[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

El Club Atlético Boca Juniors y su presidente, el macrista Daniel Angelici, incorporaron al comisario Claudio Lucione como jefe de Seguridad pese a que había sido apartado de la Policía Federal por ser organizador de una cadena de peajes que les cobraba a comerciantes a cambio de mover mercadería ilegal y por no poder justificar su patrimonio, incluyendo una casa de 170 metros cuadrados, sobre un terreno de 1170 metros cuadrados en el lujoso balneario de Cariló. El juez de Instrucción criminal Hernán López dictó la falta de mérito para Lucione y otros cuatro policías –uno de ellos propietario de un gigantesco yate– porque decidió hacer una pericia contable para terminar de investigar el enriquecimiento ilícito de los jefes uniformados. La oportunidad fue aprovechada por el también macrista fiscal Carlos Stornelli, en ese entonces director de Seguridad de Boca, para sumar a Lucione, quien estuvo a cargo del operativo que terminó en escándalo durante el entretiempo de River-Boca.

Lucione provenía de dos de las comisarías impares, que en el submundo de la Federal son las más apetecidas. Había estado en la comisaría 7, que es la que tiene jurisdicción en el barrio de Once, con el inmenso movimiento comercial existente en la zona. Pero terminó, dentro de las impares, nada menos que en la 17, la de Recoleta, donde fue blanco de denuncias de La Alameda por “darles cobertura a narco-prostíbulos” y se formuló una causa, con escasa actividad, en el juzgado de Norberto Oyarbide. La entonces ministra de Seguridad, Nilda Garré, lo apartó de la Federal a raíz de una denuncia llegada al 0-800 y que provenía de un integrante de la propia comisaría 7. El subalterno señalaba que Lucione armó un sistema de recaudación a los comerciantes, indicando uno por uno quién pagaba y qué integrante de la fuerza iba a cobrar.

El comisario retirado estuvo a cargo del operativo del Boca-River porque hubo una secuencia llamativa. Garré lo apartó de la fuerza; el juez López dictó una falta de mérito para tener tiempo para hacer las pericias contables; el secretario de Seguridad, Sergio Berni, lo reincorporó a la fuerza y en 2013 Lucione se fue al puesto de gerente de Seguridad de Boca, de la mano de Stornelli. Con semejantes antecedentes, Lucione no parecía ser la persona adecuada para sacar de la tribuna boquense a los barrabravas. Su perfil anticipaba la búsqueda de una convivencia, algo que quedó en claro cuando los dirigentes de Boca intentaron levantar el derecho de admisión que pesaba sobre Mauro Martín, Rafa Di Zeo y los demás líderes de la Doce.

La conducción de Angelici disimuló un poco el vínculo con la barra en tanto existió la causa que encabezaba el juez Manuel De Campos, que investigaba a toda la barra y que partió de un homicidio, el de un vecino de Liniers, Ernesto Cirino, avanzó sobre otras dos muertes más en el Bajo Flores y se orientó a investigar el corazón de la barra brava. De Campos tenía filmaciones de la elaboración de carnets por parte de la barra, los manejos con las entradas y otros aspectos de la operación de lo que consideraba era una asociación ilícita. Tenía datos de que algún prófugo de la causa se escondía en una quinta de un dirigente. Finalmente, lograron no sólo apartar a De Campos, sino dividir la causa en varios juzgados restándole todo poder de investigación. De inmediato, Angelici selló la nueva era levantando el derecho de admisión, algo que Berni vetó antes del primer superclásico.

Paraíso

La casa de Cariló está en la calle Fresno, a muy pocos metros del Cariló Golf, un lugar más que exclusivo en una zona de bosques frondosos. Lucione declaró que la compra fue hecha el 20 de agosto de 2008 y que le costó 78 mil dólares. De acuerdo con los cálculos hechos entonces en el Ministerio de Seguridad la propiedad valía, como mínimo, tres veces más que esa cifra. El argumento del comisario era que la ubicación era lejana a la playa, pero escondió el dato de que la zona es privilegiada, muy cerca del golf. Resulta curiosa –según el informe presentado luego a la Justicia– la forma en que lo pagó:

- En 2006 informó la venta de una casa en Mataderos, pero nunca había declarado la compra. La venta se hizo el 1º de enero, algo poco creíble.

- Tres meses más tarde informó que vendió parte de otra casa en Mataderos, que tampoco había declarado que compró.

- El mismo año declaró que aceptó una donación de 80 mil pesos.

- Y también sostuvo que recaudó 120 mil pesos provenientes de trabajos propios. Lo que llama la atención –dice el informe– es que recién recibió autorización para hacer trabajos como licenciado en seguridad un año y medio después. Y en la AFIP se inscribió todavía más tarde, en 2009.

O sea que juntó trabajos extrapoliciales que no tenía autorizados ni declarados, con una donación, dos ventas de casas que nunca compró, para hacerse con un terreno en Cariló que –siempre de acuerdo con la denuncia– supuestamente compró a la mitad o un tercio de su valor.

El juez López debe decidir su procesamiento en el próximo tiempo, pero las demoras tienen que ver con que su defensa cuestiona los peritajes contables y ha pedido ampliaciones. La abogada de Lucione es Valeria Corbacho, la misma que defendió a Ciro James, el espía vinculado con el jefe policial preferido de Mauricio Macri, Jorge “El Fino” Palacios. Corbacho defendió a Luis Abelardo Patti, al subcomisario Samuel Miara, apropiador de los mellizos Reggiardo Tolosa, a los maquinistas de los choques de Once y Castelar y al ex presidente Fernando de la Rúa.

En las páginas de Facebook –también citadas en el informe– se menciona que, además de la propiedad en Cariló, ambos hijos de Lucione estudiaban en universidades privadas, el varón en la Austral y la mujer en la UADE, y hay fotos de viajes a distintas playas y Disney. Nada de eso encajaría con los ingresos que figuraban en la declaración jurada de Lucione, pero el comisario argumenta que fue jefe de custodia de los ministros de Economía, entre ellos Roberto Lavagna, y que ahorraba todos los viáticos.

Progreso

Más allá de la denuncia de la Fundación Alameda que lo ubica como un protector de narcoprostíbulos y el testimonio de un subalterno que sostiene que cobraba a mayoristas chinos y vendedores callejeros, Lucione es un inusual ejemplo del progreso económico, según consta en el informe que motivó la denuncia de la Secretaría de Seguridad.

Cuando ingresó a la fuerza, en 1975, vivía en el departamento tres de una humildísima casa, presuntamente alquilada, en pasaje Delambre 4414, en el barrio de Floresta. Tardó 14 años en acceder a su primer departamento, de 55 metros cuadrados, en avenida Castañares 4719, torre 5, piso 4, en Villa Lugano.

El salto lo pegó con la siguiente propiedad, que, según el informe del Ministerio de Seguridad, tiene una especie de agujero negro de información: no está claro cuándo compró la cómoda casa de Parque Avellaneda de 180 metros cuadrados. En la declaración jurada de 2006 afirma que la compró en octubre de 1995; en las declaraciones posteriores dice que la compró en 1996 (pudo haber un error de tipeo) y de su legajo personal en la Policía Federal figura que la incorporó en 2005. Todo eso, y sobre todo la compra en Cariló, está siendo investigado por el juez López.

Salida

Sobre la base de las denuncias y la evaluación de su crecimiento patrimonial, la ministra Garré apartó a Lucione y otros cuatro comisarios, a quienes se vinculaba con el cobro de peajes y por darles cobertura a narcoprostíbulos. La entonces secretaria de Cooperación con el Poder Judicial del Ministerio de Seguridad, Cristina Caamaño, redactó la denuncia originada en la comisaría 7. El subalterno de los comisarios contó que “los importadores mayoristas chinos” pagaban mensualmente y que cuando ingresaban containers de contrabando la orden era no intervenir, sino dejarles una advertencia, “fijate qué hacés”, que les indicaba que debían ir a la comisaría a hacer un arreglo. El subalterno también mencionaba camionetas con perfumes importados y con ropa falsificada. No se trató de una denuncia sin precisiones, sino dirección por dirección, local por local, en qué consistía el convenio con la comisaría. Lo mismo señaló el subalterno respecto de los puestos en la calle, en especial sobre la avenida Corrientes: ante su requerimiento de autorización, los puesteros le contestaban que eso ya estaba arreglado con la comisaría.

En el final de la denuncia, Caamaño pidió un exhaustivo análisis de los bienes de los comisarios y subcomisarios, que es lo que está haciendo ahora el juez López. Dado que las pericias contables y evaluaciones llevan tiempo, el magistrado dictó una falta de mérito, lo que significa que no los procesó ni los sobreseyó, sino que buscaría pruebas. En el próximo tiempo habría un pronunciamiento del juez.

Lo asombroso es que la falta de mérito permitió que Lucione volviera por un tiempo a la Federal. De allí se fue finalmente a Boca, donde convivió con el fiscal Stornelli, el directivo a cargo de la Seguridad. A fin del año pasado, Stornelli decidió dar un paso al costado y Lucione quedó a cargo de todo. Se lo vio ir y venir con un jogging de Boca durante el entretiempo en el que se arrojó el gas pimienta a los jugadores de River.

La modalidad parece haberse hecho habitual en el macrismo. También Macri intentó reciclar al Fino Palacios como jefe de Seguridad de Boca, pese a que estaba imputado por encubrimiento en la causa AMIA y con una llamada asombrosa al integrante de una banda de ladrones de autos –Daniel Sagorsky– que terminó secuestrando a Axel Blumberg. Todo indica que los antecedentes negativos juegan a favor y no en contra a la orden de utilizar comisarios, en especial cuando el objetivo es negociar –no combatir– a los que delinquen desde La 12.

[email protected]