El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) salió a cuestionar la labor que viene desempeñando la Procuraduría General de la República (PGR) de México en la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes a fines de septiembre en el estado de Guerrero. En un informe titulado “Documento inicial sobre investigaciones en el basurero de Cocula y río San Juan”, el equipo de antropólogos habló de una serie de inconsistencias cometidas por parte de la PGR. En el texto se sostiene que la PGR incurrió en al menos siete irregularidades. Entre esas fallas se mencionó la entrega de 20 perfiles genéticos “con problemas, que no permiten su utilización”, de supuestos restos de los estudiantes a expertos independientes. El EAAF objetó también el abandono de la custodia del basural de Cocula, municipio en el que se sospecha que los estudiantes fueron asesinados, y sus restos calcinados, tras haber sido secuestrados en la vecina ciudad de Iguala.

Por otra parte, los antropólogos señalaron en el comunicado divulgado ayer que aún no tienen evidencia científica para establecer que en el basurero de Cocula existan restos humanos que correspondan a los normalistas. De ese modo sostuvieron que no hay elementos científicos suficientes por el momento para vincular los restos hallados en el basurero con aquellos recuperados, según la PGR, en el río San Juan. El texto indicó que, de acuerdo con imágenes satelitales, hubo varios incendios en el basurero de Cocula en los últimos cuatro años.

El 27 de enero, apoyándose en resultados de 480 peritajes y una treintena de declaraciones de más de 90 detenidos, Jesús Murillo Karam, fiscal federal, aseguró en conferencia de prensa que de la investigación se desprendían certezas y suficientes pruebas científicas para concluir que los 43 jóvenes habían sido asesinados y sus cuerpos incinerados en el aislado basurero del municipio de Cocula, entre la noche del 26 y el 27 de septiembre, por miembros de la organización criminal Guerreros Unidos, y que sus cenizas fueron esparcidas en el río San Juan.

En ese sentido –advirtieron desde el EAAF–, “interpretar como un solo evento de fuego ocurrido, según la Procuraduría General de la República, el 26 de septiembre de 2014, refleja una lectura parcial de la evidencia recolectada en dicho lugar”. Sin embargo, el equipo argentino manifestó que eso no excluye la posibilidad de que algunos de los normalistas (estudiantes) hayan corrido la suerte señalada por la Procuraduría. Al mismo tiempo, en el documento aclararon que los peritos independientes aún carecen de evidencia científica que les permita establecer que en el basurero existan restos humanos de los normalistas.

Los peritos independientes que colaboran en las investigaciones reiteraron que no estuvieron presentes en el momento preciso en que buzos militares localizaron en un río una bolsa que en su interior llevaba los 17 restos que fueron enviados para su posterior análisis al laboratorio de la Universidad de Innsbruck, en Austria, y donde se buscó determinar si se correspondían con los jóvenes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. El laboratorio austríaco identificó a través de uno de esos restos a Alexander Mora Venancio, uno de los 43 estudiantes desaparecidos.

Los expertos argentinos denunciaron que al menos 20 de los perfiles genéticos correspondientes a 134 familiares de los estudiantes, que fueron enviados por la fiscalía al laboratorio de Innsbruck, presentaban errores que afectaban a 16 familias de los 43 jóvenes, entre las que no está la de Alexander Mora. La fiscalía aceptó el error originado en sus laboratorios, dice el documento, que solicita que la universidad austríaca sólo tome en cuenta los perfiles genéticos que los especialistas argentinos enviaron de manera paralela.

Además, el EAAF pidió a la fiscalía que desestime como evidencias 42 elementos balísticos y muestras de tierra, recogidas en ausencia de peritos del equipo forense durante una jornada en la que el lugar no estaba custodiado y resguardado. “La evidencia física debe ser interpretada en todas sus posibilidades sin dar preferencia a aquellas interpretaciones que sólo incluyen una posible coincidencia con los testimonios de los imputados”, indicó el documento. El equipo coordinado por antropólogos argentinos sostuvo que la investigación no puede darse por concluida.