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Vecinos de El Alto, la ciudad boliviana que se convirtió en el símbolo de las protestas populares que hicieron caer a Sánchez de Lozada, pidieron juicio y castigo a los responsables del “domingo negro”. Ese 12 de octubre, las tropas militares mataron a 26 personas e hirieron a 200. Sus familiares exigieron el juicio al ex presidente y al ex ministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín, conocido como el “Montesinos boliviano”. Mientras, el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, inició una demanda contra Lozada, al que calificó de “prófugo de la Justicia”. En un intento por demostrar que su gobierno es diferente al de Sánchez de Lozada, el flamante presidente boliviano, Carlos Mesa, implementó el sistema de veto al nombramiento de funcionarios con antecedentes de inmoralidad o cuentas pendientes con el Estado.
En la demanda que tramitó Morales por la muerte de 80 personas en las revueltas populares que empezaron el 15 de septiembre están incluidos Sánchez Berzaín y Yerko Kukoc, ex titular de la cartera de Gobierno. Con la renuncia de Lozada, Sánchez Berzaín huyó a Estados Unidos y Kukoc, a México. “Estos criminales son prófugos de la Justicia”, declaró el líder de los cocaleros, Morales, en la ciudad de Sucre, sede del Poder Judicial boliviano, antes de iniciar la acusación ante la Fiscalía de la República. Al margen de la demanda del MAS, un abogado, Víctor Gutiérrez, acusó ante la Fiscalía a Lozada por las “matanzas en El Alto y La Paz” y “a sus cómplices Manfred Reyes Villa y Jaime Paz Zamora”, líder del partido Nueva Fuerza Republicana (NFR) y ex presidente de Bolivia, respectivamente.
Entre tanto, la nueva delegada presidencial Anticorrupción, Guadalupe Cajías, anunció que, desde ahora, podrá vetar a “los nuevos funcionarios que tengan cuentas pendientes con la Contraloría General de la República o que tengan conflicto de interés”. Según la funcionaria, que al igual que Mesa fue periodista, el sistema de veto “no será una caza de brujas”. El presidente “ha dicho a los ministros que tienen libertad para nombrar a sus colaboradores, que tengan capacidad técnica, pero el tema ético lo puedo vetar si hay una demanda con fundamento contra cualquier funcionario”, agregó Cajías, que tiene rango de ministro de Estado. También dijo que en la primera reunión de gabinete de ministros “les he pedido que cumplan con la declaración jurada de bienes” sin esperar a ser notificados. Y que espera “lograr que el ex presidente Sánchez de Lozada presente su declaración jurada de salida, como manda la norma”.
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio boliviana, Guillermo Morales, declaró ayer que la crisis que atravesó su país entre septiembre y octubre causó pérdidas por 70 millones de dólares en su sector. Y que hubo unos 123 millones que se perdieron en importaciones y exportaciones no efectuadas.