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Después de sus incendiarias declaraciones sobre el presidente colombiano Alvaro Uribe, su ministro de Interior y Justicia, Fernando Londoño, renunció ayer a su cargo. “Presenté la carta de renuncia y es irrevocable”, fue todo el comentario de Londoño al entrar a la sede presidencial. A pesar de que se lo consideraba el “hombre fuerte” de Uribe, al momento de su renuncia el presidente estaba a 150 kilómetros de Bogotá, en una visita oficial. El miércoles, Uribe lo increpó por haber afirmado en un acto privado del Partido Conservador –uno de los principales aliados del presidente– que consideraba renunciar a la presidencia y anticipar las elecciones del 2006. A pesar de que luego el ministro intentó suavizar sus dichos, éstos crearon un revuelo entre los legisladores, que dijeron que las palabras de Londoño fueron un “chantaje”. El miércoles, el Congreso discutía un proyecto de reforma tributaria que busca llenar el vacío que dejó el fracaso del 25 de octubre en el referendo “contra la corrupción y la politiquería” impulsado por Uribe y el mismo Londoño.
El miércoles, Londoño había declarado que si el Partido Conservador dejaba de apoyar a Uribe, esto provocaría “una crisis sin precedentes” que sólo podría resolverse adelantando las elecciones, algo que, según el ministro, el mismo presidente barajaba como posibilidad. Sus dichos irritaron a varios funcionarios y legisladores, que los describieron como una “gran torpeza”. Uribe se apuró a declarar que “el tiempo de gobierno que nos queda lo aprovecharemos de día y de noche. Son casi seis años, sumando los tres de día y los tres de noche”. Y prohibió a sus funcionarios hacer “declaraciones imprudentes”. Enseguida, Londoño sostuvo que sus palabras fueron sacadas de contexto y aclaró que sólo se adelantarían las elecciones en caso de que el país estuviera en una “parálisis extrema”, lo que “por supuesto” no tiene “nada que ver” con la situación actual. Pero el “hombre fuerte” de Uribe ya estaba en capilla desde del 25 de octubre, cuando fracasó la consulta popular impulsada por Uribe y varios congresistas exigieron su renuncia. Además, no era la primera vez que el ministro se iba de boca. Antes de asumir su cargo junto con Uribe, en agosto del 2002, este abogado de 57 años se ganó la antipatía de los medios colombianos cuando dijo que habría restricciones a la prensa. A los pocos días, ya como flamante ministro de Interior y Justicia, causó un enfrentamiento en la Corte Constitucional, el órgano encargado de estudiar los decretos, al decir que “el gobierno enviará sólo por cortesía un decreto de conmoción interior a la Corte Constitucional”. Y apenas 24 horas después decía que la Constitución del ‘91 “es mala, pero la Corte Constitucional ha hecho cosas mil veces peores”.
El año pasado afirmó que el juez Suárez Vacca, que dejó en libertad al jefe del Cartel de Cali, Gilberto Rodríguez Orejuela, había trabajado para el narcotráfico. El juez interpuso una demanda y el ministro se rectificó con ironía: “Si tengo que decir que liberar a los Rodríguez Orejuela es la hazaña más importante que se haya hecho en Colombia, eso diré”. No contento con sus polémicas declaraciones, en junio de este año cuestionó una decisión del Senado diciendo que “los que lean la Constitución se preguntarán: ¿y qué clase de cigarrillo se estaban fumando los que aprobaron esto?”.