sentido, Mallimaci afirma que si se criminaliza a grupos sociales, religiosos o étnicos no hay salida democrática. “Ha casi desaparecido una propuesta emancipadora y liberadora que dio sentido a millones de europeos para vivir en un Estado social y de bienestar que no hacía diferencias raciales, religiosas o étnicas. El abandono del Estado social de mediados del siglo XX que caracterizó a numerosos estados de Europa por un Estado punitivo en el XXI se construyó junto a un mayor acercamiento a las políticas de mercado regulado por el capital financiero”, explica el sociólogo. Es por esto que Mallimaci destaca la importancia de dar respuestas sociales, políticas y económicas –más que medidas que señalan potenciales culpables– al conjunto de la población, al mismo tiempo que se activan políticas de reconocimiento hacia aquellos grupos que son discriminados y estigmatizados.

Informe: Gustavo Gerrtner.