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Algunos la llaman purga. Otros, desplazamientos como coletazos del despido del ex jefe de las licitaciones directas Roberto Giacomino. Desde el Gobierno, le bajan el tono e insisten en que se trata de retiros habituales. Lo cierto es que desde ayer, siete comisarios inspectores y 28 comisarios de la Federal fueron pasados a disponibilidad y alrededor de 90 fueron designados en nuevos cargos. Entre disponibles y designados hay algunos que supieron ganarse espacios en los medios. El más conocido es el comisario inspector Juan Orlando Oliverio, ya disponible, detenido y a la espera del juicio oral por el asesinato de Alberto Márquez, durante la represión de diciembre de 2001. Otro disponible es Roberto Casanova, quien apelando a sus conocimientos estadísticos había dicho que “el 27 por ciento de los habitantes de la Boca son delincuentes”. Entre los nombrados, el comisario Gustavo Carca quedará a cargo de la Circunscripción I, que controla las comisarías céntricas. Estuvo procesado por encubrimiento en la escandalosa fuga del Departamento Central de la Federal, en setiembre de 2000.
Desde que asumió Néstor Kirchner, y más especialmente desde que fue despedido Roberto Giacomino, se produjeron más de 60 relevos jerárquicos. Ayer, los movimientos internos continuaron. Es cierto que la ingeniería gruesa ya fue realizada por el Gobierno apenas asumió, y apenas fue destituido Giacomino. Pero los cambios continuaron y resultó difícil despegarlos de los escándalos anteriores.
Pese a todo, voceros del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos aseguraron a Página/12 que no se trataba de ninguna purga. “Son los cambios razonables y habituales –dijo la fuente– para esta época del año. No se van más comisarios que los que se fueron para la misma fecha el año anterior. Todo tiene que ver con la Junta de Calificaciones. Algunos puestos en disponibilidad lo fueron porque no tenían el perfil que se busca, y lo que se intenta es poner comisarios a los que se les tenga confianza.” No es poca cosa, especialmente si se tiene en cuenta que la Junta de Calificaciones, o Primera Junta como la llaman en la jerga, está conformada por los comisarios generales, en especial por el jefe Eduardo Prados, lo que indica que no se trata de un mero trámite administrativo.
Siete comisarios inspectores y 28 comisarios fueron pasados a disponibilidad. Uno de ellos, en disponibilidad preventiva: el comisario inspector Juan Orlando Oliverio, quien en realidad ya estaba en disponibilidad, situación que le fue confirmada e informada en la celda donde se encuentra esperando el juicio oral acusado del crimen del manifestante Alberto Márquez, el 20 de diciembre de 2001. Márquez recibió un perdigón de plomo en el pecho. El 6 de marzo de 2002, la jueza Servini de Cubría le dictó la preventiva a Oliverio. El 18 de octubre pasado, el fiscal Luis Comparatore pidió la elevación a juicio. El gatillo fácil forma parte de su legajo. Oliverio es investigado por encubrimiento en el crimen de Christian Robles, hijo de un sargento de la Federal, en Parque Patricios, también en diciembre, pero del ‘97. A Robles lo confundieron con un ladrón. En setiembre de 2001, Oliverio, como jefe de la División Individualización Científica de Personas, declaró que “en general tratamos de no difundir fotos de homicidas para que no se agranden”.
Otro que pasó a disponibilidad, pero que estaba en actividad, fue Roberto Casanova, jefe de la Policía de Tránsito. Aunque no se mencionaron las causas de su desplazamiento, es muy probable que su pasado como titular de la comisaría de la Boca lo haya traicionado. En enero de 2001, Casanova apeló a sus conocimientos estadísticos y armó desparramo: “El 27 por ciento de los habitantes de la Boca son delincuentes –dijo–. Son cifras exactas, basadas en un sistema de cómputos. Estamos hablando de arriba de veinte mil personas con antecedentes”. Después, a Casanova lo llamaron a silencio.
También fueron pasados a disponibilidad Roberto Azoumanian y Leonardo Cura, jefes de las comisarías 39ª y 33ª, de Villa Ortúzar y de BelgranoNúñez. La incidencia delictiva en sus zonas puede haber influenciado.
A su vez, fueron decididos 93 nombramientos. En el área de Seguridad fueron designados 32 comisarios inspectores y 45 comisarios. Los más destacados son los jefes de las ocho circunscripciones de las que dependen las comisarías porteñas. En la VIII fue designado el comisario Rubén Aráoz, que era jefe de la Delegación Santiago del Estero. En la VII fue nombrado Lucio Tirao. Tirao estuvo a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Crímenes contra Menores, y hasta la semana pasada era el jefe de la comisaría 38ª. En la VI fue designado Juan Ordóñez, ex titular de la 46ª.
En la V, Alejandro Cano, ex jefe de la Montada. En la IV, Juan José Pirsic, ex jefe de Servicios Médicos Generales y que pasó por la temida división Roca de la Ferroviaria. Carlos María Basualdo quedó en la III. Basualdo reemplazó al jefe de la 43ª tras el escándalo desatado por el sargento retirado Juan de Dios Velaztiqui, quien fusiló a los jóvenes Tasca, Gómez y Matassa en diciembre de 2001. Basualdo también se destacó en la investigación del crimen de Lecuna. En la II fue nombrado Ricardo Faranna. La I quedó para Gustavo Carca. En setiembre de 2000, los dos asesinos del vicepresidente paraguayo Luis Argaña, y Tractorcito Cabrera fugaron del Departamento Central de la Federal. Carca estaba a cargo de la Alcaidía, donde se encontraban los detenidos. Lo procesaron por falsedad ideológica reiterada en tres oportunidades y ocultamiento de pruebas.