El ex presidente brasileño Fernando Collor de Melo, destituido en 1992 por corrupción, dijo estar irritado con la policía que le incautó autos de lujo, ante la sospecha de que los compró con dinero obtenido de sobornos, y también con los medios que trataron un nuevo potencial escándalo que podría causar una crisis entre el Poder Legislativo y el Judicial. “Mi familia y yo fuimos sometidos a un atroz agravio, fui humillado. Tuve que enfrentar una situación que nunca había experimentado; sufrí un desgaste emocional junto a mi mujer e hija de 9 años”, se quejó el ahora senador. Collor de Melo pronunció un discurso en el recinto de la Cámara alta luego de que el Supremo Tribunal Federal y el Ministerio Público lo acusaran como implicado en la red de corrupción montada en Petrobras. Según la delación de un empresario procesado, recibió 20 millones de reales (6,6 millones de dólares) para intermediar un contrato con la petrolera, la empresa más grande y cuestionada de Brasil. Efectivos policiales allanaron la mansión de Collor en Brasilia, donde incautaron una Ferrari, un Lamborghini y un Porsche presuntamente adquiridos con dinero mal habido, según la fiscalía federal.

“Mis autos fueron llevados por la policía para promover un espectáculo mediático, fue una acción articulada por los medios y el Ministerio Público”, lanzó Collor. La investigación por el escándalo del Petrolao, nombre dado a la corrupción en Petrobras, enojó a parte de los senadores y diputados que se solidarizaron con Collor y lanzaron advertencias veladas contra la Justicia, algo que amenaza con desatar una crisis de poderes. El presidente de la Cámara alta, Renhan Calheiros, manifestó su perplejidad por el ingreso de policías federales a oficinas del Congreso y a la mansión de su colega y aliado Collor.

Calheiros, uno de los 47 políticos investigados por el Petrolao, repudió que los federales actuaran sin respetar a la Policía Legislativa, a cargo de la seguridad de los parlamentarios y sus residencias. “Las instituciones, que son independientes unas de otras, deben ser celosas al momento de respetar los límites establecidos en la Constitución para que no se pierdan las garantías”, sostuvo Calheiros. El operativo iniciado anteayer fue en el marco de las averiguaciones judiciales por sobornos y sobrefacturaciones que causaron perjuicios del orden de los 2000 millones de dólares a Petrobras.

En la finca de Collor fueron incautados documentos y tres autos de lujo que habrían sido adquiridos con el producto de sobornos cobrados a empresarios que a cambio prestaron servicios a Petrobras. Esa sospecha de cohecho contra Collor fue reforzada ayer al confirmarse que al menos dos de esos vehículos, valuados en casi 2 millones de dólares, no constan en su declaración de bienes. La prensa no se sorprendió por los presuntos delitos del ex presidente obligado a renunciar en 1992 debido a denuncias de corrupción por las que se aprobó un impeachment. Ahora las sospechas en su contra motivaron otro escándalo: el allanamiento ordenado por la Corte puede ser el primero de otros contra parlamentarios implicados en la trama del Petrolao.

En la lista de 47 legisladores de la Procuraduría figuran además de Collor y el jefe de senadores Calheiros, el titular de Diputados, Eduardo Cunha. “Desde que fueron incluidos en la lista del procurador Calheiros y Cunha comenzaron a atacar al gobierno esperando que la presidenta Dilma Rousseff interfiera a favor de ellos, eso lo sabe todo el mundo”, dijo ayer Merval Pereira, analista del grupo Globo. “Calheiros y Cunha parecen convencidos de que la Justicia caerá sobre ellos y van a impulsar un conflicto de poderes con la Justicia, eso es casi seguro”, agregó. Por su parte, Mónica Bergamo, de Folha de San Pablo, contó que “ayer (por anteayer) a la noche había preocupación en el Congreso, había gente temiendo que después del allanamiento en casa de Collor ahora el Supremo Tribunal ordene mas detenciones”.

La Policía Federal, responsable por las operaciones, aclaró que todos los allanamientos fueron ordenados por el Supremo Tribunal Federal (STF), máxima corte del país y única autorizada a investigar legisladores y agregó que la Policía Legislativa no tiene autoridad para hacer allanamientos.