Página/12 En Perú

Otra vez las protestas contra una mina y su dura represión dejaron un saldo de violencia y muerte. Otra vez el desencuentro entre campesinos que viven en medio de la pobreza y el abandono y una gran empresa que explota los recursos de sus tierras, otra vez la falta de una respuesta oportuna del gobierno, otra vez la ausencia de diálogo. Las protestas sociales contra explotaciones mineras se han vuelto recurrentes, al igual que la violenta represión para intentar apagarlas y la naturalidad con la que las autoridades asumen las muertes que ocurren durante esas movilizaciones. En esta ocasión, las protestas han dejado cuatro muertos. En lo que va del gobierno de Ollanta Humala, los muertos por la represión a las movilizaciones sociales llegan al medio centenar.

El escenario de esta última protesta contra una gran mina ha sido la andina región de Apurímac, una de las más pobres del país, donde la pobreza supera el 40 por ciento. Las movilizaciones de protesta terminaron, como ya ha ocurrido en otras ocasiones y otras zonas del país, en duros choques de los pobladores con las fuerzas de seguridad. El saldo ha sido cuatro muertos de bala, más de una decena de heridos y una veintena de detenidos.

Esta vez, la movilización de los campesinos y pobladores ha sido contra la mina de cobre Las Bambas, de capitales chinos y australianos. Las empobrecidas provincias rurales andinas de Cotabambas y Grau, en la región Apurímac, son el escenario de las protestas. Las Bambas es el proyecto minero más grande del país, con una inversión de más de 10 mil millones de dólares. Tiene previsto producir, cuando entre en producción en enero de 2016, unas 400 mil toneladas de cobre al año. Las autoridades han señalado que cuanto entre en operación, Las Bambas debe significar un incremento del 1,5 por ciento del Producto Bruto Interno. El Perú tiene en la minería su principal fuente de ingresos, y también de conflictos sociales. Cerca del 60 por ciento de los ingresos por exportaciones vienen de la minería.

La población de estas dos provincias no se opone a la explotación minera en la zona, pero desde el pasado viernes 25 se ha declarado en huelga indefinida contra el rumbo que este proyecto minero ha tomado. La violencia estalló el lunes, día en el que se produjeron los enfrentamientos más fuertes. Ayer continuaron los choques entre pobladores y las fuerzas de seguridad. El gobierno, como ya lo ha hecho en otras protestas, declaró el estado de emergencia en la zona y ordenó la intervención de las fuerzas armadas.

Las dos provincias andinas ahora levantadas en huelga y movilizaciones han convivido pacíficamente con la minera Las Bambas durante diez años, pero modificaciones en el proyecto aprobadas sin consultársele a la población gatilló las protestas. El proyecto Las Bambas se instaló en las provincias de Cotabambas y Grau en 2004, haciendo actividades de exploración. Luego vino la etapa de construcción de la mina, una planta concentradora, otra de procesamiento y otras obras necesarias para iniciar la explotación y procesamiento de cobre. Las obras están avanzadas en más de un 95 por ciento. Cuando todo parecía listo para que Las Bambas comience a producir en enero del próximo año, luego de diez años de trabajos, la paz social de una década llegó a su fin.

En setiembre de 2014 se aprobó un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que cambia aspectos del proyecto original que había sido aprobado por la población años antes. Este nuevo EIA no fue consultado a la población, como indica la ley. Esta aprobación inconsulta desató las iras de la población y la protesta se encendió. El año 2014 la mina cambió de propietarios, pasando de la empresa suiza Xstrata, que había desarrollado todo el proyecto, a un consorcio de capitales chinos y australianos. Este cambio en la propiedad dio origen a la modificación del proyecto original, causa de las protestas.

Página/12 dialogó telefónicamente con Rodolfo Abarca, dirigente del Frente de Defensa de Cotabambas, quien señaló que “el cambio hecho al proyecto minero sin consultarnos cambia lo que ya se había aprobado y esos cambios van a perjudicar a la población; por eso nos hemos declarado en huelga indefinida”. “El proyecto original –explica Abarca– contemplaba la construcción de la planta de procesamiento de molibdeno en otra zona, en Tintaya, en Cusco, donde el cobre iba a ser llevado a través de mineroducto de 206 kilómetros. Ahora eso se ha cambiado y esa planta de molibdeno se quiere poner aquí en Cotabambas. Eso va a afectar nuestro abastecimiento de agua por el agua que necesita esa planta y además va a contaminar el aire. Nosotros rechazamos es cambio y por eso es la protesta.”

“No somos antimineros, nosotros estamos a favor que continúe el proyecto minero Las Bambas, pero exigimos que se mantenga el proyecto original, rechazamos los cambios que no se nos consultaron y nos perjudican”, dice el dirigente de la protesta. Los pobladores en huelga piden que el gobierno envíe una comisión de alto nivel a Cotabambas para dialogar con ellos sobre sus demandas contra los cambios inconsultos en el proyecto miento, que levante el estado de emergencia y libere a los detenidos. Si eso se da, asegura Abarca, se levantará la huelga indefinida. Por ahora, la protesta continúa.