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Por Francesc Relea *
Desde La Paz

El anuncio de un cambio de política por parte del presidente boliviano, Gonzalo Sánchez de Lozada, llegó tarde. El país andino fue ayer un clamor que exigía la dimisión del mandatario, que ha batido todas las marcas de impopularidad. Miles de indígenas, campesinos, mineros, estudiantes y ciudadanos de toda condición realizaron ayer la mayor manifestación en 20 años desde diversos puntos hacia el centro de La Paz con un único objetivo: la renuncia del Goni, apelativo del presidente. Lo que Sánchez de Lozada califica sin ningún rubor de “narcotraficantes y anarquistas” son los pobres que nunca fueron escuchados y que poco saben de drogas y de política.
El presidente y sus ministros seguían empecinados en aferrarse al poder, apelando a la legitimidad de un gobierno que es cuestionado desde todos los frentes. Las movilizaciones, como la de ayer en La Paz, son cada vez más multitudinarias y la protesta se extiende a otros sectores. Estimaciones independientes señalaron que al menos 50.000 personas caminaron por La Paz en medio de la explosión de petardos. La columna más numerosa se extendía a lo largo de 12 kilómetros con filas de hasta 10 personas que descendían de la ciudad vecina de El Alto.
Evo Morales, líder indígena y diputado opositor del Movimiento al Socialismo (MAS), ha rechazado la propuesta del gobierno, aunque la revuelta ha alcanzado tal magnitud que ha rebasado incluso a los dirigentes más conocidos y ayer los manifestantes sólo parecieron atender a los llamamientos de los líderes de las juntas vecinales, que proliferaban por doquier. El líder de la oposición insistió en que el vicepresidente Carlos Mesa, que se mantiene al margen del mandatario, pero también alejado de la oposición, debe tomar las riendas del país, defender el gas nacional. Morales también declaró ayer en una entrevista al diario francés Le Monde que si la represión es la única respuesta a las peticiones indígenas, estas comunidades podrían alzarse en armas.
Los últimos en incorporarse al repudio del presidente han sido los intelectuales, artistas, integrantes de organizaciones humanitarias y representantes de la Iglesia católica. Por iniciativa de la ex defensora del pueblo, Ana María Romero de Campero, han convocado a una huelga de hambre masiva en todas las iglesias de Bolivia hasta que Sánchez de Lozada deje el poder.
Los dirigentes políticos del oficialismo hablaban otro lenguaje. Su último mensaje es que el Parlamento se dispone a discutir a partir de hoy las cuatro propuestas del presidente en el manifiesto que leyó el miércoles por la noche. Para que el Congreso pudiera reiniciar las sesiones sus señorías tendrían que encontrar expeditas las rutas hacia a La Paz. La capital boliviana era ayer una ciudad aislada, con el aeropuerto internacional cerrado desde hace cinco días, los accesos bloqueados por todo tipo de barricadas, sin transporte público, y con las actividades paralizadas. El Colegio de Médicos de La Paz se ha declarado en estado de emergencia, ante el temor a nuevas matanzas, y ha hecho un llamamiento a donar medicinas, sueros y vendas a los hospitales, y ha pedido a todos los médicos que permanezcan en alerta.
No parece posible, en estas condiciones, que los congresistas puedan sentarse tranquilamente hoy en sus escaños. Porque si alguno de ellos pudiera llegar hasta el centro de la ciudad, tendría que franquear las barreras de manifestantes que no los recibirían precisamente con los brazos abiertos. Ayer los viceministros de Microempresa, Samuel Soria, y de pensiones, Vincent Gómez García, ambos de la Nueva Fuerza Republicana, renunciaron y se sumaron a las huelgas de hambre. En la situación de desobediencia civil generalizada, el supuesto golpe de timón que pretende dar el presidente en su política es papel mojado. El compromiso de convocar sin fecha un referéndum consultivo por departamentos sobre la política del gas (que la Constitución no contempla), la revisión de la controvertida Ley de Hidrocarburos con las empresas, la incorporación de la Asamblea Constituyente al régimen constitucional y la voluntad de preservar la democracia suenan hoy a música celestial para muchos bolivianos, a pesar de que son algunas de sus principales reivindicaciones. El alcalde de La Paz, Juan del Granado, del Movimiento Sin Miedo –escisión del Movimiento de Izquierda Revolucionaria–, lo resumió en pocas palabras: “Lo que dijo el presidente debía haberlo dicho hace 20 días. El ya no puede cumplir esta agenda. Tiene que dimitir y dar paso a un gobierno de unidad nacional, presidido por el vicepresidente de la República”.
El mecanismo sucesorio que contempla la Constitución señala como primera alternativa al vicepresidente, pero quien ocupa el cargo, Carlos Mesa, mantiene una actitud ambigua que no despeja los interrogantes sobre el futuro institucional de Bolivia. Crece la opinión de que Mesa debería asumir de manera interina la presidencia tras la renuncia de González de Lozada. En un mensaje dirigido a la nación, el vicepresidente dijo que no aceptaba ser instrumento de nadie, ni del gobierno ni de la oposición, criticó la violencia y la represión desencadenada por el Ejecutivo, pero reiteró que se mantiene firme en su puesto.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.