El gobierno español aprobó ayer una serie de medidas para evitar los desahucios entre la población más vulnerable, un problema que se convirtió en un drama social en el país a raíz de la crisis económica que arrancó en 2008. El Consejo de Ministros acordó prorrogar hasta 2017 el plazo de suspensión de desahucios entre las familias con menos rentas, que concluía en mayo. El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, lo había avanzado en el debate sobre el estado de la nación, la cita parlamentaria más importante del año. A menos de cien días de la celebración de elecciones municipales y autonómicas en el país, avanzó una serie de medidas sociales dirigidas a las familias. Además de ampliar el plazo de la moratoria, el gobierno elevó el límite de los ingresos familiares exigidos para suspender la ejecución de un desahucio e incluyó entre las personas “especialmente vulnerables” a los mayores de 60 años. Las medidas se enmarcan en la llamada ley “de segunda oportunidad”, que pretende mejorar la capacidad de familias y empresarios emprendedores de negociar el pago de sus deudas, según el gobierno. Con la nueva normativa, los particulares endeudados podrán renegociar sus deudas con el banco, a través de un sistema extrajudicial. Si no se llega a un acuerdo, se pasa a un concurso de acreedores y es el juez quien decide. Para saldar la deuda, el particular tendría que entregar los bienes hipotecados y también el resto de su patrimonio.