Desde Londres

Anunciada durante meses, la guillotina fiscal conservadora finalmente empezó a cortar cabezas y, como suele suceder, muchas pertenecen a los que clamaban por su purificadora instauración. En la gótica Cámara de los Comunes, buen escenario para una película de terror, las 12 mil millones de libras de recortes del gasto social anual que anunció en su primer presupuesto el gobierno de David Cameron se concentraron en los que reciben un crédito impositivo (tax credit) para compensar el bajo salario que pagan las empresas y la carga familiar. La ironía es que, al menos una parte de los receptores de estas ayudas votó a los conservadores en las elecciones del 7 de mayo creyendo que la austeridad que prometían no los afectaría a ellos sino a los llamados skivers (vagos) que, según la narrativa oficial, viven del seguro del desempleo.

El arquitecto de la estrategia política-económica de Cameron es su ministro de Finanzas, George Osborne, que se ha especializado en sus más de cinco años en el puesto en tenderle trampas a la oposición laborista y atacar el sistema de Bienestar Social británico con un lenguaje progresista (palabra que suele usar). El conejo que sacó de la galera al final de su discurso este miércoles ante el Parlamento fue un golpe maestro: la introducción de un living wage que sustituye al actual “salario mínimo” y que era una demanda tanto de la oposición como de las ONG vinculadas a la lucha contra la pobreza.

El “salario mínimo” que introdujo el laborismo en 1997 a pesar de la oposición de los conservadores y que se encontraba en 6,50, subirá a 7,20 libras la hora en su reencarnación como living wage tory hasta llegar a 9 libras en 2020. La medida abarcará a los mayores de 25 años y, según el gobierno, beneficiará a unos dos millones y medio de trabajadores con bajos ingresos. Pero lo que ganen de la mano del living wage lo perderán con la otra y más. Los especialistas todavía están desentrañando los números oficiales, pero el cálculo es que unos cuatro millones y medio de británicos reciben tax credits que redondean un gasto fiscal de 30 mil millones de libras. Los menores de 25 años perderán acceso a parte de esta ayuda y no recibirán a cambio el living wage.

Los grandes ganadores del sistema fiscal británico son hoy las corporaciones. Según un estudio publicado este miércoles por The Guardian, las grandes corporaciones reciben beneficios impositivos por más de 93 mil millones de libras, más de tres veces el monto de los tax credits. El estudio se basó en gran medida en la investigación de una década del académico de la Universidad de York Kevin Farnsworth quien desenterró una madeja de beneficios, subsidios y estímulos para las corporaciones, muchas de las cuales terminan pagando muy poco o nada en impuestos (Google o Starbuck son algunos de los casos más vistosos).

El living wage, que aumentará el costo laboral de las empresas, no es el fin de estos privilegios. El gobierno anunció al mismo tiempo que bajaría el impuesto corporativo en un uno por ciento dejándolo en un 18 por ciento, muy por debajo de la media europea (22 por ciento) o global (23 por ciento). “En resumen, el resultado final de este presupuesto es que los pobres perderán porque el aumento que obtengan de los empleadores no compensará la diferencia. El gobierno también ganará porque reducirá el gasto”, indicó a Página/12 Kevin Farnsworth.

La complejidad del Estado de Bienestar, que abarca dos terceras partes del gasto fiscal británico (unos 489 mil millones de libras), facilita estos reacomodamientos de las partidas para reducir el gasto. Los conservadores han prometido que no tocarán salud y educación para nivelar las cuentas fiscales en los próximos cinco años, pero tienen un amplio espectro de beneficios sociales que pueden reducir o redistribuir. El caballo de batalla político que han usado es que el futuro del Reino Unido depende de una lucha entre strivers (trabajadores, emprendedores) y skivers (vagos, aprovechadores). “Entre los que se levantan temprano para trabajar y progresar en la vida y ven cómo siguen cerradas las cortinas de sus vecinos que viven del Estado”, según una célebre definición de Osborne hace dos años.

Esta retórica les ha servido a los conservadores para dividir a los más postergados. Uno de los máximos especialistas del tema en el Reino Unido, John Hills, de la Unidad de Exclusión Social de la London School of Economics, estudió en su “Good times, bad times: the welfare myth of them and us” la percepción distorsionada que hay del Welfare State (Estado de Bienestar) en el mismo Reino Unido. “La realidad es que ricos y pobres usan el Welfare State prácticamente en igual proporción. Pero hay una visión distorsionada de cómo funcionan las cosas. En las encuestas, por ejemplo, la mayoría pensaba que un 41 por ciento del gasto del Welfare State es para desempleados. En realidad es el 4. Pero además se habla de gente que está toda la vida desempleada cuando la mayoría sólo pasa por períodos de desempleo que no suelen extenderse más de dos meses. En este sentido la narrativa conservadora de nosotros y ellos, de honestos y aprovechadores, ha sido muy útil para ganar el debate público y las elecciones”, indicó Hills a Página/12.