Página/12 En Perú

El gobierno del presidente Ollanta Humala pasa por su hora más difícil. El lunes, al borde de la medianoche, sufrió una dura derrota en el Congreso: la oposición parlamentaria logró los votos necesarios para censurar a la primera ministra, Ana Jara, con lo cual cae todo el gabinete ministerial. La censura a la primera ministra fue aprobada con 72 votos en el Congreso unicameral de 130 bancas. La oposición, dividida y dispersa en intereses opuestos, esta vez coincidió para destituir a la presidenta del Consejo de Ministros a causa de las denuncias de que los servicios de Inteligencia espiaban a políticos, incluidos miembros del propio gobierno, periodistas, dirigentes sociales, activistas de derechos humanos, empresarios. Eran miles las personas espiadas.

Humala tiene 72 horas para nombrar un nuevo gabinete ministerial, que deberá recibir el visto bueno de un Congreso en el cual el oficialismo, que ha sufrido varias deserciones en su bancada, ha perdido la mayoría. Si el nuevo primer ministro no recibe la luz verde del Congreso, el presidente Humala queda constitucionalmente habilitado para cerrar el Parlamento –la censura de dos gabinetes le da esa facultad– y llamar a nuevas elecciones parlamentarias para cubrir el año de gobierno que le queda. Esta facultad constitucional nunca ha sido usada. Es la primera vez en más de 50 años que un primer ministro es censurado por el Congreso; la última ocasión que ello ocurrió se remonta a 1963.

La caída del gabinete ministerial ha abierto la peor crisis política en los cuatro años del régimen humalista. El presidente Humala denunció un intento desestabilizador detrás de la censura a su gabinete. Su esposa, Nadine Heredia, primera dama de alto protagonismo político y presidenta del oficialista Partido Nacionalista, habló de “chantaje político” de la oposición y de “aprovechamiento electoral” con la mira puesta en las elecciones generales de 2016. Después de su censura, Ana Jara se refugió en su cuenta de Twitter para responder y disparar contra el Parlamento: “Es un honor haber sido censurada por este Congreso”, escribió la ex primera ministra, quien también es congresista. El Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa salió en apoyo de la destituida primera ministra. En una carta pública le dijo que la censura del Congreso era “un homenaje” y la felicitó por ello.

El escándalo de los servicios de Inteligencia estalló cuando se supo que la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) había recopilado información sobre los bienes de miles de personas. Los investigados no eran solamente opositores, también lo fueron miembros del gobierno, entre ellos la propia Ana Jara, de cuya oficina depende la DINI, censurada por este caso. En esos archivos de la DINI se juntaban miles de expedientes. También se han denunciado espionaje telefónico y seguimiento a una serie de personalidades, entre ellas la vicepresidenta de la República, Marisol Espinoza, distanciada del presidente Humala, así como a dirigentes opositores. Jara aseguró ante el Congreso que desconocía las cuestionadas prácticas de la DINI y ofreció una investigación y la reestructuración de los servicios de Inteligencia, pero eso no fue suficiente para salvarla de la censura.

Esta práctica de espionaje político, muy activa en el gobierno de Fujimori (1990-2000), comenzó nuevamente durante el régimen de Alan García (2006-2011) y el de Humala la continuó. Pero que durante el gobierno del Partido Aprista de García se haya organizado y practicado este espionaje masivo desde la DINI –el actual presidente Humala fue ampliamente espiado en ese gobierno– no impidió que los dirigentes apristas se pongan en primera fila para denunciar el espionaje y acusar a Humala, escandalizándose públicamente por esa práctica a la que ellos también recurrieron.

Pero ésa no fue la única ironía histórica durante el debate parlamentario que culminó en la censura de Ana Jara. Como si una amnesia colectiva hubiera hecho olvidar la dictadura fujimorista y el uso que hizo de los servicios de Inteligencia para espiar, amenazar, chantajear e incluso asesinar a opositores, los parlamentarios de la bancada fujimorista, la principal del Congreso con 35 miembros, criticaron con aparente indignación el uso de los servicios de Inteligencia para espiar opositores y sin ruborizarse pretendieron dar lecciones de democracia.

Fujimoristas y apristas, olvidando, y tratando de hacer olvidar, sus propias culpas en el espionaje político, impulsaron de la mano esta censura –a la que se sumaron agrupaciones menores, algunas de ellas legítimamente indignadas por el escandaloso espionaje descubierto– y han usado el escándalo del espionaje y la censura del gabinete para buscar fortalecerse, y también para distraer a la opinión pública de las acusaciones de corrupción contra sus líderes, Keiko Fujimori y Alan García, que el Congreso investiga. El gobierno, que ha evidenciado, una vez más, su poca habilidad política y su carencia de cuadros para defenderse, queda aún más debilitado y aislado de lo que ya estaba.