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El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (foto) denunció a cuatro periodistas de la revista Veja por un reportaje en el que se sugiere que estaría implicado en el escándalo de corrupción en Petrobras, informó ayer su oficina de prensa. “Son blanco de la acción judicial Robson Bonin, Adriano Ceolin y Daniel Pereira, que firman los reportajes de portada de la edición 2436 de Veja, además del director de redacción de la revista, Eurípedes Alcántara”, señala la nota difundida por el Instituto Lula, que dirige el ex mandatario. El reportaje en cuestión, publicado el fin de semana y titulado “Le llegó la hora”, afirma que uno de los empresarios detenidos por el escándalo en Petrobras decidió revelar “secretos devastadores” sobre una supuesta participación de Lula y uno de sus hijos en la trama de corrupción.

Según el Instituto Lula, que a través de sus abogados exigió reparación por daños morales, el reportaje es repugnante, por la forma como fue escrito y por la absoluta ausencia de elementos que le puedan dar soporte. También sostiene que “la libertad de comunicación y de prensa presupone la necesidad de que el periodista o el medio sean pautados por la verdad”, lo cual afirma que no se cumplió en ese caso. “El reportaje repite prácticas comunes en Veja: miente, hace acusaciones infundadas y sin pruebas, presenta hilaciones como si fuesen hechos, atribuye palabras y hechos, no tiene fuentes y busca atacar, de todas formas, la honra e imagen del ex presidente”, afirmó el comunicado.

Por el escándalo de corrupción que sacude a la empresa estatal brasileña se investiga a medio centenar de políticos, entre los cuales figuran decenas de diputados y senadores pero, sin embargo, el nombre del ex jefe de Estado no aparece mencionado en la extensa lista. Con todo, un fiscal del Ministerio Público abrió hace diez días una investigación para intentar determinar si el ex mandatario incurrió en el delito de tráfico de influencias al promover en el exterior a algunas empresas investigadas por los hechos de corrupción que se le achacan a la petrolera estatal.

Frente a la acción judicial, los abogados del ex mandatario exigieron al Ministerio Público que investigue al fiscal Valtan Timbó Mendes Furtado, autor de la iniciativa, por darle curso “a un caso sin ningún indicio” de delito, “ignorar el derecho a la defensa” y la comisión de supuestas irregularidades en la conducción del proceso.

El Ministerio Público aceptó impulsar un expediente disciplinario contra el fiscal, pero se abstuvo de suspender el proceso abierto contra el ex presidente. En esa acción, Lula es investigado por haber influido supuestamente en el estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes), después de concluir su mandato, para que financiara diversas obras de la constructora Odebrecht en países latinoamericanos y africanos.

Según la Fiscalía, tras dejar la presidencia en enero de 2011, Lula hizo viajes a Panamá, Venezuela, República Dominicana y Ghana costeados por Odebrecht, que forma parte de la veintena de empresas privadas vinculadas a los delitos que se le imputan a Petrobras. El ex presidente justificó el dinero recibido de esa compañía como parte de los honorarios acordados por su participación en diversas conferencias.