La presidenta chilena, Michelle Bachelet, anunció ayer ante el Congreso un proyecto de ley que prevé la gratuidad para el 60 por ciento de los estudiantes universitarios de bajos recursos. En el marco de la rendición anual de la Cuenta Pública, realizada en el recinto legislativo de Valparaíso, la presidenta repasó los principales logros y proyectos de su gobierno en materia de educación, salud y justicia. Entre tanto, cerca de 6000 manifestantes se congregaron en las inmediaciones del Parlamento para exigir mayor participación en la discusión por la reforma educativa.

Bachelet, que habló por casi dos horas ante más de mil personas en el Congreso Nacional, explicó que el proyecto beneficiará a cerca de 264 mil estudiantes. Los alumnos seleccionados podrán asistir de manera gratuita (sin beca ni crédito) a centros de formación técnica, institutos profesionales acreditados y sin fines de lucro, o a universidades del Consejo de Rectores. “Esta medida es coherente con lo que hemos propuesto, y vamos a seguir avanzando decididamente hacia la gratuidad universal”, afirmó la mandataria. Bachelet agregó que hacia el fin de su presidencia, en 2018, el 70 por ciento del grupo más vulnerable de estudiantes gozará de educación gratuita para llegar a un 100 por ciento de la matrícula en 2020.

La medida se concretará mediante una ley de gratuidad y financiamiento de la educación superior, que Bachelet planea enviar en el segundo semestre al Congreso. El proyecto ya logró la aprobación de una ley que pone fin a la selección de estudiantes de colegios públicos y de la obtención de ganancias en estas instituciones.

En Chile, y tras las reformas privatizadoras emprendidas por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), no existe la posibilidad de estudiar gratis a nivel universitario.

Por otro lado, la presidenta chilena convocó a las fuerzas políticas que apoyan al Gobierno, a la oposición y a la sociedad en general a trabajar juntos. “Los invito a reconstruir la confianza y a trabajar unidos en un diálogo franco y transparente para aprovechar esta oportunidad histórica”, expresó Bachelet. “Hoy existe consenso sobre la necesidad urgente de impedir el tráfico de influencias, los conflictos de intereses, y la corrupción en la política y en los negocios. Necesitamos restaurar la confianza en que se basa nuestra convivencia”. En este punto, destacó el envío del proyecto de ley que regula el financiamiento de las campañas y la iniciativa de reforma constitucional que dará autonomía al Servicio Electoral. “Llevaremos a cabo un proceso que garantice un equilibrio adecuado entre una participación ciudadana realmente incidente y un momento institucional legítimo y confiable. Y ello debe ocurrir en el contexto de un acuerdo político amplio, transparente y de cara al país, que sostenga este proceso.” La actual Constitución chilena fue refrendada en un plebiscito convocado por la dictadura en 1980, y en 25 años de democracia fueron efectuadas algunas modificaciones para darle un tinte más democrático.

Con respecto a Justicia, señaló que durante este año su partido presentará un nuevo proyecto de Código Penal para actualizar el vigente, que data de 1874. También impulsarán la tramitación de los proyectos de ley que garanticen la imprescriptibilidad y el carácter no amnistiable de los delitos de lesa humanidad, además de ingresar otro proyecto de ley que tipifique el delito de tortura en conformidad a los compromisos internacionales.

En cuanto a Salud, los puntos destacados en el discurso presidencial fueron la eliminación gradual de la obligación de pagar el cinco por ciento en salud de sus ingresos a los pensionados mayores de 65 años y la aprobación de la Ley Ricarte Soto, la cual subvencionará a pacientes que realicen tratamientos de alto costo, necesiten alimentos especiales o dispositivos médicos. Esta ley fue despachada ayer por el Congreso y quedó en condiciones de ser promulgada por la mandataria.

Entre otros anuncios, Bachelet mencionó la creación de los ministerios de Ciencia y Tecnología y uno de Pueblos Originarios, y además se comprometió a implementar, a partir de 2017, el voto de los chilenos en el extranjero, prohibido por la dictadura de Pinochet.

Mientras la presidenta chilena daba su discurso ante el Congreso, cerca de 6000 estudiantes protestaron en las afueras del recinto para exigir mayor participación en la reforma educativa. La manifestación, convocada por organizaciones estudiantiles y de trabajadores, comenzó de forma pacífica pero finalizó con incidentes provocados por decenas de encapuchados que saquearon algunos comercios y realizaron destrozos en las calles de Valparaíso. Unidades antidisturbios de Carabineros emplearon camiones hidrantes y gases lacrimógenos para contener a aquellos manifestantes que levantaron barricadas y trataron de romper el perímetro de seguridad instalado en la zona aledaña al Parlamento. La protesta dejó un saldo de 37 detenidos y 20 heridos, uno de ellos con una lesión grave en la cabeza, si bien efectivos que participaron del operativo afirmaron que “la marcha fue más tranquila que en otros años”.