El presidente estadounidense, Barack Obama, declaró ayer a Venezuela como una “amenaza” a la seguridad nacional y emitió un decreto a través del cual anunció la aplicación de sanciones a siete altos cargos venezolanos. Su par venezolano, Nicolás Maduro, que ha denunciado a EE.UU. de financiar planes de desestabilización en su país, dijo que “Obama ha dado el paso más agresivo, injusto y nefasto que jamás se haya dado contra Venezuela”. Su gobierno llamó a consultas de inmediato a su encargado de Negocios en Washington, Maximilien Sánchez Arveláiz. Además, el vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró que Estados Unidos planifica “ataques militares” contra su país.

Obama declaró una situación de “emergencia nacional” por la “amenaza inusual y extraordinaria” que supone la situación en el país sudamericano para la seguridad nacional y política exterior de Washington. Las sanciones en el decreto “implementan la ley de defensa de derechos humanos y sociedad civil de 2014 de Venezuela, que el líder demócrata firmó el 18 de diciembre de 2014 y además van más allá de los requisitos de esta legislación”, sostuvo el documento de la Casa Blanca. El vocero presidencial, Josh Earnest, dijo en ese sentido que “los funcionarios de Venezuela del pasado y presente que violen los derechos humanos de ciudadanos venezolanos y que se involucren en actos de corrupción pública no serán bienvenidos aquí, y ahora tenemos las herramientas para bloquear sus bienes y su uso de los sistemas financieros de Estados Unidos”. El portavoz sostuvo que Obama está “muy preocupado por los esfuerzos del gobierno de Venezuela por escalar la intimidación de sus oponentes políticos”. La Casa Blanca llamó entonces a que el gobierno de Maduro “libere a todos los prisioneros políticos, que incluyen a docenas de estudiantes, al líder de la oposición, Leopoldo López, y los alcaldes Daniel Ceballos y Antonio Ledezma”.

Las sanciones están dirigidas a Antonio José Benavides, comandante de las Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; Gustavo González López, director general del Servicio de Inteligencia Nacional; Justo Noguera Pietri, de la entidad del Estado, Corporación Venezolana de Guayana. La lista incluye además a Katherine Haringhton, fiscal de nivel nacional de la 20 oficina de distrito del ministro público de Venezuela; Manuel Eduardo Pérez Urdaneta, director de la Policía Nacional Bolivariana; Manuel Bernal Martínez, jefe de la 31ª Brigada Blindada de Caracas de la Armada Bolivariana y ex director general del Servicio de Inteligencia, y Miguel Vivas Landino, inspector general de la Fuerza Armada Bolivariana. La orden ejecutiva procederá a bloquear o congelar las propiedades e intereses en propiedades en Estados Unidos de estas personas identificadas por la imposición de sanciones y prohíbe a los ciudadanos norteamericanos realizar negocios con ellos.

El presidente de la Asamblea Nacional y vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, se solidarizó con estos funcionarios y rechazó las sanciones “de manera contundente”. “Va a tener que sancionar a mucha gente, señor Obama. Usted y su imperialismo van a tener que sancionar a muchísimos venezolanos que estamos dispuestos a entregar nuestra vida por la revolución bolivariana”, advirtió. Y agregó: “¿Qué armas tenemos nosotros para amenazar a EE.UU.? La dignidad nada más, el corazón, el amor, la firmeza de un pueblo que decidió ser libre”. Asimismo el gobierno venezolano informó ayer que llamó a consultas “de inmediato” a su encargado de Negocios en Estados Unidos y diplomático de mayor rango en Washington, Maximilien Sánchez Arveláiz. La relación entre Washington y Caracas se encuentra hoy al nivel de encargado de Negocios.

La canciller venezolana Delcy Rodríguez dijo ayer que “pronto” responderá a la orden impartida por el presidente Obama de aplicar las nuevas sanciones. “Nosotros no queremos mezclar las políticas internacionales y pronto daremos a conocer la respuesta de Venezuela sobre el alcance de estas declaraciones”, dijo Rodríguez en una rueda de prensa convocada para abordar otros asuntos internacionales. Anteriormente el gobierno había calificado las sanciones de “insolentes”. Maduro había anunciado la semana pasada la reducción del centenar de funcionarios diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos en Caracas y dispuso que se solicite visado a los norteamericanos que visiten Venezuela.

Senadores y congresistas hispanos aplaudieron la decisión de Obama de aplicar sanciones contra los siete funcionarios venezolanos, pero consideraron que la administración demócrata se quedó corta y debería ampliar la lista de sancionados. Los senadores Robert “Bob” Menéndez y Marco Rubio pidieron a Obama que sancione al ministro de Defensa venezolano Vladimir Padrino por autorizar que las fuerzas de seguridad de su país usaran “fuerza letal contra manifestantes pacíficos” en Venezuela. “Este general debería estar en la lista, pero inexplicablemente la administración lo dejó fuera”, se lamentó Rubio.

Las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos han pasado por diversos altibajos desde que a finales de 2010 retiraran sus respectivos embajadores. La tensión se ha incrementado en las últimas semanas tras las acusaciones por parte del gobierno venezolano de que el país del Norte estaría detrás de un intento de golpe de Estado desarticulado el pasado 11 de febrero.