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María Julia Alsogaray enfrentará el primer juicio oral y público entre fines de marzo y comienzos de abril del año próximo si nada altera los planes del tribunal encargado de llevar adelante el proceso en su contra por enriquecimiento ilícito. La ex funcionaria, que sigue presa por otra causa en la Unidad Antiterrorista, podría ser condenada por haber aumentado su patrimonio ilegalmente en al menos 2,5 millones de pesos aprovechándose de los cargos que ocupó durante casi diez años y por falsificar documentación para justificar ese incremento.
La ex secretaria de Recursos Naturales del menemismo fue procesada en agosto de 2000 por el juez Juan José Galeano, que le trabó un embargo de 3 millones de pesos. El expediente llegó al Tribunal Oral 4 –que integran Cristina San Martino, Leopoldo Bruglia y Horacio Vaccare– hace casi un año y medio y, según trascendió, al perfilar la agenda de audiencias para el 2004 calcularon que la de Alsogaray comenzaría entre marzo y abril.
Todavía no firmaron una resolución fijando una fecha precisa porque hay algunos trámites inconclusos que se definirían en los próximos días: la instrucción suplementaria, con pericias y actualización de datos solicitados, y una serie de planteos formulados por la ingeniera en los últimos días, en los que pidió la declaración de inconstitucionalidad de la figura de enriquecimiento ilícito, la nulidad de las actuaciones y la prescripción de la causa. Independientemente de estas cuestiones, es evidente que hay una decisión del tribunal de avanzar con el juicio.
La defensora oficial Pamela Bisserier, quien representará a Alsogaray en el proceso, relativizó que el juicio pueda comenzar en cinco meses. “Ante todo, la fecha deben ponerla por escrito y, por otro lado, el proceso no está en condiciones de fijar audiencia de debate. Las pruebas no están concluidas y hay una incidencia en trámite. Aún puede haber instancias recursivas como la Cámara de Casación y la Corte Suprema”, señaló.
Los fiscales que llevaron adelante la investigación original, Eamon Mullen y José Barbaccia, determinaron entre otras cosas:
- Que para justificar su riqueza Alsogaray declaró haber recibido 500 mil dólares de honorarios de Astilleros Alianza. Sin embargo, la pesquisa demostró que el contrato que exhibió era falso, que la firma había quebrado y que el convenio “nunca existió”.
- La ex interventora de Entel había dicho que 650 mil pesos provenían de gastos reservados que había recibido del Gobierno como “retribución complementaria”. Pero la fiscalía señaló que no le correspondía ese tipo de partidas, que tampoco había sido aprobada, ni hay respaldo documental de que le haya sido entregada, al menos legalmente.
- María Julia decía que su padre, Alvaro Alsogaray, le había donado 863.769 pesos, sin embargo se estableció que no estaba en condiciones de hacer semejante cesión de dinero. “Es poco probable que el dinero perteneciera a su padre”, ratificó el juez.
- La empresa familiar Pincar fue utilizada para blanquear cerca de 500 mil pesos que, según estableció la Justicia, no se originaban en su actividad, limitada a administrar tres inmuebles. La ex funcionaria se negó a detallar el origen del dinero, amparándose en la Ley de Blanqueo de Capitales en el Exterior. Aquella suma le permitió comprar su lujoso departamento en el Essex House de Nueva York, frente al Central Park.
- Los gastos de seis tarjetas de crédito redondearon la imputación. Llegó a gastar hasta 40 mil pesos por mes.
Por el delito de enriquecimiento ilícito María Julia podría tener su primera condena firme. Esa figura prevé entre 2 y 6 años de prisión (es excarcelable) si no justifica cómo amasó su fortuna. El tribunal oral a cargo de juzgarla podría ordenar que devolviera el dinero al Estado. Ahora está presa en una causa en que el juez Canicoba Corral la procesó por peculado (apropiarse del dinero público) durante su gestión como secretaria de Recursos Naturales.