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Por primera vez, desde que ocurrió el crimen de María Marta García Belsunce hace casi un año, el fiscal Diego Molina Pico se presentó ante los medios. Y se sacó el gusto: durante una hora y once minutos se explayó en conferencia de prensa, en los Tribunales de La Plata. Aunque recorrió todo el caso respondiendo las preguntas de los periodistas, hizo hincapié en los motivos por los que había convocado a la conferencia: la suspensión de la extracción de sangre al “Gordo” Carlos Carrascosa, familiares y amigos, recientemente convalidada por un fallo de la Cámara de San Isidro. Molina Pico denunció que “es el propio sistema el que impide el avance de la investigación”. Aunque no mencionó nombres, “sistema” viene a ser las trabas para realizar ese trámite, interpuestas por el juez Diego Barroetaveña y los camaristas. “La investigación está en un parate, suspendida”, dijo y agregó: “No hay quien le ponga el cascabel al gato”. Tampoco mencionó nombres, pero por “gato” entiéndase “Gordo”. Ahora, el fiscal prepara su apelación ante la Cámara de Casación pero, por las dudas, la Procuración General estudia un pedido para que sea la Suprema Corte bonaerense la que dirima la cuestión.
La aparición del fiscal ante los medios provocó sorpresa. Sorpresa que se incrementa porque durante casi un año eludió toda posibilidad de hablar con los medios y porque existe un evidente contraste con la promocionada exposición pública de los defensores de Carlos Carrascosa, los abogados José Scelzi y Marcelo Nardi, y de la propia familia. Curiosamente, esta primera aparición de Molina Pico se produjo en momentos en que la familia se oculta de los medios. Aquella aparición y este ocultamiento parecen tener un hilo en común: el estado de situación del caso definido por el propio Molina Pico: “Está en un parate”, dijo. Tras una permanente presencia ante los medios cuando las papas quemaban, la desaparición familiar de la escena podrá deducirse como que semejante “parate” no cae del todo mal a su estrategia.
No es el caso del fiscal. Molesto por el fallo de los camaristas, y no del todo convencido de largarse a las ruedas de prensa, un ámbito que siente inhóspito, terminó convocando a la conferencia. La decisión la tomó el miércoles pasado, tras largas cavilaciones. La estrategia era evidente: denunciar los motivos del “parate”.
Para entenderlos habrá que historiar brevemente el caso. En diciembre, tras la autopsia que volteó el argumento del grifo asesino y demostró que en el cráneo de María Marta había cinco pitutos, el fiscal ordenó el levantamiento de pruebas en la casona del Carmel. Allí, en la antecámara, debajo de una profunda limpieza de paredes ordenada por la familia, los investigadores hallaron tres manchas de sangre. Luego, la Asesoría Pericial de la Corte determinó que correspondían a dos hombres y una mujer, además de la sangre de la víctima. Se definieron los patrones genéticos mediante un procedimiento más exhaustivo al habitual. “Para estos análisis –dijo ayer Molina Pico– siempre se trabaja sobre cinco ventanas. En este caso, para evitar los dimes y diretes, se trabajó sobre quince.” En marzo, Molina Pico estaba dispuesto a ordenar extracciones al menos a Carrascosa, Horacio García Belsunce –hermano de María Marta– y Guillermo Bártoli, su cuñado. Sus abogados respondieron que “ninguno se negará a que le extraigan muestras de sangre”. El 11 de abril pasado, el caso pegó un vuelco: ese día, Carrascosa fue detenido.
El 12 de abril, cuando el viudo llevaba un día en los calabozos de la DDI de San Isidro, se produjo otro hecho sintomático que hoy pasa inadvertido: ese día, los abogados Scelzi y Nardi aprovecharon las cámaras para sostener que Carrascosa ofreció al fiscal, durante su indagatoria, que se le realizara una extracción de sangre para cotejar su ADN con el de las manchas obtenidas “y así demostrar su inocencia”, dijeron los abogados. “Con tal de que se haga, está dispuesto a solventar los costos”, aseguraron. A Carrascosa, pocos días después, se sumaron sus familiares. Todos se ofrecieron para abrir sus venas en pos de “resolver el caso” y,de paso, su inocencia. Cuatro días más tarde, Barroetaveña ordenó que las extracciones se realizaran el lunes 21 de abril, a las 8 de la mañana. A la lista se había sumado, voluntariamente, el vecino díscolo Nicolás Pachelo, sobre quien rondaron sospechas alentadas por los García Belsunce. En el listado figuraban, además de Carrascosa y Pachelo, Guillermo Bártoli, Horacio García Belsunce (h), Sergio Binello, Nora “Pichi” Taylor, la masajista Beatriz Michelini y el médico Juan Gauvry Gordon. Todos ellos, salvo Pachelo, son coprocesados en la causa por encubrimiento agravado. Además, se ordenó también las extracciones a Viviana Binello e Irene Hurtig.
Pero de aquel ofrecimiento de Carrascosa y familia no quedó nada. En realidad, fuera de cámara, bajo el manto del silencio procesal, los abogados fueron cuestionando cada uno de los intentos del fiscal por lograr las ofrecidas extracciones. El 21 de abril no se realizaron porque interpusieron un recurso: llevaron al perito de la Fundación Favaloro, Eduardo Raimondi, que cuestionó las pericias que realizaron los peritos de la Suprema Corte. Página/12 ya informó sobre el historial de Raimondi en cuestión de ADN: en 1990 estuvo a cargo de las escandalosas pericias del caso Soledad Morales que lo único que demostraron, eso sí, en forma irrefutable, fue que María Soledad era hija de Ada, su propia madre.
A partir de ese 21 de abril, las extracciones quedaron en veremos, hasta que el fiscal Molina Pico pidió al juez Barroetaveña que ordenara la inmediata extracción. Barroetaveña rechazó el pedido, “sin dar motivos”, explicó ayer el fiscal. Apeló entonces ante la Cámara de San Isidro. Y el 10 de octubre pasado, la Sala I consideró inadmisible el recurso, o sea, lo rechazó sin analizarlo, “sin dar motivos”, repitió ayer Molina Pico, aunque uno de los jueces, Fernando Maroto, indicó sus razones: la extracción compulsiva viola los derechos constitucionales. Los otros dos camaristas, Rodríguez Mainz y Vásquez, hicieron mutis por el foro.
Ante el sin salida, el fiscal optó por lo que se había negado a hacer durante el curso de un año: llamó a los medios para denunciar los motivos del “parate”. La decisión no fue liviana: para que Molina Pico rompiera con su costumbre de “no ventilar nada a los medios”, que ayer remarcó hasta la insistencia, debía jugarse algo demasiado pesado. Y él mismo se encargó de enunciarlo: “Sin la comparación de los ADN, la resolución del caso no es la misma”. Durante la conferencia anunció que apeló ante la Cámara de Casación, que deberá resolver sobre la materia. Esto, por obvias razones, implicará nuevas demoras.
Todo indica, curiosamente, que la familia involucrada considera claves las extracciones de ADN, pero mueve las fichas en dirección absolutamente opuesta no sólo a las estrategias del fiscal. También, a sus propios dichos ante la prensa. Por eso, por el momento, las venas no serán abiertas.