El ex presidente Fernando de la Rúa brindó testimonio ayer en el juicio que investiga las responsabilidades de funcionarios políticos y policiales de su gobierno en las muertes de cinco personas y las heridas ocasionadas a más de 100 durante la represión del 20 de diciembre de 2001. Ante el Tribunal Oral Federal número 6, el ex presidente culpó al fallecido ministro del Interior de su gobierno, Ramón Mestre, y a la jueza federal María Servini de Cubría del control del operativo de la Policía Federal que derivó en los asesinatos y los 117 lesionados durante su último día de gestión y evitó responder varias preguntas de las querellas. “No esperábamos nada útil de su parte, pero tampoco creímos que sería tan irrespetuoso con los familiares de las víctimas y los sobrevivientes. Nos fuimos con mucha bronca”, resumió María Arena. Su esposo, Gastón Riva, recibió una bala policial en su pecho aquel jueves por la tarde. El ex presidente declaró en varias oportunidades a lo largo del extenso expediente. La de ayer fue la primera como testigo. Estuvo procesado, junto al ex secretario de Seguridad Enrique Mathov, al ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos y a otra decena de ex policías que hoy son acusados, en la causa que investiga quién ordenó la represión sobre la multitud que ocupaba las calles en aquel estallido social que puso punto final a su gobierno, y quién disparó las armas que mataron e hirieron. Recibió la falta de mérito de parte del juez federal Claudio Bonadio, pero los familiares de las víctimas y los sobrevivientes insistieron. El veredicto se repitió en la Cámara de Apelaciones y la Cámara Federal y la causa llegó a la Corte Suprema, que hace pocos meses desistió de abrir siquiera el expediente. El próximo paso es la Corte Interamericana.

Su estrategia fue similar a la de Mathov: delegar en Mestre y en Servini de Cubría toda la responsabilidad de la represión de aquel día. “Yo le dije a Mestre que actuara y obedeciera lo que dijera la jueza”, apuntó, luego de mencionar que junto a su entonces ministro del Interior había compartido una reunión el jueves por la mañana con el resto del gabinete en donde, presuntamente, se había comunicado la orden de Servini de “desalojar” la Plaza de Mayo, habitada por manifestantes desde temprano. Ese mediodía, la montada finalmente echó sus caballos sobre ellos, incluidas las Madres de Plaza de Mayo. “Mientras estábamos reunidos, el ministro del Justicia tuvo una comunicación con la jueza Servini e informó que ella disponía la ubicación de los manifestantes detrás de un vallado. Entonces le dije a Mestre que vaya a efectivizar la indicación de la jueza federal. Dispuso ella el desalojo de la plaza”, afirmó. A lo largo del debate fueron varios los testimonios que indicaron lo contrario. Según su relato, las noticias sobre las corridas de la policía sobre los manifestantes y los heridos del día anterior, así como los muertos del 20 de diciembre, le llegaron con retraso. Apuntó a Mathov como el informante de la situación. “Me enteré cuando ya estaba en la Quinta de Olivos por un llamado telefónico de Mathov desde el juzgado. Primero me dijo que había dos fallecidos y después que ascendían a cuatro”, mencionó. En cuanto al estado de sitio que declaró en la noche del 19 de aquel diciembre, sostuvo aunque “fue una decisión muy difícil”, lo hizo por pedido de los gobernadores. “Evidentemente fue un mal diagnóstico porque quizás la gente estaba más compungida con la situación económica. Hubo gente que además de hacer sonar las cacerolas se manifestó en contra del estado de sitio o de la situación económica”, relató.

En varias oportunidades, De la Rúa se escudó en su condición de ex procesado en la causa para evitar responder preguntas, sobre todo las provenientes de las querellas y la fiscalía, que provocaran su autoincriminación. Además, se quejó especialmente del interrogatorio de la querella que representa el Centro de Estudios Legales y Sociales, al que consideró “intimidatorio”.

“Fue un irrespetuoso”, acusó Arena. Junto a los familiares y amigos de Gustavo Benedetto, Carlos “Petete” Almirón, Diego Lamagna y Alberto Márquez, así como varios sobrevivientes de la represión, se llenó la sala de los tribunales de Comodoro Py en donde se desarrolla el juicio. Vestían remeras con la leyenda “Los caídos viven en nuestra lucha”. Oyeron las dos horas de testimonio en tensa calma. Hasta que el ex presidente habló de los muertos, de sus muertos. “Terminó diciendo que se sentía muy apenado por los fallecidos, que nosotros no sabíamos lo que era eso para un presidente de la Nación, y entonces sentimos que la burla ya era descarada”, puntualizó la viuda de Riva. Le empezaron a gritar y para cuando el presidente del TOF 6 amenazó con desalojar la sala, ya casi no quedaba público. “No queríamos desalojar la sala, pero nos hizo saltar la térmica. No había forma de aguantarse la bronca y empezamos a irnos”, concluyó.