Es un estudiante de segundo año de la Escuela Normal de Ayotzinapa, de 19 años, pero por sobre todo es un sobreviviente. Francisco Sánchez Nava pudo escapar de las balas de los policías municipales de Iguala, en el estado de Guerrero, en la noche del 26 de septiembre pasado, cuando los agentes se llevaron a 43 compañeros y desde entonces no aparecen.

Un manto de impunidad cubre el caso que traspasó las fronteras de México y que puso en evidencia las relaciones entre el Estado y el crimen organizado. El joven Sánchez Nava, que está en Buenos Aires junto a tres familiares de compañeros normalistas reclamando verdad y justicia, dialogó con Página/12 sobre el trauma que vivió aquella trágica jornada y la represión que se viene aplicando a los estudiantes que defienden sus derechos.

Ayotzinapa sufre. Y ese dolor se ve en la mirada de Francisco, un chico que por momentos se indigna y por otros hace silencio sentado en un rincón del espacio que la agrupación social Pañuelos en Rebeldía cedió para el evento. Acaba de concluir el acto de presentación en Buenos Aires de la llamada Caravana 43 Sudamérica y el estudiante vuelve sobre su testimonio. “Ayotzinapa es una escuela normal donde estudiamos los hijos de los campesinos. A las siete de la mañana desayunamos, después entramos a clase. A las tres y media terminamos de estudiar y a las cuatro tenemos que trabajar la tierra, sembramos maíz, arroz, frijol, y también alimentamos vacas, cerdos, gallinas, para sostener nuestra economía. El Estado (de Guerrero) nos hace llegar 50 pesos al día para las tres comidas, eso no alcanza ni para una comida hoy en México. Terminada la actividad de campo, regresamos a la (escuela) normal, donde los compañeros de tercero y cuarto nos dan una plática de cómo este sistema nos explota, cómo somos pisoteados por un gobierno corrupto”.

En la noche del 26 de septiembre creció más la rabia hacia el gobierno y hacia el sistema. Un pueblo que se levantó para exigir justicia y la aparición con vida de los 43 estudiantes. Francisco recuerda cómo empezó todo el horror. “Los estudiantes salimos a las cinco de la tarde para hacer actividades de boteo (recaudar fondos), fuimos a Huitzuco para instalarnos en la autopista y pedir una moneda a los choferes que pasaban. Terminamos la actividad a las siete y media. Nos trasladamos en tres autobuses, íbamos de regreso a la normal, y teníamos que pasar por la ciudad de Iguala. A mitad de camino llegaron policías municipales con sus patrullas y dispararon directamente a los autobuses. Unos compañeros se bajaron y fueron a preguntar por qué estaban disparando, a decirles que éramos estudiantes, que nos dejaran pasar. Los municipales se retiraron”.

Se dijo que los estudiantes querían realizar disturbios en el acto de la mujer del alcalde José Luis Abarca, María de los Angeles Pineda, y por eso aparecieron los policías en escena. Francisco lo desmiente. “¡Oiga, no! Cuando llegamos a Iguala el acto había acabado. No había nada.”

El joven se toma la cabeza, mira hacia abajo, y prosigue. “Seguimos avanzando. Pero al entrar a la calle que nos llevaba hacia la escuela nos interceptó una patrulla de la policía municipal y los compañeros del primer bus se bajaron, para mover la patrulla y que nos permitieran el paso, y entonces los municipales les dispararon directamente. Es ahí que fue herido el compañero Aldo Gutiérrez, que está en estado vegetativo. Lo hirieron a otro. Siguieron disparando. La patrulla se trasladó hacia el tercer autobús, donde viajaban los 43 compañeros, los bajaron a golpes y los subieron a la patrulla, como si fueran unos delincuentes. Se los llevaron”, dijo y se lamentó no haber podido hacer nada.

Los policías que fueron detenidos luego confesarían que entregaron a los alumnos al cartel Guerreros Unidos. Para la Justicia mexicana, los integrantes de Guerreros Unidos asesinaron a los jóvenes e incineraron los restos en un basural del vecino municipio de Cocula. Una versión oficial que los padres y sobrevivientes no creen, dado que los peritos argentinos que trabajaron en el lugar no encontraron identificaciones entre los restos recuperados y los 43 normalistas. El 11 de mayo, expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidieron al gobierno de Enrique Peña Nieto que se reanude la búsqueda de los estudiantes.

Francisco cuenta que los uniformados quisieron hacer un trato para que la represión quedara impune. “Los municipales no querían llamar a la ambulancia sin antes negociar: para que no dijéramos que fueron ellos. Nosotros les dijimos que no negociábamos. Se fueron, dejando a nuestros dos compañeros heridos. Después nosotros llamamos a la ambulancia.”

¿Por qué les dispararon? El joven sobreviviente cree que los policías sabían que eran estudiantes de Ayotzinapa. “El motivo es que quieren hacer desaparecer a la normal. Que saben que es la piedra en el zapato de Guerrero, les estorba, porque los estudiantes manifestamos por nuestros derechos. Porque los policías y las autoridades salen de cacería, matan a gente pobre que levanta la voz”.

Francisco rememora y busca referencias horarias para reconstruir lo vivido. Sería la una de la madrugada del día 27 cuando llegaron los medios de comunicación y los estudiantes que quedaron decidieron dar una conferencia de prensa. “En ese momento apareció una camioneta roja con gente de civil y detrás las patrullas municipales. Nos empezaron a disparar directamente. Es ahí cuando le dieron al compañero Julio César Mondragón. Le dieron también a otro compañero. Ambos murieron”.

En cuanto pudieron, salieron corriendo. “Llegamos a una calle donde no había salida. Cuando quisimos correr en otra dirección e hirieron al compañero Daniel en la mandíbula, lo levantamos, lo llevamos cargando y le pedíamos a la gente que nos ayudara. Nos perseguían los policías. Llegamos a una clínica y el doctor no quiso atendernos, le pedimos que al menos nos refugiara, nos abrió. Pero después supimos que había llamado a los militares del batallón 27, que se encuentra a 20 minutos de ahí.

Todo sucedió en un ritmo vertiginoso. “Llegaron los militares, entraron a los golpes, gritándonos, que si éramos hombrecitos, que si teníamos huevos, que lo teníamos merecido porque éramos unos revoltosos. Les rogábamos a los militares que nos pidan una ambulancia para el compañero herido. Los militares no lo hicieron, tuvieron tres horas reprimiéndonos, y se retiraron después. ‘Salven su pellejo’, dijeron”.

A las ocho de la mañana estaban declarando en la procuraduría general de Iguala, y a las diez conocieron la peor de las noticias: apareció el cuerpo de Julio César Mondragón desfigurado, le habían quitado los ojos, lo habían quemado. El saldo de Ayotzinapa es de seis estudiantes muertos, cinco heridos de gravedad, y la desaparición forzada de 43, el alcalde de Iguala y su esposa presos como presuntos autores intelectuales de los hechos, además de cien detenidos entre policías locales y narcos.

“Lo que ocurrió el 26 y 27 de septiembre es un crimen de Estado. Exigimos al gobierno mexicano que se esclarezca el caso” sostiene Francisco.

Sin embargo, la administración de Peña Nieto señala que ante la gravedad de los hechos, el gobierno federal condujo las investigaciones “que han derivado en los avances para esclarecer el caso (ver recuadro).

No es la primera vez que atacan a estudiantes de Ayotzinapa, denuncia el joven. “El 12 de diciembre de 2011, el Estado quería recortar las 150 matrículas a cien, y los compañeros se organizaron y fueron a la capital de Guerrero, a Chilpacingo, donde hicieron una protesta pacífica, tomando la Autopista del Sol. Ahí el entonces gobernador Angel Aguirre ordenó a sus fuerzas desalojar la autopista a como diera lugar; los compañeros fueron desalojados a los tiros. Mataron a Echeverría y Pino”. Hasta la fecha, esas muertes quedaron impunes”.

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