Los bancos más selectos del sistema financiero europeo se encuentran en la mira después de que se conociera que traspasan beneficios a paraísos fiscales para evadir impuestos. Según un informe de la consultora Richard Murphy FCA para el Grupo Verde/ALE del Parlamento Europeo, difundido ayer por el diario Público, en España, entidades bancarias de las más importantes declaran buena parte de sus beneficios en Malta, Finlandia o Curaçao para evadir impuestos en sus países de origen.

Se trata ni más ni menos que de grandes bancos europeos a los que Grecia debe pagar intereses surgidos de préstamos con los órganos de crédito europeos ya que la Troika (Banco Central Europeo, FMI, Comisión Europea) prohíbe hacer quitas de la deuda pública. Royal Bank of Scotland, Deutsche Bank, Rabobank Group, Standard Chartered y Barclays se encuentran entre los cinco bancos que lideran el ranking de evasión fiscal internacional. Estas entidades son, ni más ni menos, que los mayores beneficiarios de las descomunales primas de riesgo aplicadas al Estado griego durante la crisis financiera global, en la que alguno de ellos tuvo que ser rescatado con decenas de miles de millones de las mismas arcas públicas a las que ahora defrauda.

Así se desprende, al menos, como conclusiones del informe encargado a la consultora Richard Murphy FCA por el grupo de Los Verdes/ALE, tras una larga investigación efectuada por el Comité Especial sobre Impuestos del Parlamento Europeo (TAXE Commi- ttee). Según el medio español, los primeros indicios sobre estas prácticas de defraudación al fisco, que impactan directamente en las arcas públicas de cada miembro de la Unión Europea por el volumen de los impuestos que estarían impagos, surgieron del LuxLeaks, escándalo que sacó a la luz que el gobierno de Luxemburgo –cuya jefatura ostentaba por entonces el actual presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker– había cerrado acuerdos secretos con más de 300 grandes multinacionales para que transfiriesen sus beneficios al Gran Ducado a cambio de abonar tipos impositivos incluso inferiores al 1 por ciento, frente al 20 o 30 por ciento que deberían abonar por impuesto de sociedades en los países donde en realidad hacían esos beneficios, incluida España.