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El interventor del PAMI, Juan González Gaviola, quedó en medio de un nuevo conflicto al denunciar al sindicalista Rubén Grimaldi por privación ilegítima de la libertad y amenazas. Según el titular de la obra social de los jubilados, el dirigente de ATE lo obligó a firmar un acta de compromiso para el pago de horas extra y efectivización de personal. Grimaldi negó esa versión y dijo que la rúbrica fue de común acuerdo.
El conflicto se desató el miércoles en el primer piso de la sede central del PAMI, en la calle Perú. Gaviola se encontraba en el área de control de facturaciones, cuando irrumpieron unas cincuenta personas. La troupe la integraban dirigentes gremiales y empleados, algunos de ellos del sector de ambulancias que responden a Grimaldi.
Pese a los insultos, el interventor acordó trasladar la discusión al décimo piso, donde se encuentra el salón del directorio, y con una comitiva más reducida. Las demandas que escuchó fueron estrictamente gremiales. Y se centraron en el pago de horas extra, congelado por un sumario que investiga cuáles son legales y cuáles ilegales.
Según Gaviola, luego de cuatro horas de acusaciones, los presentes lo obligaron a firmar un compromiso con una frase amenazante: “Si no firmás el acta, de acá no salís”, dice que le dijeron. A esa altura ya había ingresado Grimaldi en escena.
El interventor estampó su firma, aprobando:
- La actualización de horas extra a partir del 25 de este mes.
- La apertura de la discusión sobre la devolución del 13 por ciento recortado al sector estatal.
- El ingreso a la planta permanente de 47 trabajadores de Probienestar en este mes y los restantes en el mes próximo.
En rigor, Gaviola planeaba una efectivización progresiva, pero atada al Presupuesto del PAMI y no a un supuesto acuerdo de partes. Sin embargo, se impuso la exigencia gremial. Consultado por Página/12, el interventor aseguró que hoy por hoy esa acta carece de validez.
Ayer por la mañana, tras una comunicación con el ministro de Justicia, Gustavo Beliz, el interventor hizo una denuncia ante la fiscalía federal 1 de Jorge Alvarez Berlanda. La presentación será remitida hoy a la Cámara Federal para que sea sorteado el juez que entenderá en la causa. La carátula podrá ser por privación ilegal de la libertad agravada, extorsión y amenazas.
Gaviola también informó de sus pasos a Alberto Fernández. El jefe de Gabinete le dio luz verde. La mano derecha del presidente Néstor Kirchner ya tenía un panorama de lo sucedido por vía de Edgardo Depetris. El secretario de organización de la CTA le recreó la versión de Grimaldi en el mismo momento en que se producía la discusión en el décimo piso del PAMI.
A Fernández le informaron que estaban “maltratando” a los funcionarios del PAMI. Depetris le dijo que, según la versión de Grimaldi, se estaba firmando un acta con Gaviola para poner el día el pago de horas extra. Hasta entonces nadie habló de privación ilegal de la libertad.
Si bien los dos son afiliados del gremio estatal ATE, Depetris es hombre de Víctor De Gennaro, líder de la CTA, mientras que Grimaldi responde a Hugo Moyano, de la CGT rebelde. En el PAMI los hombres de De Gennaro y de Moyano están enfrentados. Por eso Fernández confió en la versión de Depetris. “Queremos dejar en claro que no bancamos aprietes, pero tampoco la judicialización del conflicto social”, señaló el sindicalista a este diario.
Por su parte, Grimaldi sostuvo que la denuncia de Gaviola es el derivado de un problema personal. Y negó toda vinculación con los episodios, pese a su incursión por el PAMI en el epílogo de la reunión.
“Quiero ser claro: cuando empezaron los quilombos, yo estaba en una comida con Moyano. Y me llamaron mis compañeros”, señaló el sindicalista, sospechado de manejos turbios en el PAMI.
–¿Por qué fue?
–Porque este muchacho (por Gaviola) tiene alma de psicópata y sabía que querían hacerme culpable de algo. Fui también para que ningún muchacho se pasara de rosca.
–Entonces movilizó a la gente.
–Mire. En el lugar estaban Longo y Luque, que son dirigentes de UPCN, que no es mi gremio. También había un subcomisario, policías vestidos de uniforme, personal de seguridad del PAMI. Si lo hubiéramos apretado, ¿no cree que ellos hubieran actuado? Si se hubiese sentido apretado, Gaviola tranquilamente podría haber ordenado que desalojen el lugar. ¿No le parece? Había cuatro patrulleros abajo.
–Gaviola aseguró que lo amenazaron para que firmara el acta.
–El se puso a discutir conmigo los términos del acta, como sucede en toda negociación. Si hay coacción no discutís con la gente que tenés enfrente. Y había mucha gente. Es más, estaba el director de Ceremonial de la Casa de Gobierno. Estaba el gerente de Legales, Juan Roselló, armando el acta. Estaba el subinterventor, José Granero, estaba el asesor Trosero, el asesor de Recursos Humanos, Casino, una chica Garzón, encargada de los consejos federales... Había muchos testigos.
–Justamente hay testigos que dicen que usted amenazó a Gaviola.
–Discutimos. Le dije que, si tenía un problema personal, lo personal lo arreglábamos afuera. Pero que había un tema institucional que resolver. Y ahí me di vuelta y le pedí a un abogado que me pusiera al tanto de lo que se hablaba. Lo que pasa es que ahora el tipo aprovechó la volada.
El conflicto se produce cuando González Gaviola se propone avanzar sobre el histórico poder de Luis Barrionuevo en el PAMI. También, en el mismo momento en que estaban recrudenciendo las versiones de que el socialista Hermes Binner podía reemplazar al ex vicegobernador de Mendoza. Anoche en Gobierno negaron que ello fuera a suceder y dijeron que Gaviola se irá del PAMI cuando finalice la intervención, a principios de enero.